¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez. Parece que la plata pública siempre se va por donde no debe. Esta vez, la Contraloría General de la República (CGR) sacudió la olla con un reporte que revela una desigualdad tremenda en el acceso a créditos para los ciudadanos y las MiPymes. ¡Qué despiche!, la gestión crediticia por parte de algunas instituciones públicas dejó más preguntas que respuestas.
Resulta que analizaron cómo se ha manejado la lana que le toca al pueblo, específicamente en 17 entes y órganos que dan préstamos para el desarrollo. La intención era buena, apoyar a los emprendedores y darle una mano a quienes quieren echar pa’ lante, pero parece que se les fue la pinza en el camino. Vieron que el sistema está tan fragmentado que es un chunche encontrarle la vuelta. No hay una regulación clara ni una supervisión que realmente funcione, así que la puerta quedó abierta para algunos “favoritismos”.
Lo más salado de todo es que descubrieron que unos pocos se llevaron la mejor tajada. Diez beneficiarios acaparon más de 600 operaciones, ¡por un valor superior a los seis mil millones de colones! Imagínate eso, ¡seis billones! Y como si fuera poco, el 10% de los que tienen más lana, se quedan con el 20% de los fondos. Esto, claro, deja a muchos pensando si este sistema realmente funciona para todos o solo para unos cuantos allegaditos.
Pero la cosa no termina ahí, diay. La Contraloría también encontró que hubo una falta de controles preocupante. El 31,1% de los que recibieron créditos productivos ni siquiera estaban inscritos en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y otro 28,8% faltaba estarlo en Hacienda. ¡Una barbaridad! Eso demuestra que alguien no andaba haciendo bien sus deberes y que la transparencia quedó varada hace mucho tiempo.
Y ojo porque esto no es solo un problema de ética, sino también financiero. Según el informe, la sostenibilidad de estos préstamos está en peligro, precisamente por las constantes condonaciones de deuda y la alta tasa de morosidad, que llegó al 5,5%. Eso casi dobla el estándar del sistema bancario tradicional, lo que significa que estamos perdiendo dinero del Estado, ¡y eso nos afecta a todos!
Humberto Pereira Fonseca, el gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la CGR, fue claro: “Atender estas problemáticas es esencial para potenciar el impacto social e inclusivo del sistema y combatir la exclusión del crédito a la ciudadanía”. Dijo esto mientras se rascaba la cabeza, probablemente pensando en qué brete van a meterse ahora para arreglar este desmadre. Las instituciones señaladas incluyen desde Conape hasta Judesur, pasando por Corbanasa, Fonade y varias otras… una lista larga que da bastante que pensar.
Ahora, hablando de las instituciones involucradas, vemos que hay de todo. Conape, que apoya la educación; Corbana, que trabaja con banano; Fodemipyme, que busca impulsar a los pequeños negocios; Fonafifo, que maneja temas ambientales... Cada una con su propia función y, aparentemente, con sus propios problemas para manejar la lana del pueblo. Se necesita una reestructuración seria y una supervisión más rigurosa para evitar que estas situaciones se repitan. ¡Que no sean pelancas!
En fin, esta nueva revelación de la Contraloría nos deja con la cola entre las patas y la gran pregunta: ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta desigualdad en el acceso a los beneficios estatales? ¿Creen que las autoridades tomarán medidas contundentes para solucionar este brete o seguirá siendo un tema más que se queda en el papel?
Resulta que analizaron cómo se ha manejado la lana que le toca al pueblo, específicamente en 17 entes y órganos que dan préstamos para el desarrollo. La intención era buena, apoyar a los emprendedores y darle una mano a quienes quieren echar pa’ lante, pero parece que se les fue la pinza en el camino. Vieron que el sistema está tan fragmentado que es un chunche encontrarle la vuelta. No hay una regulación clara ni una supervisión que realmente funcione, así que la puerta quedó abierta para algunos “favoritismos”.
Lo más salado de todo es que descubrieron que unos pocos se llevaron la mejor tajada. Diez beneficiarios acaparon más de 600 operaciones, ¡por un valor superior a los seis mil millones de colones! Imagínate eso, ¡seis billones! Y como si fuera poco, el 10% de los que tienen más lana, se quedan con el 20% de los fondos. Esto, claro, deja a muchos pensando si este sistema realmente funciona para todos o solo para unos cuantos allegaditos.
Pero la cosa no termina ahí, diay. La Contraloría también encontró que hubo una falta de controles preocupante. El 31,1% de los que recibieron créditos productivos ni siquiera estaban inscritos en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y otro 28,8% faltaba estarlo en Hacienda. ¡Una barbaridad! Eso demuestra que alguien no andaba haciendo bien sus deberes y que la transparencia quedó varada hace mucho tiempo.
Y ojo porque esto no es solo un problema de ética, sino también financiero. Según el informe, la sostenibilidad de estos préstamos está en peligro, precisamente por las constantes condonaciones de deuda y la alta tasa de morosidad, que llegó al 5,5%. Eso casi dobla el estándar del sistema bancario tradicional, lo que significa que estamos perdiendo dinero del Estado, ¡y eso nos afecta a todos!
Humberto Pereira Fonseca, el gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la CGR, fue claro: “Atender estas problemáticas es esencial para potenciar el impacto social e inclusivo del sistema y combatir la exclusión del crédito a la ciudadanía”. Dijo esto mientras se rascaba la cabeza, probablemente pensando en qué brete van a meterse ahora para arreglar este desmadre. Las instituciones señaladas incluyen desde Conape hasta Judesur, pasando por Corbanasa, Fonade y varias otras… una lista larga que da bastante que pensar.
Ahora, hablando de las instituciones involucradas, vemos que hay de todo. Conape, que apoya la educación; Corbana, que trabaja con banano; Fodemipyme, que busca impulsar a los pequeños negocios; Fonafifo, que maneja temas ambientales... Cada una con su propia función y, aparentemente, con sus propios problemas para manejar la lana del pueblo. Se necesita una reestructuración seria y una supervisión más rigurosa para evitar que estas situaciones se repitan. ¡Que no sean pelancas!
En fin, esta nueva revelación de la Contraloría nos deja con la cola entre las patas y la gran pregunta: ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar esta desigualdad en el acceso a los beneficios estatales? ¿Creen que las autoridades tomarán medidas contundentes para solucionar este brete o seguirá siendo un tema más que se queda en el papel?
