¡Ay, Dios mío, qué rollo! Resulta que el caso de Celso Gamboa, ese ex magistrado que anda metido en movidas turbias en Estados Unidos, parece que va tomando giros más raros que chanclas en río. Ahora, la Fiscalía, con toda la calma del mundo, le pide al juez que lo quite de la lista de sospechosos en el tema de las tobilleras para reos. ¿Se imaginan? Después de tanto escándalo, tanta investigación… ¡boom!, lo quieren dejar ir.
Para refrescarle la memoria al que esté medio desconectado, este proceso venía rodando desde el año 2018, cuando salió a luz una serie de irregularidades en cómo se adjudicó el contrato para el sistema de monitoreo electrónico de los presos. Allí aparecía Gamboa, junto con otros personajes más, señalados de meter las manos donde no les tocaban, facilitando el camino a una empresa para hacerse con la licitación. Se rumoreaba que usaron ‘influencia’ para llevarse la jugada, ¡una barbaridad!
Y ahí estaban, investigados, Víctor Hugo Víquez, el exdiputado, Allan Benavides, que en paz descansa (D.E.P.), y algunos empresarios más, todos con cargos encima por favorecer a esa compañía. Recuerdo que el caso del 'Cementazo' incluso echó humo, porque encontraron pruebas en el teléfono de Víquez, evidenciando conexiones y posibles sobornos para conseguir el contrato. ¡Un verdadero torbellino de denuncias!
Pero resulta que, pese a todas estas evidencias iniciales, la Fiscalía dice que no pudieron probar lo suficiente la participación de Gamboa y compañía. Dicen que no tenían ‘indicios probatorios’ sólidos para llevar el caso a juicio. Entonces, con todo respeto, uno se queda pensando... ¿será que realmente no había nada o hay algo más detrás?
Ahora, esto suena a que el caso podría cerrarse sin que nadie reciba castigo. Imagínense, después de tanto tiempo y recursos, terminar sin sanciones. Eso sí que sería una bronca, ¿verdad, compas? Esto sí que le abre la puerta a que Gamboa siga avanzando con su proceso de extradición a Estados Unidos, donde lo esperan por cargos de narcotráfico y lavado de dinero – ¡tremendo brete!
Pero espere, que aún hay más. Paralelo a esto, Gamboa enfrenta otro juicio desde este jueves, esta vez por falso testimonio. Parece que inventó una historia para justificar su ausencia en una diligencia judicial, usando un documento firmado por Irving Malespín, el exdirector del PCF. ¡Ay, hombre, esto se pone más intrincado que baile de toros!
Además de estos dos casos que están activos, Gamboa todavía tiene otros dos pendientes: uno relacionado con el ‘Cementazo’ y otro por tráfico de influencias. Así que, aunque tenga este triunfo temporal con el tema de las tobilleras, todavía le quedan batallas que librar. Su abogado, Michael Castillo, asegura que tendrá que resolverlos todos antes de que lo puedan enviar a Estados Unidos, aunque él esperanzadamente espera que rechacen la extradición. ¡Qué vaina!
Con tantas vueltas y revuelos, uno no sabe qué pensar. ¿Es un golpe maestro de la defensa de Gamboa para frenar el avance de la justicia? ¿O realmente la Fiscalía se quedó sin elementos para probar los cargos? En fin, amigos, con todo este panorama, me pregunto: ¿creen ustedes que este descarte es un paso atrás para combatir la corrupción en Costa Rica, o simplemente una estrategia legal válida para proteger los derechos del acusado?
Para refrescarle la memoria al que esté medio desconectado, este proceso venía rodando desde el año 2018, cuando salió a luz una serie de irregularidades en cómo se adjudicó el contrato para el sistema de monitoreo electrónico de los presos. Allí aparecía Gamboa, junto con otros personajes más, señalados de meter las manos donde no les tocaban, facilitando el camino a una empresa para hacerse con la licitación. Se rumoreaba que usaron ‘influencia’ para llevarse la jugada, ¡una barbaridad!
Y ahí estaban, investigados, Víctor Hugo Víquez, el exdiputado, Allan Benavides, que en paz descansa (D.E.P.), y algunos empresarios más, todos con cargos encima por favorecer a esa compañía. Recuerdo que el caso del 'Cementazo' incluso echó humo, porque encontraron pruebas en el teléfono de Víquez, evidenciando conexiones y posibles sobornos para conseguir el contrato. ¡Un verdadero torbellino de denuncias!
Pero resulta que, pese a todas estas evidencias iniciales, la Fiscalía dice que no pudieron probar lo suficiente la participación de Gamboa y compañía. Dicen que no tenían ‘indicios probatorios’ sólidos para llevar el caso a juicio. Entonces, con todo respeto, uno se queda pensando... ¿será que realmente no había nada o hay algo más detrás?
Ahora, esto suena a que el caso podría cerrarse sin que nadie reciba castigo. Imagínense, después de tanto tiempo y recursos, terminar sin sanciones. Eso sí que sería una bronca, ¿verdad, compas? Esto sí que le abre la puerta a que Gamboa siga avanzando con su proceso de extradición a Estados Unidos, donde lo esperan por cargos de narcotráfico y lavado de dinero – ¡tremendo brete!
Pero espere, que aún hay más. Paralelo a esto, Gamboa enfrenta otro juicio desde este jueves, esta vez por falso testimonio. Parece que inventó una historia para justificar su ausencia en una diligencia judicial, usando un documento firmado por Irving Malespín, el exdirector del PCF. ¡Ay, hombre, esto se pone más intrincado que baile de toros!
Además de estos dos casos que están activos, Gamboa todavía tiene otros dos pendientes: uno relacionado con el ‘Cementazo’ y otro por tráfico de influencias. Así que, aunque tenga este triunfo temporal con el tema de las tobilleras, todavía le quedan batallas que librar. Su abogado, Michael Castillo, asegura que tendrá que resolverlos todos antes de que lo puedan enviar a Estados Unidos, aunque él esperanzadamente espera que rechacen la extradición. ¡Qué vaina!
Con tantas vueltas y revuelos, uno no sabe qué pensar. ¿Es un golpe maestro de la defensa de Gamboa para frenar el avance de la justicia? ¿O realmente la Fiscalía se quedó sin elementos para probar los cargos? En fin, amigos, con todo este panorama, me pregunto: ¿creen ustedes que este descarte es un paso atrás para combatir la corrupción en Costa Rica, o simplemente una estrategia legal válida para proteger los derechos del acusado?
