Diay, maes, ¿vieron el último capítulo de la novela nacional? Salió el Décimo Informe del Estado de la Educación y, como era de esperarse, en lugar de un plan país para ver cómo salimos del hueco, lo que se armó fue un zafarrancho de antología. El informe básicamente nos pone un espejo en la cara y nos dice lo que ya muchos sospechábamos: estamos mal, y no un poquito. Confirma el peor resultado de nuestra historia en las pruebas PISA, una caída que viene desde el 2009. Y ante esa foto tan clara del desastre, la reacción del Gobierno fue, para ponerlo en buen tico, un berrinche.
El presidente Chaves no se anduvo por las ramas y le restó toda validez al informe, calificándolo de “sesgado” y de defender “intereses económicos y políticos espurios”. Es el clásico “no me gusta lo que dice el estudio, entonces el estudio está malo”. En lugar de enfocarse en los datos durísimos que presenta el Estado de la Educación, el discurso se fue por la tangente de atacar al mensajero, en este caso a Jorge Vargas y a las universidades públicas. Y claro, no podía faltar el autobombo, sacando pecho por logros como la eliminación del convenio con Cuba o la conectividad satelital. Nadie dice que eso no sume, pero la vara aquí es si esas acciones son suficientes para revertir una década de caída libre.
Luego entró a escena el Ministro de Educación, Leonardo Sánchez, con el segundo acto de la obra: “la culpa no es nuestra, es un rezago histórico”. ¡Qué torta! Afirmó que los resultados PISA del 2022 son culpa de los últimos 10 o 15 años de brete de las administraciones pasadas. Y para saber los resultados “reales” de su gestión, nos mandó a esperar hasta el 2026. Es una movida conveniente, ¿no? Patea la bola para adelante y, mientras tanto, el problema sigue ahí, creciendo. La vara es que, mientras se lavan las manos y culpan a las huelgas y la pandemia, los güilas son los que están pagando los platos rotos con una educación que, según todos los indicadores, hace aguas.
Pero aquí es donde el asunto se pone más color de hormiga. El informe no solo habla de los malos resultados, sino que apunta directamente a decisiones de esta administración, como la suspensión del programa de informática (PRONIE) y el de educación sexual (PAISi). Los investigadores lo llaman una “violación al principio de progresividad”. La defensa del ministro es que PRONIE nunca tuvo un currículo formal y que PAISi solo llegaba al 10% de los estudiantes. O sea, como eran imperfectos, mejor quitarlos del todo. Es un argumento, como mínimo, debatible. ¿Eliminar un programa que enseñaba informática, aunque fuera mejorable, en plena era digital, fue la mejor idea? ¿O fue jalarse una torta monumental?
Al final del día, mae, lo que queda es una sensación de frustración tremenda. Tenemos un informe técnico, denso y lleno de datos preocupantes que grita “¡Emergencia!”. Y por otro lado, tenemos un Gobierno que dice que el informe es un ataque político y que la culpa es de los de antes. En medio, una generación de estudiantes que se nos está quedando atrás. Más allá de quién tiene la razón en el pleito del día, ¿creen que este constante “echarse la papa caliente” de verdad nos va a sacar del hueco? ¿O estamos condenados a ver cómo la educación se va al traste mientras los maes de arriba discuten? Los leo.
El presidente Chaves no se anduvo por las ramas y le restó toda validez al informe, calificándolo de “sesgado” y de defender “intereses económicos y políticos espurios”. Es el clásico “no me gusta lo que dice el estudio, entonces el estudio está malo”. En lugar de enfocarse en los datos durísimos que presenta el Estado de la Educación, el discurso se fue por la tangente de atacar al mensajero, en este caso a Jorge Vargas y a las universidades públicas. Y claro, no podía faltar el autobombo, sacando pecho por logros como la eliminación del convenio con Cuba o la conectividad satelital. Nadie dice que eso no sume, pero la vara aquí es si esas acciones son suficientes para revertir una década de caída libre.
Luego entró a escena el Ministro de Educación, Leonardo Sánchez, con el segundo acto de la obra: “la culpa no es nuestra, es un rezago histórico”. ¡Qué torta! Afirmó que los resultados PISA del 2022 son culpa de los últimos 10 o 15 años de brete de las administraciones pasadas. Y para saber los resultados “reales” de su gestión, nos mandó a esperar hasta el 2026. Es una movida conveniente, ¿no? Patea la bola para adelante y, mientras tanto, el problema sigue ahí, creciendo. La vara es que, mientras se lavan las manos y culpan a las huelgas y la pandemia, los güilas son los que están pagando los platos rotos con una educación que, según todos los indicadores, hace aguas.
Pero aquí es donde el asunto se pone más color de hormiga. El informe no solo habla de los malos resultados, sino que apunta directamente a decisiones de esta administración, como la suspensión del programa de informática (PRONIE) y el de educación sexual (PAISi). Los investigadores lo llaman una “violación al principio de progresividad”. La defensa del ministro es que PRONIE nunca tuvo un currículo formal y que PAISi solo llegaba al 10% de los estudiantes. O sea, como eran imperfectos, mejor quitarlos del todo. Es un argumento, como mínimo, debatible. ¿Eliminar un programa que enseñaba informática, aunque fuera mejorable, en plena era digital, fue la mejor idea? ¿O fue jalarse una torta monumental?
Al final del día, mae, lo que queda es una sensación de frustración tremenda. Tenemos un informe técnico, denso y lleno de datos preocupantes que grita “¡Emergencia!”. Y por otro lado, tenemos un Gobierno que dice que el informe es un ataque político y que la culpa es de los de antes. En medio, una generación de estudiantes que se nos está quedando atrás. Más allá de quién tiene la razón en el pleito del día, ¿creen que este constante “echarse la papa caliente” de verdad nos va a sacar del hueco? ¿O estamos condenados a ver cómo la educación se va al traste mientras los maes de arriba discuten? Los leo.
