Diay, maes, pónganse cómodos porque la novela que se está armando en la Asamblea Legislativa está mejor que serie de Netflix. Resulta que el Gobierno sacó de la manga un proyecto de ley, el 24.616, que a primera vista suena hasta bonito: “Ley de protección del consumidor financiero”. ¡Qué chiva!, ¿verdad? El problema es que, cuando uno rasca un poquito, la vara se pone color de hormiga. Los que de verdad saben de este brete, los meros meros de las superintendencias de Seguros, Pensiones y Valores, llegaron a Cuesta de Moras a decirles a los diputados, casi que con dibujitos, que el proyecto es una torta monumental y que, de aprobarse, podría desmantelar el sistema financiero como lo conocemos. ¡Casi nada!
Tomás Soley, Hermes Alvarado y Reyner Brenes, que no son ningunos pintados en la pared y son los maes que son unos cargas en supervisión financiera, se pararon frente a los legisladores y soltaron la sopa sin anestesia. Para ellos, este chunche del Gobierno tiene “siete pecados capitales”. Y no, no es una exageración de periodista. El principal problema, el que hace que todo lo demás se caiga como un castillo de naipes, es la falta de independencia. El proyecto le daría al Poder Ejecutivo, o sea, al gobierno de turno a través del MEIC, el poder de fiscalizar, multar y hasta cerrar bancos, aseguradoras o fondos de inversión. Mae, imagínese el conflicto de interés: el mismo Gobierno supervisando a los bancos del Estado, como el Nacional o el de Costa Rica. Es como poner al zorro a cuidar las gallinas.
Pero el despiche no termina ahí. La lista de “tortas” sigue: el proyecto obligaría a las entidades a entregarle datos confidenciales de todos nosotros al Poder Ejecutivo, se crearía un nuevo canon que al final terminaríamos pagando usted y yo con servicios más caros, y las sanciones son tan desproporcionadas que incluyen la suspensión de actividades o el cierre definitivo. O sea, por un error, podrían bajarle la aguja a una entidad entera. Además, se crea una duplicidad de funciones con las superintendencias, que ya existen para hacer justamente ese brete de supervisión, pero de forma técnica e independiente. Es un enredo por donde se le mire, una vara que parece que se jalaron sin consultar mucho a los que saben.
Lo más heavy es que los mismos superintendentes dijeron que este proyecto está tan mal hecho que es “muy difícil enmendarlo”. Reyner Brenes, el intendente de Valores, fue clarísimo: el problema es el corazón del proyecto, esa falta de independencia. Arreglar eso sería como hacerle un trasplante de todo a un paciente que ya no tiene remedio. Tanto él como Tomás Soley básicamente le dijeron a los diputados que lo mejor sería que ese plan se fuera al traste. “Este proyecto debería de archivarse”, sentenció la diputada liberacionista Katherine Moreira, haciéndose eco del sentimiento general. Y es que no son solo ellos: ya hay una fila de más de 10 cámaras empresariales y asociaciones (la ABC, la Uccaep, la Bolsa Nacional de Valores, etc.) que mandaron cartas diciendo que el proyecto es una pésima idea.
Al final, la situación queda así: el Gobierno insiste en que necesita más músculo para proteger al consumidor, pero todo el sector financiero y los técnicos le están gritando que esa no es la forma, que están creando un monstruo que podría debilitar la estabilidad del país y, paradójicamente, desproteger al consumidor. La gran pregunta que queda en el aire es si los diputados escucharán a los expertos o si le darán luz verde a una ley que, según los que saben, nació torcida. La vara está que arde y podría definir el futuro de cómo se maneja nuestra plata en este país.
Y ahora, para el foro: ¿Qué opinan ustedes, maes? ¿Creen que el Gobierno se está jalando una torta con este proyecto o de verdad hace falta un “sheriff” como el MEIC para poner en cintura al sector financiero? ¿Debería irse al traste o se le puede encontrar arreglo?
Tomás Soley, Hermes Alvarado y Reyner Brenes, que no son ningunos pintados en la pared y son los maes que son unos cargas en supervisión financiera, se pararon frente a los legisladores y soltaron la sopa sin anestesia. Para ellos, este chunche del Gobierno tiene “siete pecados capitales”. Y no, no es una exageración de periodista. El principal problema, el que hace que todo lo demás se caiga como un castillo de naipes, es la falta de independencia. El proyecto le daría al Poder Ejecutivo, o sea, al gobierno de turno a través del MEIC, el poder de fiscalizar, multar y hasta cerrar bancos, aseguradoras o fondos de inversión. Mae, imagínese el conflicto de interés: el mismo Gobierno supervisando a los bancos del Estado, como el Nacional o el de Costa Rica. Es como poner al zorro a cuidar las gallinas.
Pero el despiche no termina ahí. La lista de “tortas” sigue: el proyecto obligaría a las entidades a entregarle datos confidenciales de todos nosotros al Poder Ejecutivo, se crearía un nuevo canon que al final terminaríamos pagando usted y yo con servicios más caros, y las sanciones son tan desproporcionadas que incluyen la suspensión de actividades o el cierre definitivo. O sea, por un error, podrían bajarle la aguja a una entidad entera. Además, se crea una duplicidad de funciones con las superintendencias, que ya existen para hacer justamente ese brete de supervisión, pero de forma técnica e independiente. Es un enredo por donde se le mire, una vara que parece que se jalaron sin consultar mucho a los que saben.
Lo más heavy es que los mismos superintendentes dijeron que este proyecto está tan mal hecho que es “muy difícil enmendarlo”. Reyner Brenes, el intendente de Valores, fue clarísimo: el problema es el corazón del proyecto, esa falta de independencia. Arreglar eso sería como hacerle un trasplante de todo a un paciente que ya no tiene remedio. Tanto él como Tomás Soley básicamente le dijeron a los diputados que lo mejor sería que ese plan se fuera al traste. “Este proyecto debería de archivarse”, sentenció la diputada liberacionista Katherine Moreira, haciéndose eco del sentimiento general. Y es que no son solo ellos: ya hay una fila de más de 10 cámaras empresariales y asociaciones (la ABC, la Uccaep, la Bolsa Nacional de Valores, etc.) que mandaron cartas diciendo que el proyecto es una pésima idea.
Al final, la situación queda así: el Gobierno insiste en que necesita más músculo para proteger al consumidor, pero todo el sector financiero y los técnicos le están gritando que esa no es la forma, que están creando un monstruo que podría debilitar la estabilidad del país y, paradójicamente, desproteger al consumidor. La gran pregunta que queda en el aire es si los diputados escucharán a los expertos o si le darán luz verde a una ley que, según los que saben, nació torcida. La vara está que arde y podría definir el futuro de cómo se maneja nuestra plata en este país.
Y ahora, para el foro: ¿Qué opinan ustedes, maes? ¿Creen que el Gobierno se está jalando una torta con este proyecto o de verdad hace falta un “sheriff” como el MEIC para poner en cintura al sector financiero? ¿Debería irse al traste o se le puede encontrar arreglo?
