EXORCIST
ANÓNIMO
SAN JOSÉ, 19 feb (CRH) – La diputada Siany Villalobos calificó de temerarias y sin ningún sustento las afirmaciones hechas por Albino Vargas, secretario general de la ANEP, respecto al supuesto peligro que correrían diez mil empleados del Gobierno Central por la transferencia de competencias a los gobiernos locales, y la posibilidad de que exista clientelismo electoral con esta ley.
Los gobiernos locales son los gobiernos más cercanos a la población y deben fortalecerse, según la diputada quien señaló “no hay mejor forma de afrontar los problemas y necesidades de las comunidades que de la mano de las autoridades locales quienes conocen a profundidad las necesidades más apremiantes de la población.”
Por otra parte, la diputada Villalobos señaló que el proyecto de transferencias relativo a la red vial cantonal no atenta contra la estabilidad laboral de las y los servidores públicos del MOPT, ni tampoco a las personas trabajadoras de la Dirección de Gestión Municipal. En este sentido la diputada señaló que “no se puede emitir criterio sobre algo que no existe y mucho menos llamar a defenderse.”
Cabe recordar que este traslado especifico de competencias no es únicamente en virtud de mandato constitucional, sino por mandato legal según la Ley General de Caminos, nº 5060 del 22 de agosto de 1972 y recomendación de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, según oficio DFOE-SD-0634, del 22 de julio de 2010.
Las afirmaciones de la ANEP fueron publicadas tanto en el diario la Extra como en el periódico La Nación el pasado martes 14 de febrero.
Los gobiernos locales son los gobiernos más cercanos a la población y deben fortalecerse, según la diputada quien señaló “no hay mejor forma de afrontar los problemas y necesidades de las comunidades que de la mano de las autoridades locales quienes conocen a profundidad las necesidades más apremiantes de la población.”
Por otra parte, la diputada Villalobos señaló que el proyecto de transferencias relativo a la red vial cantonal no atenta contra la estabilidad laboral de las y los servidores públicos del MOPT, ni tampoco a las personas trabajadoras de la Dirección de Gestión Municipal. En este sentido la diputada señaló que “no se puede emitir criterio sobre algo que no existe y mucho menos llamar a defenderse.”
Cabe recordar que este traslado especifico de competencias no es únicamente en virtud de mandato constitucional, sino por mandato legal según la Ley General de Caminos, nº 5060 del 22 de agosto de 1972 y recomendación de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, según oficio DFOE-SD-0634, del 22 de julio de 2010.
Las afirmaciones de la ANEP fueron publicadas tanto en el diario la Extra como en el periódico La Nación el pasado martes 14 de febrero.