La reciente propuesta de adscribir el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) al Ministerio de Salud ha desatado una ola de preocupación entre la población adulta mayor y quienes dependen de los servicios que este organismo brinda.
La Ministra de Salud, Mari Munive, presentó esta iniciativa bajo el argumento de que CONAPAM, con solo 39 funcionarios, no está siendo bien fiscalizado y enfrenta denuncias de malversación de fondos. Sin embargo, la idea de integrarlo al Ministerio de Salud ha generado escepticismo, especialmente considerando el historial poco alentador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del propio Ministerio de Salud en cuanto a la gestión de servicios públicos.
La CCSS es tristemente célebre por sus interminables listas de espera, su burocracia paralizante y la deficiente atención que brinda a los pacientes. En un país donde los ciudadanos han llegado a normalizar las demoras de meses o incluso años para recibir atención médica especializada, no es sorprendente que la posibilidad de trasladar las competencias de CONAPAM a estas mismas instituciones cause inquietud.
El escenario pinta sombrío para los adultos mayores, un sector de la población que, según proyecciones, será mayoritario en Costa Rica para el año 2050. Este grupo depende de un sistema que ya muestra señales de colapso, con una infraestructura sanitaria saturada y recursos insuficientes para atender las crecientes demandas. La idea de que la única institución que se dedica a velar exclusivamente por sus derechos y bienestar sea absorbida por un Ministerio que arrastra una reputación cuestionable en términos de eficiencia, despierta serias dudas sobre el futuro de la atención a este vulnerable sector.
A lo largo de los años, la CCSS ha sido blanco de innumerables críticas por parte de la ciudadanía. Testimonios de pacientes que han tenido que esperar años para recibir tratamientos o cirugías son comunes, y las historias de errores médicos y mala gestión no son menos frecuentes.
Este panorama plantea un dilema difícil:
¿Cómo garantizar que una adscripción al Ministerio de Salud no convierta a CONAPAM en una víctima más de la ineficiencia institucional?
En lugar de proporcionar una solución clara a los problemas que enfrenta CONAPAM, esta propuesta podría estar añadiendo una capa adicional de incertidumbre. La falta de confianza en las instituciones públicas es un problema profundo en Costa Rica, alimentado por años de malas experiencias y promesas incumplidas. La preocupación principal es que, bajo el manto del Ministerio de Salud, las necesidades de los adultos mayores queden relegadas, compitiendo por recursos y atención en un sistema ya de por sí saturado.
En este contexto, surge la pregunta:
¿Es realmente esta adscripción la mejor solución para mejorar la gestión de CONAPAM, o es simplemente una medida para centralizar el poder y desviar la atención de las verdaderas fallas sistémicas?
La población adulta mayor, que ha sido testigo de décadas de promesas incumplidas, no puede permitirse ser nuevamente olvidada en el proceso. La salud y el bienestar de este grupo no deben estar sujetos a experimentos administrativos, especialmente cuando el historial de quienes estarían a cargo es tan cuestionable.
La respuesta a esta encrucijada no es sencilla, pero lo que sí queda claro es que cualquier decisión tomada debe priorizar la calidad de vida y los derechos de los adultos mayores.
La sociedad costarricense tiene la responsabilidad de asegurar que este sector, que tanto ha contribuido al país, reciba el respeto y la atención que merece, sin ser sometido a los riesgos de una burocracia ineficiente.
La Ministra de Salud, Mari Munive, presentó esta iniciativa bajo el argumento de que CONAPAM, con solo 39 funcionarios, no está siendo bien fiscalizado y enfrenta denuncias de malversación de fondos. Sin embargo, la idea de integrarlo al Ministerio de Salud ha generado escepticismo, especialmente considerando el historial poco alentador de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del propio Ministerio de Salud en cuanto a la gestión de servicios públicos.
La CCSS es tristemente célebre por sus interminables listas de espera, su burocracia paralizante y la deficiente atención que brinda a los pacientes. En un país donde los ciudadanos han llegado a normalizar las demoras de meses o incluso años para recibir atención médica especializada, no es sorprendente que la posibilidad de trasladar las competencias de CONAPAM a estas mismas instituciones cause inquietud.
El escenario pinta sombrío para los adultos mayores, un sector de la población que, según proyecciones, será mayoritario en Costa Rica para el año 2050. Este grupo depende de un sistema que ya muestra señales de colapso, con una infraestructura sanitaria saturada y recursos insuficientes para atender las crecientes demandas. La idea de que la única institución que se dedica a velar exclusivamente por sus derechos y bienestar sea absorbida por un Ministerio que arrastra una reputación cuestionable en términos de eficiencia, despierta serias dudas sobre el futuro de la atención a este vulnerable sector.
A lo largo de los años, la CCSS ha sido blanco de innumerables críticas por parte de la ciudadanía. Testimonios de pacientes que han tenido que esperar años para recibir tratamientos o cirugías son comunes, y las historias de errores médicos y mala gestión no son menos frecuentes.
Este panorama plantea un dilema difícil:
¿Cómo garantizar que una adscripción al Ministerio de Salud no convierta a CONAPAM en una víctima más de la ineficiencia institucional?
En lugar de proporcionar una solución clara a los problemas que enfrenta CONAPAM, esta propuesta podría estar añadiendo una capa adicional de incertidumbre. La falta de confianza en las instituciones públicas es un problema profundo en Costa Rica, alimentado por años de malas experiencias y promesas incumplidas. La preocupación principal es que, bajo el manto del Ministerio de Salud, las necesidades de los adultos mayores queden relegadas, compitiendo por recursos y atención en un sistema ya de por sí saturado.
En este contexto, surge la pregunta:
¿Es realmente esta adscripción la mejor solución para mejorar la gestión de CONAPAM, o es simplemente una medida para centralizar el poder y desviar la atención de las verdaderas fallas sistémicas?
La población adulta mayor, que ha sido testigo de décadas de promesas incumplidas, no puede permitirse ser nuevamente olvidada en el proceso. La salud y el bienestar de este grupo no deben estar sujetos a experimentos administrativos, especialmente cuando el historial de quienes estarían a cargo es tan cuestionable.
La respuesta a esta encrucijada no es sencilla, pero lo que sí queda claro es que cualquier decisión tomada debe priorizar la calidad de vida y los derechos de los adultos mayores.
La sociedad costarricense tiene la responsabilidad de asegurar que este sector, que tanto ha contribuido al país, reciba el respeto y la atención que merece, sin ser sometido a los riesgos de una burocracia ineficiente.
