Cementazo

El caso se documenta bajo el expediente judicial 07-110291-242-VD y la causa se tramita desde 2007 en la Fiscalía de Pavas por los delitos de fraude de simulación, falsedad ideológica, uso de documento falso y asociación ilícita contra Carlos Roberto Arias Romero (q.e.p.d.), exrepresentante legal de Kodak en el país y a quien acusan de simular en vida el traspaso de la compañía con la ayuda de empresarios con acceso a sociedades off-shore, mediante las cuales desaparecieron 102 acciones de la compañía.

Quien acusa y habla por primera vez con los medios de comunicación es Carola Ares Rivet, exesposa del exdueño de Industrias Fotográficas S.A. (IFSA), con quien procreó dos hijos.

Esta mujer, vecina de Santa Ana, afirma que su exmarido formuló todo un plan para desaparecer jurídicamente 102 acciones de la empresa Kodak, valoradas en millones de dólares.

En la actualidad esta compañía, cuya representación en el país estuvo bajo la figura legal de IFSA, maneja un amplio y nuevo mercado. Además es el principal proveedor de químicos y equipo de los hospitales públicos y privados de Costa Rica.

FRAUDE
De acuerdo con la acusación, en vida Arias Romero al conocer de la denuncia penal por fraude de simulación contra él y su hija de apellidos Arias Colina registró 102 acciones de Kodak en las empresas Inmobiliaria 4745 S.A. y Albar de San José S.A. Por último, la acusación indica que terminaron registradas en Mengano Internacional S.A., presidida por hombres de confianza del demandado.

Según Ares, la sesión se realizó con el fin de simular el traspaso de las acciones para evitar un embargo ante la demanda que ya conocían las partes sobre un proceso de pensión alimentaria que se tramitaba en forma paralela.

“El señor Arias Romero con el contubernio de los miembros de la Junta Directiva de Mengano Internacional S.A., con el fin de sustraer del haber ganancial que se encontraba en discusión en el proceso de divorcio de la señora Carola Ares y el señor Arias traspasa fincas registradas a nombre de Inmobiliaria 4745 S.A., sociedad de la cual es presidente el señor Arias, quien convenientemente se da como parte de pago de las liquidaciones laborales de los empleados de IFSA por la suma de 600 mil dólares y el pago de deudas. La empresa Mengano S.A. en ningún momento desembolsa suma de dinero alguna por la adquisición de Industrias Fotográficas S.A.”, reza la acusación.

ESPOSA
Cansada de nadar contra corriente con los procesos judiciales, que Ares afirma fueron manipulados por la influencia política de su marido y amigos, conversó con DIARIO EXTRA e hizo público un escándalo multimillonario, donde involucra a altos personajes de la política nacional y connotados empresarios y banqueros.

El movimiento de las acciones de IFSA a través de varias sociedades anónimas tiene un factor en común y según la mujer es una empresa de papel denominada Turnaround S.A., el instrumento perfecto para desaparecer la herencia multimillonaria. Señala a Mario Barrenechea, exdirectivo del Banco de Costa Rica (BCR), como responsable de la anómala operación.

“Trataron de simular movimientos de bienes para tratar de establecer que la persona no tenía absolutamente nada. Era una cuestión premeditada y anterior a la separación. Ya eso se venía fraguando y en mi casa estuvo el señor Mario Barrenechea porque se le había contratado para reestructurar la empresa. Yo sabía que la empresa no solo era rollos de papel, ya que también había un gran negocio con los químicos e implementos para hospitales públicos y privados del país”, explicó.

ASESOR
Aunque la acusación señala a tres personas más como responsables de los hechos que se acusaron, Ares asegura que Barrenechea y su exesposo utilizaron Turnaround S.A. para cometer la irregularidad. Agrega que esta sociedad es muy conocida entre las élites del poder, ya que por medio de ella se opacan o esconden fortunas multimillonarias.

“Tanto Mario Barrenechea como Carlos Roberto (exesposo) eran unos genios. Mario fue como un asesor externo, él nunca estuvo en planilla de la empresa, pero además era muy amigo de mi exesposo y en la casa lo recibimos incontables ocasiones, almorzando, pasando el fin de semana, pero ya se venían dando algunos detalles con la empresa Turnaround S.A., compañía que era parte de la estructura de simulación de bienes”, detalló.

ACCIONES
El detalle de la querella, que ha sido desestimada varias veces por la Fiscalía, pero que la interesada solicita de nuevo se investigue, indica que Barrenechea se valió de una trama de sociedades, en las que también figura una alta empresaria bancaria.

“En un momento mi exesposo mencionó en una audiencia por pensión confesional de bienes que la compañía Kodak había sido adquirida por la empresa Turnaround S.A. Tengo claro que estos movimientos fueron estructurados por Mario Barrenechea y Carlos Roberto. No tengo claro qué tipo de figura fungió el Banco Improsa, pero cuando se da el proceso para perder la herencia de la Kodak, 102 acciones de la compañía pasaron de la compañía Turnaround a la empresa Mengano Internacional S.A., a una empresa de Marianela Ortuño llamada Chiribitil S.A.”, agregó Ares.

BANCO
Con el fallecimiento de Arias Romero, exesposo de la demandante, se realizaron movimientos que promovieron el traspaso de la compañía y su ocultamiento ante cualquier acción judicial.

Ares señala a una socia del Banco Improsa y asegura que las acciones de Kodak pasaron por sus manos en un momento determinado.

“Las acciones regresan de la empresa Chiribitil S.A. a Mengano Internacional S.A. y es cuando Marianela se deja el fideicomiso de la operación de las acciones de IFSA. Cuando el Ministerio Público allana la oficina del abogado de Marianela Ortuño, dueña del Banco Improsa, y ella es querellada, renuncia al fideicomiso con la intención de lavarse las manos y es cuando nace la arrendadora comercial R&H, que es una especie de leasing operativo y financiero. Mario jugó un papel importante en el traspaso de acciones”, denunció.

REABREN
El proceso ha enfrentado múltiples trabas, algunas producto de un aparato judicial entrabado, pero otras le generaron dudas a la demandante, quien luchó para que el caso no caducara.

“He tenido mil trabas con este caso. Es increíble saber que el expediente no aparece porque lo esconden, lo cierran, lo vuelven a abrir. Paola Guido era la fiscal encargada de Pavas y estuvo muy enterada del tema, hasta el juez de Pensiones de Santa Ana cuestionó el destino de las 102 acciones de la compañía”, indicó.

INFLUENCIAS
Ares manifestó que en sus años de matrimonio con Arias Romero evidenció las influencias que tenía su marido y que según ella fueron parte de la trama por donde desaparecieron la herencia de su familia.

“Él tenía un carnet ad honorem del Ministerio de Seguridad Pública, utilizaba ese carnet para amedrentar y utilizar a la policía. Sé que se lo dieron cuando en algún momento tuvo participación en el Tribunal Supremo de Elecciones para el gobierno de Óscar Arias.

Los fiscales han manifestado que no desean abrir el sucesorio porque a él lo protegen por ser el hijo de Francisco Arias, quien era muy querido por familias muy reconocidas”, manifestó.

IMPROSA
El Periódico de Más Venta en Costa Rica contactó a Marianela Ortuño, presidenta del Grupo Financiero Improsa, para que se refiriera a la acusación que se formula en su contra.

El departamento de Mercadeo del banco informó: “En relación a su consulta procedimos a informar a la señora Ortuño Pinto del tema, a lo que ella nos ha respondido que desconoce el contenido de la denuncia. Sin embargo agradecemos nos haya informado, pues el tema se revisará por parte de sus abogados. Igualmente queremos aclarar que esta situación no tiene ninguna relación con el Grupo Financiero Improsa”.

Por el momento la demandante espera que el Ministerio Público arroje una luz de esperanza y con ello el patrimonio de IFSA se distribuya de manera equitativa entre todos los hijos y familiares del exdueño de la compañía.

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“Él tenía un carnet ad honorem del Ministerio de Seguridad Pública, utilizaba ese carnet para amedrentar y utilizar a la policía. Sé que se lo dieron cuando en algún momento tuvo participación en el Tribunal Supremo de Elecciones para el gobierno de Óscar Arias.

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Los fiscales han manifestado que no desean abrir el sucesorio porque a él lo protegen por ser el hijo de Francisco Arias, quien era muy querido por familias muy reconocidas”, manifestó.

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El Ministerio de Hacienda le embargó seis propiedades a empresas del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños Rojas, por una supuesta evasión del impuesto sobre la renta entre los años 2012 y 2016.

Las tierras fueron embargadas a dos sociedades en las que Bolaños figura como único accionista. Se trata de las firmas Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S. A. y JCB Distribuidora S. A.

En conjunto, las propiedades embargadas fueron reportadas ante el Registro Nacional con un valor fiscal de ¢568 millones. Entre todas, miden, 1.100 hectáreas, es decir, 15 veces el tamaño del parque metropolitano La Sabana.




Según los documentos de embargo, Hacienda tomó la acción reclamando el pago de ¢170 millones, monto que incluye ¢29 millones por intereses.

A esa suma se le debe agregar "el 50% de ley y los recargos que se liquidarán en proceso judicial", dicen las resoluciones emitidas por el Departamento de Cobros Judiciales de la Dirección General de Hacienda, el 30 de octubre y el 13 de noviembre del 2017.

A Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S. A., Hacienda le achaca no haber pagado ¢158 millones en impuesto de renta durante todo el 2015 y durante nueve meses del 2016.

Esa firma se dedicaba al desarrollo inmobiliario, bienes raíces y desarrollo de centros comerciales.

Para cobrar esa deuda, le embargó una propiedad con una casa en Horquetas de Sarapiquí, en Heredia, de casi 23,7 hectáreas y con un valor fiscal de ¢244 millones, así como otros cuatro terrenos en Guanacaste.

Tres de los lotes guanacastecos están en Tempate de Santa Cruz, suman poco más de 3,5 hectáreas y registran valores fiscales entre ¢1 millón y ¢3,2 millones cada uno.

El cuarto terreno, de pasto y montaña, con una casa y un corral, está ubicado en Bagaces. Mide 137,6 hectáreas y tendría un valor fiscal de ¢76.500.000.

En cuanto a la firma JCB Distribuidora, el reclamo tributario es de casi ¢12 millones por la presunta evasión del tributo sobre la renta desde octubre del 2012 hasta setiembre del 2013.

Esta empresa de Bolaños se dedica a la venta y alquiler de maquinaria de construcción.

Por este caso, Hacienda embargó una propiedad con cultivo de café en Puente de Piedra, en Grecia de Alajuela, de 945 hectáreas y con un valor fiscal de ¢242 millones.



En nuevas manos

No obstante, dos de esas tierras ya no están en manos de Juan Carlos Bolaños, sino que fueron traspasadas a una sociedad anónima pocos días después de que Hacienda registró los embargos.

Dos de los tres terrenos en Tempate se inscribieron a nombre de la firma Corporación Total Security, donde figura como presidente Alexánder Sánchez Porras, quien es directivo de una compañía de Juan Carlos Bolaños en Panamá, el 2 y el 23 de noviembre del 2017.

Incluso, Sánchez participó en varios de los cuestionados encuentros que el importador cementero sostuvo en Casa Presidencial y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (Meic), según las bitácoras de ingreso y salida de esas instituciones.

Esos traspasos se reportaron en el Registro Nacional cuando Bolaños ya descontaba tres meses de prisión preventiva junto a seis miembros de la alta gerencia del Banco de Costa Rica (BCR) por el caso del cemento chino.

A Bolaños la Fiscalía General le atribuye cuatro aparentes delitos: peculado, tráfico de influencias, denuncia calumniosa y simulación de delito.

A los miembros de la cúpula bancaria por su parte, los investiga por un presento peculado, bajo la hipótesis de que facilitaron la sustracción de fondos públicos mediante el otorgamiento de dos líneas de crédito, con un tope de endeudamiento de $30 millones, a la firma Sinocem Costa Rica, de Juan Carlos Bolaños, para importar cemento desde China.

Los secuestros de propiedades fueron ordenados por Hacienda con base en varios artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, así como del Código Procesal Civil y el Código Civil.

"El embargo surte todos los efectos en la acción judicial posteriormente a establecerse contra la accionada con la sola presentación de la presente resolución de embargo administrativo", aclaran las ordenes DAE-CJ-EA-413-2017 y DAE-CJ-EA-382-2017, del 30 de octubre y el 13 de noviembre del año pasado, de las cuales La Nación tiene copia.
Otros embargos

Cuatro de las seis tierras embargadas por Hacienda, reportan cada una, otros tres secuestros judiciales. Esto incluye el embargo que ordenó el Juzgado Penal de Hacienda contra los bienes y las cuentas bancarias a siete imputados en el caso del cemento chino, a solicitud de la Procuraduría General de la República.

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Shankleto dijo:

Hacienda embarga tierras a Juan Carlos Bolanos por evasion de impuestos - La Nacion



:emoBIENHECHO:

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uan Carlos Bolaños Rojas, importador de cemento chino, figura como imputado en 4 causas penales distintas a lo interno del Ministerio Público.

Bolaños, quien desde el 4 de noviembre cumple 3 meses de prisión preventiva, es el eje central de la trama del cementazo. Y, ahora, es investigado por posibles delitos como estafa, tráfico de influencias, fraude de simulación y peculado, entre otros.

Las autoridades investigan posibles irregularidades en el otorgamiento de dos líneas de crédito por más de $40 millones por parte del Banco de Costa Rica (BCR) para que Sinocem Costa Rica, empresa presidida por Bolaños, importara cemento desde China.

Sin embargo, la Fiscalía General abrió durante los últimos meses otras 3 causas paralelas a actuaciones sospechosas del empresario.

Bolaños debe cumplir la prisión preventiva, al menos, hasta el próximo 4 de febrero. Ese día se realizará una audiencia donde el Ministerio Público solicitaría ampliar la medida cautelar que pesa sobre él asó como sobre Mario Barrenechea, gerente del BCR suspendido y otros 5 gerentes de esa entidad.
Causas abiertas contra Bolaños

17-000082-1218-PE:

Relacionada con trámites en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), entidad con la que dos empresas de Bolaños tuvieron contratos millonarios por obras.

También figuran como imputados los exlegisladores Víctor Hugo Víquez (Partido Liberación Nacional) y Walter Céspedes (Partido Unidad Social Cristiana), por presunto tráfico de influencias.

Al parecer, Bolaños solicitó a los políticos averiguar sobre procesos de contratación dentro de la entidad en los cuales tenía interés.

17-000081-0033-PE:

Se investiga un presunto delito de fraude de simulación tras una denuncia planteada por la Procuraduría General de la República (PGR).

Bolaños habría realizado ventas de bienes y propiedades de empresas desde el 2016 hasta los días previos a su detención el 3 de noviembre de 2017.

La PGR detalló a CRHoy.com en diciembre que la denuncia se originó por el traspaso que hizo Bolaños de 8 propiedades y 9 vehículos.

Este medio informó que el 6 de octubre pasado, Juan Carlos Bolaños Rojas vendió una propiedad de 29.205 metros cuadrados, ubicada en Santa Cruz, Guanacaste, en tan solo ¢3 millones.

16-000013-0033-TP:

Por presunto tráfico de influencias y otros. Esta fue la causa que detonó su detención y posterior arresto.

Obedece a presuntas anomalías en la tramitación del millonario crédito en el BCR para importar cemento.

17-13-0033-PE:

Relacionada con el Banco Popular, por presunta estafa en el manejo de un crédito que la entidad le otorgó para importar cemento desde China.

El importador de cemento no cumplió con el pago del préstamo y la entidad bancaria procedió a rematar la garantía que consistía en 3 propiedades: una ubicada en Grecia, Alajuela, y dos ubicadas en la Hacienda Tempate, en Guanacaste.

Bolaños Rojas cumple la medida cautelar en la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos en La Reforma, donde fue trasladado el pasado 29 de diciembre del año pasado para que se recupere de una operación en los ligamentos de su rodilla derecha.

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Juan Carlos Bolaños, importador del cemento chino, seguirá en prisión preventiva mientras se le investiga como pieza clave en la trama del cementazo.

Este miércoles, en el II Circuito Judicial de San José, se desarrolló una audiencia para cambio de medidas cautelares donde sus abogados solicitaron la salida de prisión de su representado. En contraparte, ofrecieron la posibilidad de que Bolaños cumpliera la medida cautelar bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico.

El importador de cemento cumple desde el 4 de noviembre 3 meses de prisión preventiva. Sin embargo, tras la operación en la rodilla derecha fue trasladado a la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos en La Reforma, donde se recuperará en vista de las condiciones en que se encuentra.

La audiencia se realizó entre las 8:30 a.m.y 5:30 p.m., según confirmó el Ministerio Público a través de una comunicación oficial. Precisamente, la Fiscalía General se opuso al cambio de medidas a favor del empresario.

“La orden de prisión preventiva estuvo fundamentada en algunos peligros procesales como la fuga, falta de arraigo laboral, así como otros aspectos: la magnitud del daño causado por la afectación a la institucionalidad del país, y la posible pena a imponer ante un eventual juicio, ya que, en el caso del delito de peculado, este tiene una sanción máxima de 12 años de prisión”, indicó la Fiscalía, más temprano.

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Un registro de bitácoras (ver foto) de ingreso a la cárcel de Adulto Mayor, en San Rafael de Alajuela, al que DIARIO EXTRA tuvo acceso, confirma que Juan Carlos Bolaños Rojas, empresario del cuestionado cemento chino, ingresó a esa cárcel donde guarda prisión preventiva Mario Barrenechea, exgerente del Banco de Costa Rica.

Pese a que Bolaños no debe estar en esa parte de la prisión, el pasado domingo 7 de enero ingresó a la zona de enfemería, donde -según supo El Periódico de Más Venta en Costa Rica- se reunió con el exdirectivo del banco.

La información que llegó a este medio consigna que Juan Carlos Bolaños fue trasladado desde la Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga, hasta el Centro de Atención Integral (CAI) Adulto Mayor, ambos centros ubicados en San Rafael de Alajuela y a menos de un kilómetro de distancia.

En el folio número 129 de la bitácora, con sello del departamento de seguridad del CAI Adulto Mayor del Ministerio de Justicia, se detalla que Bolaños se presentó en la fecha indicada a los portones de ingreso del centro donde guarda prisión preventiva Barrenechea. Lo hizo en compañía de una enfermera de Adaptación Social, identificada como Natalia Azofeifa Herrera.

Al empresario lo trasladaron en una unidad de la Policía Penitenciaria manejada por un chofer identificado en la bitácora como Juan Vindas.

El ingreso se registró a las 14:40 (2:40 p.m.) del domingo anterior y el auto que lo traslada es la unidad número 19.635 de Adaptación Social.

El documento indica que ya en el centro, dos oficiales identificados como José Salas y Gerald Álvarez lo custodian hasta la sección de enfermería donde, según lo descrito en el reporte, recibiría atención médica producto de una supuesta agresión que recibió Bolaños Rojas en la unidad donde permanece detenido.



CUESTIONAMIENTOS



Al parecer la extraña visita del empresario al CAI Adulto Mayor está siendo investigada por altos mandos de Adaptación Social, quienes cuentan con el registro de la bitácora en poder del DIARIO EXTRA.

De acuerdo con la información que ha trascendido de este delicado hecho, la atención médica que ocasionó el traslado del empresario al CAI Adulto Mayor no es justificable, si se contrasta con los protocolos de atención médica que comúnmente se deben de cumplir y acatar por parte de quienes brindan resguardo a la población penitenciaria como policías, personal médico y administrativo.



DUDAS



Según el protocolo de atención, durante los fines de semana cuando el personal administrativo se ve disminuido por lo días libres, el privado de libertad que presente problemas de salud deberá ser trasladado directamente, si se amerita, al Hospital San Rafael de Alajuela.

Cabe agregar que el centro UAI Reynaldo Villalobos, donde el cuestionado importador de cemento cumple prisión preventiva, cuenta con su propia clínica de atención y valoración y no es usual que un privado de libertad sea trasladado a Adulto Mayor para que se le brinde atención médica.



ENFERMERA



Otra de las dudas que saltan a los ojos de los jerarcas que investigan los pormenores de la supuesta reunión, es que la enfermera registrada en la bitácora, Azofeifa Herrera, es una funcionaria que cuenta con un horario laboral de lunes a viernes y está designada en el CAI Adulto Mayor.

Lo inusual del hecho es que la bitácora registró el ingreso de la profesional un día domingo (7 enero de 2018), jornada laboral atípica para la enfermera que casualmente tiene su residencia frente a las instalaciones del centro penitenciario, en el complejo habitacional Concasa.

Según se señaló, Juan Carlos se mantuvo recibiendo atención médica a escasos metros de la celda de Mario Barrenechea por espacio de dos horas.



VERSIÓN



Esa versión se fundamenta en el registro de la bitácora que justificó el ingreso del empresario en la Unidad de Adulto Mayor, pero las altas autoridades carcelarias investigan otra versión de los hechos.

Además, trascendió que durante este encuentro Bolaños Rojas sufrió un accidente mientras se mantenía en la silla de ruedas en la que se le trasladaba y esta situación puso a correr a las autoridades del centro.

LEY



DIARIO EXTRA consultó a los especialistas y profesionales en derecho sobre el encuentro entre ambos empresarios y la aparente ilegalidad en la que se estaría incurriendo de comprobarse los hechos.

El juez o tribunal al que se le asigne el caso puede dictar medidas de separar a los implicados o involucrados en el caso, si se demuestra que podrían ponerse de acuerdo para afectar el proceso judicial que se analiza.

“Excepcionalmente, el juez puede ordenar que no haya comunicación entre los involucrados en un caso por razones de seguridad e integridad de la investigación, o sea para que no se pongan de acuerdo y afecten la investigación”, explicó el exjuez y abogado penalista. Ewald Acuña.

De acuerdo con Acuña, las autoridades de Adaptación Social eventualmente podrían reubicar a los privados de libertad involucrados en un mismo proceso solo en el tanto de que existan amenazas o riesgos contra la vida de alguno de los reos.

Por el momento a lo interno de la institución ya se conocen los hechos y se concentran en determinar quién o quiénes giraron las órdenes del inusual traslado y atención médica de Juan Carlos Bolaños en la misma unidad donde se encuentra Mario Barrenechea.

Quien envió a Bolaños a esa unidad y confirmar el encuentro es lo que ahora ocupa a las autoridades.

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La Fiscalía General de la República incluyó a Justo Pastor López Vargas, letrado del magistrado Celso Gamboa Sánchez, en una causa penal donde se le investiga por el presunto delito de tráfico de influencias.

Se trata del expediente 17-000015-0033-PE, en el cual también figura como imputado el magistrado Gamboa por los siguientes posibles delitos: tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y cohecho.

En esa misma causa también es investigado Jorge Chavarría Guzmán, exfiscal general, por posibles delitos de incumplimiento de deberes.

Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público por correo electrónico tras consulta de CRHoy.com.

Esa causa penal se abrió después de una denuncia planteada por la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC), el 12 de octubre del año pasado.

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La exdiputada liberacionista Maureen Ballestero (2006-2010) fue separada por tres años del Partido Liberación Nacional (PLN) tras una resolución del tribunal de ética de la agrupación.

Así lo confirmó a DIARIO EXTRA Fernando Zamora, secretario general de ese partido político.

Para Zamora la resolución impide que Ballestero pueda ser nombrada en cargos públicos por el PLN, pero no así que siga participando en la campaña electoral.

Precisamente su presencia es constante en las actividades públicas del candidato Antonio Álvarez. “No le podemos cercenar sus derechos electorales en el sentido que pueda participar de la campaña, pero no podría ser nombrada”, comentó.



AVIONETAZO



En el 2013 Ballestero recibió de una condena de tres años por peculado por el polémico caso del avionetazo.

La liberacionista, quien en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, usó la avioneta policial matrícula 011 del Ministerio de Seguridad Pública, en un viaje de Alajuela a Liberia, Guanacaste. La acompañaban su hija de apellido Chaves, así como su yerno.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público y la Procuraduría, la exlegisladora no hizo uso ilícito de los equipos aéreos de Seguridad Pública una única vez sino muchas veces, pues un mes antes, el 2 de setiembre de 2009, le pidió a Giannina Del Vecchio, entonces ministra de Seguridad, la aeronave para volar el 5 de setiembre, alegando que debía cubrir un asunto como diputada.

Por este caso en 2015 el tribunal de ética la suspendió del partido por tres años, pero Ballestero apeló ante el Tribunal de Alzada del partido. El caso estuvo sin resolverse hasta la semana anterior donde el recurso quedó sin lugar y ratificó la sentencia.



APELACIÓN



Según Zamora dentro del partido no existe ninguna instancia más donde Ballestero pueda apelar, pero sí podría hacerlo ante el Tribunal Supremo de Elecciones o ante la Sala Constitucional. El Periódico de Más Venta en Costa Rica quiso conocer una reacción de la exdiputada, pero no respondió las llamadas a su teléfono celular ni los mensajes.

Ballestero envió un mensaje vía WhatsApp a un grupo denominado “Juventud Liberacionista de los 70”, donde escribió: “No se preocupen, estoy en paz. No soy plenaria, así que no me afectará en nada. Igual seré liberacionista hasta mi muerte. Lo difícil es entender que un tribunal del partido saque esto a tres semanas de las elecciones, haciéndole el juego a nuestros enemigos. También seguiré activa procurando el triunfo de nuestro partido”.

El candidato liberacionista comentó que iba a estudiar la resolución, ya que aún no la conocía.

“Voy a leer la resolución porque el tribunal es independiente del candidato y del directorio político, pero definitivamente las resoluciones hay que respetarlas”, comentó Álvarez.

Negó que existiera algún compromiso con Ballestero para un eventual puesto en el gobierno y de momento no sabe si ella continuará apoyando la campaña, aunque reconoció su asesoría en temas ambientales.

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