El Presidente Rodrigo Chaves volvió a encender la polémica con declaraciones incendiarias contra el Poder Judicial, específicamente tras la suspensión temporal del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga. Con un lenguaje directo y cargado de sarcasmo, Chaves no escatimó críticas, poniendo en tela de juicio la independencia y objetividad del sistema judicial costarricense. Parece que este señor no se guarda nada, eh.
Todo gira en torno a la reciente decisión de la Corte Plena de suspender a Zúñiga por tres meses con goce de salario, mientras enfrenta varias denuncias penales, entre ellas, acusaciones de delitos sexuales. Según Chaves, esta medida, lejos de ser una sanción, es un “premio” a la impunidad, una forma de “alcahuetería” para proteger a quien debería estar siendo investigado. No se anda con rodeos, el presidente la soltó entera.
“Lo meten al congelador”, sentenció el mandatario, refiriéndose a la suspensión temporal de Zúñiga. Pero la crítica no se detuvo ahí. Chaves también apuntó a la fecha en que finaliza la suspensión, justo días antes de las próximas elecciones, argumentando que podría tratarse de una jugada política para influir en el clima electoral. “¿Ve qué interesante? Vuelve el 17 de febrero del 2026. ¿Qué era lo que pasaba en febrero? El Poder Judicial está en campaña”, cuestionó con evidente ironía.
Las palabras de Chaves no fueron precisamente diplomáticas. Utilizó expresiones como “haciéndose los chanchos” para describir la actitud de los magistrados, insinuando que existen redes de protección internas que dificultan el avance de las investigaciones. Acusó al Poder Judicial de “patear el tarro” en lugar de investigar a fondo los casos, generando un ambiente de sospecha y descredo en la ciudadanía. Esto, mijo, no pinta bien para nadie.
Además, el presidente vinculó el caso Zúñiga con otras situaciones que considera problemáticas dentro del sistema judicial, como los retrasos en los procesos de extradición de figuras relacionadas con el narcotráfico y la corrupción. Menciona específicamente a “Pecho e’ rata” y Celso Gamboa, cuestionando qué piensa el gobierno de Estados Unidos ante estos obstáculos. Parece que el presidente quiere echarle leña al fuego, y con justa razón, algunos dirían.
Este tipo de ataques directos contra el Poder Judicial no son nuevos en la administración Chaves, aunque sí parecen intensificarse a medida que se acercan las elecciones. Sus defensores argumentan que simplemente está cumpliendo su deber de fiscalizar y denunciar irregularidades, mientras que sus críticos lo acusan de poner en riesgo la separación de poderes y socavar la confianza en las instituciones democráticas. Diay, esto se puso complicado.
La reacción de la sociedad civil y de la oposición política no se hizo esperar. Muchos han condenado los ataques del presidente, considerándolos una agresión a la democracia y un intento de intimidar al Poder Judicial. Otros, sin embargo, apoyan al mandatario, argumentando que es necesario cuestionar el funcionamiento de las instituciones y exigir transparencia y rendición de cuentas. Esta vara, mi pana, está difícil de digerir para ambos lados.
Con toda esta controversia, es inevitable preguntarse: ¿Estamos ante una genuina preocupación por la justicia o ante una estrategia política para desviar la atención de otros temas? ¿Hasta dónde llegará esta confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y cuáles serán las consecuencias para la estabilidad democrática del país? ¿Creen que el presidente está justificadamente criticando al Poder Judicial o que sus acciones ponen en peligro la independencia de las instituciones?
Todo gira en torno a la reciente decisión de la Corte Plena de suspender a Zúñiga por tres meses con goce de salario, mientras enfrenta varias denuncias penales, entre ellas, acusaciones de delitos sexuales. Según Chaves, esta medida, lejos de ser una sanción, es un “premio” a la impunidad, una forma de “alcahuetería” para proteger a quien debería estar siendo investigado. No se anda con rodeos, el presidente la soltó entera.
“Lo meten al congelador”, sentenció el mandatario, refiriéndose a la suspensión temporal de Zúñiga. Pero la crítica no se detuvo ahí. Chaves también apuntó a la fecha en que finaliza la suspensión, justo días antes de las próximas elecciones, argumentando que podría tratarse de una jugada política para influir en el clima electoral. “¿Ve qué interesante? Vuelve el 17 de febrero del 2026. ¿Qué era lo que pasaba en febrero? El Poder Judicial está en campaña”, cuestionó con evidente ironía.
Las palabras de Chaves no fueron precisamente diplomáticas. Utilizó expresiones como “haciéndose los chanchos” para describir la actitud de los magistrados, insinuando que existen redes de protección internas que dificultan el avance de las investigaciones. Acusó al Poder Judicial de “patear el tarro” en lugar de investigar a fondo los casos, generando un ambiente de sospecha y descredo en la ciudadanía. Esto, mijo, no pinta bien para nadie.
Además, el presidente vinculó el caso Zúñiga con otras situaciones que considera problemáticas dentro del sistema judicial, como los retrasos en los procesos de extradición de figuras relacionadas con el narcotráfico y la corrupción. Menciona específicamente a “Pecho e’ rata” y Celso Gamboa, cuestionando qué piensa el gobierno de Estados Unidos ante estos obstáculos. Parece que el presidente quiere echarle leña al fuego, y con justa razón, algunos dirían.
Este tipo de ataques directos contra el Poder Judicial no son nuevos en la administración Chaves, aunque sí parecen intensificarse a medida que se acercan las elecciones. Sus defensores argumentan que simplemente está cumpliendo su deber de fiscalizar y denunciar irregularidades, mientras que sus críticos lo acusan de poner en riesgo la separación de poderes y socavar la confianza en las instituciones democráticas. Diay, esto se puso complicado.
La reacción de la sociedad civil y de la oposición política no se hizo esperar. Muchos han condenado los ataques del presidente, considerándolos una agresión a la democracia y un intento de intimidar al Poder Judicial. Otros, sin embargo, apoyan al mandatario, argumentando que es necesario cuestionar el funcionamiento de las instituciones y exigir transparencia y rendición de cuentas. Esta vara, mi pana, está difícil de digerir para ambos lados.
Con toda esta controversia, es inevitable preguntarse: ¿Estamos ante una genuina preocupación por la justicia o ante una estrategia política para desviar la atención de otros temas? ¿Hasta dónde llegará esta confrontación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y cuáles serán las consecuencias para la estabilidad democrática del país? ¿Creen que el presidente está justificadamente criticando al Poder Judicial o que sus acciones ponen en peligro la independencia de las instituciones?
