¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con el rollo del Presidente Chaves, ahora metiéndose en terrenos pantanosos con la norma del aborto. Anunció cambios a última hora, justo cuando todos estamos pegados a las pantallas viendo qué pasa con la contienda electoral. Uno se pregunta, ¿dónde quedó la promesa de transparencia y la estabilidad, diay?
La jugada es simple: modificar la norma técnica del aborto terapéutico, una que se suponía debía proteger la vida y la salud de la mujer, pero que ahora parece ser una moneda de cambio en este juego político. Según fuentes cercanas, se lo prometió a la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), lo cual levanta muchas cejas, especialmente considerando que esto viene a escasas semanas de las elecciones. ¡Qué vara!
Para refrescarles la memoria a los más jóvenes, la norma original estaba ligada al artículo 121 del Código Penal, estableciendo requisitos claros: consentimiento de la mujer, médico autorizado, peligro para su vida o salud, y ausencia de alternativas. Un proceso riguroso, diseñado para garantizar que cada caso fuera evaluado con lupa por un equipo de especialistas. Todo eso, en teoría, claro.
Pero ahora, Chaves dice que ha derogado la norma anterior, dejando solamente la protección de la vida de la madre como justificación válida para un aborto sin sanciones penales. “Hoy, la única razón…”, soltó él, con esa seguridad suya. Pero la Casa Presidencial todavía no comparte la versión actualizada, así que nos queda preguntándonos qué cambios concretos realmente implica esto y cómo afectará a las mujeres que necesitan acceder a este servicio de salud urgente.
Y aquí viene la bomba: recordemos las declaraciones encontradas entre Chaves y su Vicepresidenta, Mary Munive. Ella, defensora de los derechos de la mujer y ministra de Salud, ha expresado públicamente su preocupación por las posibles consecuencias negativas de estas modificaciones. Resulta que ella misma había solicitado a la Sala Constitucional que rechazara una acción de inconstitucionalidad contra la norma vigente hace apenas unos meses. ¡Qué torta!
Munive argumentaba que la norma era necesaria para no violar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas, defendiendo incluso que oficializaba procedimientos ya contemplados en el Código Penal de 1970. La defensa del Ministerio ante la Sala Constitucional enfatizó la importancia de priorizar el deber ético y legal de atender emergencias obstétricas, incluso por encima de la objeción de conciencia individual. Un giro de 180 grados, ¿no les parece?
Este asunto del aborto siempre ha sido una espina clavada en nuestra sociedad, dividiéndonos en bandos opuestos. La manipulación política de temas sensibles como este solo agrava la situación, generando incertidumbre y polarización. Además, la falta de claridad sobre los nuevos criterios y protocolos deja a médicas y pacientes en una posición vulnerable, expuestas a interpretaciones subjetivas y potenciales conflictos legales. ¡Qué brete!
En fin, este panorama nos obliga a reflexionar sobre hasta dónde llega la influencia de intereses políticos en las políticas públicas de salud. Ya tenemos demasiados problemas urgentes que resolver, como la crisis sanitaria y la desigualdad social, y andar jugueteando con los derechos reproductivos de las mujeres, pues no ayuda en nada. Ahora me pregunto, ¿creen que este movimiento del Presidente Chaves busca genuinamente proteger la vida, o es simplemente una estrategia para ganar votos en medio de la campaña?
La jugada es simple: modificar la norma técnica del aborto terapéutico, una que se suponía debía proteger la vida y la salud de la mujer, pero que ahora parece ser una moneda de cambio en este juego político. Según fuentes cercanas, se lo prometió a la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC), lo cual levanta muchas cejas, especialmente considerando que esto viene a escasas semanas de las elecciones. ¡Qué vara!
Para refrescarles la memoria a los más jóvenes, la norma original estaba ligada al artículo 121 del Código Penal, estableciendo requisitos claros: consentimiento de la mujer, médico autorizado, peligro para su vida o salud, y ausencia de alternativas. Un proceso riguroso, diseñado para garantizar que cada caso fuera evaluado con lupa por un equipo de especialistas. Todo eso, en teoría, claro.
Pero ahora, Chaves dice que ha derogado la norma anterior, dejando solamente la protección de la vida de la madre como justificación válida para un aborto sin sanciones penales. “Hoy, la única razón…”, soltó él, con esa seguridad suya. Pero la Casa Presidencial todavía no comparte la versión actualizada, así que nos queda preguntándonos qué cambios concretos realmente implica esto y cómo afectará a las mujeres que necesitan acceder a este servicio de salud urgente.
Y aquí viene la bomba: recordemos las declaraciones encontradas entre Chaves y su Vicepresidenta, Mary Munive. Ella, defensora de los derechos de la mujer y ministra de Salud, ha expresado públicamente su preocupación por las posibles consecuencias negativas de estas modificaciones. Resulta que ella misma había solicitado a la Sala Constitucional que rechazara una acción de inconstitucionalidad contra la norma vigente hace apenas unos meses. ¡Qué torta!
Munive argumentaba que la norma era necesaria para no violar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas, defendiendo incluso que oficializaba procedimientos ya contemplados en el Código Penal de 1970. La defensa del Ministerio ante la Sala Constitucional enfatizó la importancia de priorizar el deber ético y legal de atender emergencias obstétricas, incluso por encima de la objeción de conciencia individual. Un giro de 180 grados, ¿no les parece?
Este asunto del aborto siempre ha sido una espina clavada en nuestra sociedad, dividiéndonos en bandos opuestos. La manipulación política de temas sensibles como este solo agrava la situación, generando incertidumbre y polarización. Además, la falta de claridad sobre los nuevos criterios y protocolos deja a médicas y pacientes en una posición vulnerable, expuestas a interpretaciones subjetivas y potenciales conflictos legales. ¡Qué brete!
En fin, este panorama nos obliga a reflexionar sobre hasta dónde llega la influencia de intereses políticos en las políticas públicas de salud. Ya tenemos demasiados problemas urgentes que resolver, como la crisis sanitaria y la desigualdad social, y andar jugueteando con los derechos reproductivos de las mujeres, pues no ayuda en nada. Ahora me pregunto, ¿creen que este movimiento del Presidente Chaves busca genuinamente proteger la vida, o es simplemente una estrategia para ganar votos en medio de la campaña?
