¡Ay, Dios mío! La cosa está que arde en el país, ¿eh? Entre balas, robos y la incertidumbre que nos come vivo, parece que nadie duerme tranquilo. Ya todos los candidatos a la presidencia están hablando de seguridad, pero sinceramente, a estas alturas uno ya está medio escéptico, ¿no creen?
Este viernes se hizo un debate bastante interesante organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones donde los cinco aspirantes – Walter Rubén Hernández (Justicia Social Costarricense), Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática), Natalia Díaz (Unidos Podemos) y Fernando Zamora (Nueva Generación) – pusieron encima de la mesa sus ideas para frenar la espiral de violencia que nos azota. Y aunque las propuestas fueron variadas, había algo en lo que estaban totalmente de acuerdo: hay que retomar el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Qué vara tan pendiente hemos tenido estos últimos años.
Verán, la crítica generalizada ha sido hacia el gobierno de Rodrigo Chaves, a quien le han echado la okaña por mantener una relación tensa tanto con la Corte Suprema de Justicia como con el Congreso. Parece que vivíamos en un brete constante de confrontaciones, mientras la delincuencia hacía de las suyas. Como decía la Alpízar, con razón y pa’ que se diga, “los enemigos no están entre nosotros; no podemos vivir en este pleito mientras el narcotráfico nos ataca”. ¡Tremenda verdad!
Boris Molina, con su estilo bien directo, propuso endurecer las penas para el sicariato. Eso suena bien, claro, pero ¿será suficiente? Además, prometió enfocarse en programas preventivos para ayudar a las comunidades más vulnerables. Una medida que podría tener resultados a largo plazo, si se implementa correctamente, porque así como hay fondos que se van al teletienda, los programas pueden quedar en papel mojado.
Natalia Díaz, por su lado, recalcó la importancia de trabajar codo a codo con el Poder Judicial, articulando estrategias para combatir el narcotráfico. También mencionó la posibilidad de intervenir barrios problemáticos, una medida drástica pero que, dada la situación, tal vez sea necesaria. Esa es la realidad con la que nos toca lidiar, un Chunche complicado.
Fernando Zamora y Walter Rubén Hernández, ambos viendo la necesidad urgente de actuar, plantearon la idea de decretar una emergencia nacional para liberar recursos destinados al combate de la inseguridad. Un decreto de emergencia puede dar margen para tomar medidas rápidas y efectivas, pero también conlleva riesgos, como la limitación de derechos civiles. Hay que andar con pies de plomo ahí, diay.
Y es que la verdad, la situación nos exige soluciones integrales y sostenibles. No basta con reaccionar ante los hechos violentos; hay que abordar las causas profundas de la inseguridad, desde la pobreza y la desigualdad social hasta la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Ese es el verdadero reto, encontrar la manera de construir una sociedad más justa y segura para todos los costarricenses. Creo que eso es lo que realmente preocupa a la gente.
Con tantas promesas y propuestas en la mesa, surge la gran pregunta: ¿Realmente existe la voluntad política necesaria para lograr un cambio significativo en la lucha contra la inseguridad, o estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado? ¿Ustedes qué piensan, compañeros del Foro? ¿Cuál candidato les da más confianza para solucionar este problema tan apremiante?
Este viernes se hizo un debate bastante interesante organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones donde los cinco aspirantes – Walter Rubén Hernández (Justicia Social Costarricense), Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática), Natalia Díaz (Unidos Podemos) y Fernando Zamora (Nueva Generación) – pusieron encima de la mesa sus ideas para frenar la espiral de violencia que nos azota. Y aunque las propuestas fueron variadas, había algo en lo que estaban totalmente de acuerdo: hay que retomar el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Qué vara tan pendiente hemos tenido estos últimos años.
Verán, la crítica generalizada ha sido hacia el gobierno de Rodrigo Chaves, a quien le han echado la okaña por mantener una relación tensa tanto con la Corte Suprema de Justicia como con el Congreso. Parece que vivíamos en un brete constante de confrontaciones, mientras la delincuencia hacía de las suyas. Como decía la Alpízar, con razón y pa’ que se diga, “los enemigos no están entre nosotros; no podemos vivir en este pleito mientras el narcotráfico nos ataca”. ¡Tremenda verdad!
Boris Molina, con su estilo bien directo, propuso endurecer las penas para el sicariato. Eso suena bien, claro, pero ¿será suficiente? Además, prometió enfocarse en programas preventivos para ayudar a las comunidades más vulnerables. Una medida que podría tener resultados a largo plazo, si se implementa correctamente, porque así como hay fondos que se van al teletienda, los programas pueden quedar en papel mojado.
Natalia Díaz, por su lado, recalcó la importancia de trabajar codo a codo con el Poder Judicial, articulando estrategias para combatir el narcotráfico. También mencionó la posibilidad de intervenir barrios problemáticos, una medida drástica pero que, dada la situación, tal vez sea necesaria. Esa es la realidad con la que nos toca lidiar, un Chunche complicado.
Fernando Zamora y Walter Rubén Hernández, ambos viendo la necesidad urgente de actuar, plantearon la idea de decretar una emergencia nacional para liberar recursos destinados al combate de la inseguridad. Un decreto de emergencia puede dar margen para tomar medidas rápidas y efectivas, pero también conlleva riesgos, como la limitación de derechos civiles. Hay que andar con pies de plomo ahí, diay.
Y es que la verdad, la situación nos exige soluciones integrales y sostenibles. No basta con reaccionar ante los hechos violentos; hay que abordar las causas profundas de la inseguridad, desde la pobreza y la desigualdad social hasta la falta de oportunidades para nuestros jóvenes. Ese es el verdadero reto, encontrar la manera de construir una sociedad más justa y segura para todos los costarricenses. Creo que eso es lo que realmente preocupa a la gente.
Con tantas promesas y propuestas en la mesa, surge la gran pregunta: ¿Realmente existe la voluntad política necesaria para lograr un cambio significativo en la lucha contra la inseguridad, o estamos condenados a repetir los mismos errores del pasado? ¿Ustedes qué piensan, compañeros del Foro? ¿Cuál candidato les da más confianza para solucionar este problema tan apremiante?
