¡Ay, Dios mío! Esto sí que es novela. Resulta que la licenciada Salazar Mena, la misma que estaba metida en un buen brete por unas cositas turbias allá en la Capitanía de Golfito, ahora anda dando vueltas por la Dirección Nacional de Aviación Civil (DGAC). Uno pensaría, después de tanto escándalo, que la señora estaría buscando cómo meterse en un guarrazón, pero no, parece que le dieron un puesto de cuidado en planificación aeroportuaria. ¡Una verdadera carga!
Para refrescarle la memoria a los que andan distraídos, Salazar Mena salió de Golfito en abril del año pasado, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abriera una investigación por pura corrupción. Hablando claro, la estaban acusando de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, cohecho propio y hasta de peculado de uso, todo relacionado con una posible filtración de actividades ilícitas en la Capitanía. Cosas raras, ¿eh?
Lo curioso es que, según nos dicen, la licenciada siempre ha tenido un puesto fijo en la administración pública, como trabajadora calificada de servicio civil. De hecho, ocupa un puesto que era del alcalde de Golfito, don Freiner William Lara Blanco. Ahora, ella está interinamente como Profesional Jefe, mientras él se dedica a sus asuntos políticos. A ver, ¿quién le da más duro al país?
Y ahí no acaba la rosca. La Fiscalía sigue investigando el caso, acumulándolo a otro expediente con cargos similares. Parece que la historia va tomando mayor complejidad día tras día. Lo que sí sabemos es que, al menos por ahora, la señora no tiene ninguna medida cautelar impuesta, aunque administrativamente ya no trabaja en las funciones originales. Pero eso no impide que siga disfrutando de los beneficios del Estado.
Recordemos que el caso explotó hace poco más de un año, cuando realizaron allanamientos en la Capitanía de Golfito. La denuncia hablaba de documentos quemados, certificados de navegabilidad expedidos sin inspección técnica, y hasta zarpes en blanco que parecían diseñados para facilitar el paso de barcos sospechosos. ¡Un verdadero tinglado!
Hablando de barcos sospechosos, revivimos el caso de la "Mujer Gitana", esa embarcación que cargaba 640 kilos de cocaína y fue interceptada cerca de nuestras costas. Según la denuncia, Salazar Mena tenía vínculos cercanos con alguien involucrado en ese negocio, y supuestamente facilitaba operaciones ilegales. ¡Eso sí que es qué barbaridad!
Algunos expertos han expresado su preocupación por esta situación, argumentando que nombrar a una persona bajo investigación en un cargo de tanta responsabilidad puede erosionar la confianza del público en las instituciones. Otros, más pragmáticos, señalan que la señora tiene derecho a trabajar y defenderse ante la justicia, y que no se puede condenarla sin pruebas contundentes. Pero vamos, quién sabe qué estará pasando detrás de cámaras, porque estas cosas casi nunca salen como las pintan...
Con todo esto, me pregunto: ¿hasta dónde llega la protección que reciben algunos funcionarios públicos en Costa Rica? ¿Debería haber mayores restricciones para que personas bajo investigación ocupen cargos en el gobierno, o estamos exagerando y violando derechos fundamentales? ¡Dígame usted, qué piensa al respecto!
Para refrescarle la memoria a los que andan distraídos, Salazar Mena salió de Golfito en abril del año pasado, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abriera una investigación por pura corrupción. Hablando claro, la estaban acusando de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, cohecho propio y hasta de peculado de uso, todo relacionado con una posible filtración de actividades ilícitas en la Capitanía. Cosas raras, ¿eh?
Lo curioso es que, según nos dicen, la licenciada siempre ha tenido un puesto fijo en la administración pública, como trabajadora calificada de servicio civil. De hecho, ocupa un puesto que era del alcalde de Golfito, don Freiner William Lara Blanco. Ahora, ella está interinamente como Profesional Jefe, mientras él se dedica a sus asuntos políticos. A ver, ¿quién le da más duro al país?
Y ahí no acaba la rosca. La Fiscalía sigue investigando el caso, acumulándolo a otro expediente con cargos similares. Parece que la historia va tomando mayor complejidad día tras día. Lo que sí sabemos es que, al menos por ahora, la señora no tiene ninguna medida cautelar impuesta, aunque administrativamente ya no trabaja en las funciones originales. Pero eso no impide que siga disfrutando de los beneficios del Estado.
Recordemos que el caso explotó hace poco más de un año, cuando realizaron allanamientos en la Capitanía de Golfito. La denuncia hablaba de documentos quemados, certificados de navegabilidad expedidos sin inspección técnica, y hasta zarpes en blanco que parecían diseñados para facilitar el paso de barcos sospechosos. ¡Un verdadero tinglado!
Hablando de barcos sospechosos, revivimos el caso de la "Mujer Gitana", esa embarcación que cargaba 640 kilos de cocaína y fue interceptada cerca de nuestras costas. Según la denuncia, Salazar Mena tenía vínculos cercanos con alguien involucrado en ese negocio, y supuestamente facilitaba operaciones ilegales. ¡Eso sí que es qué barbaridad!
Algunos expertos han expresado su preocupación por esta situación, argumentando que nombrar a una persona bajo investigación en un cargo de tanta responsabilidad puede erosionar la confianza del público en las instituciones. Otros, más pragmáticos, señalan que la señora tiene derecho a trabajar y defenderse ante la justicia, y que no se puede condenarla sin pruebas contundentes. Pero vamos, quién sabe qué estará pasando detrás de cámaras, porque estas cosas casi nunca salen como las pintan...
Con todo esto, me pregunto: ¿hasta dónde llega la protección que reciben algunos funcionarios públicos en Costa Rica? ¿Debería haber mayores restricciones para que personas bajo investigación ocupen cargos en el gobierno, o estamos exagerando y violando derechos fundamentales? ¡Dígame usted, qué piensa al respecto!
