Maes, en serio que hay días en que uno lee las noticias y no sabe si reír, llorar o mandarse a pedir un cafecito con rompope para aguantar la vara. Estaba pegándole una ojeada al proyecto de presupuesto para el 2026 y me topé con algo que, de entrada, suena a un despiche en proceso. Resulta que, en medio de la crisis de seguridad que tenemos encima, a alguien en el Gobierno se le ocurrió la brillante idea de meterle tijera al presupuesto de dos de las entidades que más le hacen frente al crimen organizado: el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Unidad Especial de Intervención (UEI). ¡Qué despiche!
Diay, uno escucha los números y tal vez no se asusta de una vez: ¢38 millones menos para el ICD y ¢18 millones menos para la UEI. Pero como bien apuntó la diputada Paulina Ramírez, aunque parezcan recortes menores, en la situación actual esto es como quitarle balas a un policía en pleno tiroteo. Estos maes necesitan capacitación constante, equipo de punta y todos los recursos posibles para hacerle frente a carteles que manejan más plata que algunos países. Afectarles la capacidad operativa en este momento, cuando los homicidios y el narco están desatados, parece una receta para el desastre. Es, en el buen tico, una potencial forma de jalarse una torta monumental.
Claro, como era de esperarse, salió el ministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez, a ponerle paños fríos al asunto. La explicación oficial es que se está haciendo un "esfuerzo por optimizar los recursos" y que la capacitación, por ejemplo, muchas veces viene de convenios con "gobiernos amigos". Con todo respeto, señor ministro, pero ese discurso suena a excusa de oficina. "Optimizar" es una palabra muy bonita, pero cuando hablamos de seguridad nacional, ¿hasta dónde se puede estirar la cobija? Depender de la buena fe de otros países para el entrenamiento de nuestros cuerpos de élite mientras aquí les recortamos el presupuesto... no sé, suena a mandarse a la guerra con un cortaúñas.
Y aquí es donde la cosa se pone todavía más seria. La diputada Sonia Rojas tiró unos datos que lo dejan a uno helado. Estamos hablando de un consumo estimado de 15 mil toneladas de marihuana y 27 de cocaína en el país. ¡Veintisiete toneladas! Pero el dato que más duele es el del IAFA: la atención a menores de edad por consumo de drogas pasó de 3.800 casos en 2019 a 7.300 en 2024. ¡Casi se duplicó! Encima, la misma diputada cuestiona un recorte de ¢40 millones en transferencias del ICD a fundaciones que, precisamente, hacen el brete de prevención y tratamiento. Si el problema está creciendo de forma exponencial, sobre todo en nuestros güilas, ¿cuál es la lógica de quitarle plata a los que intentan solucionarlo?
Al final, la vara queda así: por un lado, tenemos un aumento alarmante en el consumo y tráfico de drogas, con provincias como Limón y Puntarenas en el ojo del huracán y nuestros jóvenes cada vez más vulnerables. Por el otro, tenemos un Ministerio que habla de "gestión coordinada" y "redistribución de recursos" mientras le pasa la tijera a las instituciones que están en la primera línea de batalla. El presupuesto total de Presidencia es de más de ¢11.700 millones, pero parece que el ahorro tenía que empezar justo por el lado de la seguridad. Maes, ¿soy solo yo o esto de "optimizar recursos" en seguridad mientras el consumo de drogas se dispara suena a querer apagar un incendio con una pistolita de agua? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una jugada maestra de ahorro o se están jalando una torta que nos va a costar carísima a todos?
Diay, uno escucha los números y tal vez no se asusta de una vez: ¢38 millones menos para el ICD y ¢18 millones menos para la UEI. Pero como bien apuntó la diputada Paulina Ramírez, aunque parezcan recortes menores, en la situación actual esto es como quitarle balas a un policía en pleno tiroteo. Estos maes necesitan capacitación constante, equipo de punta y todos los recursos posibles para hacerle frente a carteles que manejan más plata que algunos países. Afectarles la capacidad operativa en este momento, cuando los homicidios y el narco están desatados, parece una receta para el desastre. Es, en el buen tico, una potencial forma de jalarse una torta monumental.
Claro, como era de esperarse, salió el ministro de la Presidencia, Jorge Rodríguez, a ponerle paños fríos al asunto. La explicación oficial es que se está haciendo un "esfuerzo por optimizar los recursos" y que la capacitación, por ejemplo, muchas veces viene de convenios con "gobiernos amigos". Con todo respeto, señor ministro, pero ese discurso suena a excusa de oficina. "Optimizar" es una palabra muy bonita, pero cuando hablamos de seguridad nacional, ¿hasta dónde se puede estirar la cobija? Depender de la buena fe de otros países para el entrenamiento de nuestros cuerpos de élite mientras aquí les recortamos el presupuesto... no sé, suena a mandarse a la guerra con un cortaúñas.
Y aquí es donde la cosa se pone todavía más seria. La diputada Sonia Rojas tiró unos datos que lo dejan a uno helado. Estamos hablando de un consumo estimado de 15 mil toneladas de marihuana y 27 de cocaína en el país. ¡Veintisiete toneladas! Pero el dato que más duele es el del IAFA: la atención a menores de edad por consumo de drogas pasó de 3.800 casos en 2019 a 7.300 en 2024. ¡Casi se duplicó! Encima, la misma diputada cuestiona un recorte de ¢40 millones en transferencias del ICD a fundaciones que, precisamente, hacen el brete de prevención y tratamiento. Si el problema está creciendo de forma exponencial, sobre todo en nuestros güilas, ¿cuál es la lógica de quitarle plata a los que intentan solucionarlo?
Al final, la vara queda así: por un lado, tenemos un aumento alarmante en el consumo y tráfico de drogas, con provincias como Limón y Puntarenas en el ojo del huracán y nuestros jóvenes cada vez más vulnerables. Por el otro, tenemos un Ministerio que habla de "gestión coordinada" y "redistribución de recursos" mientras le pasa la tijera a las instituciones que están en la primera línea de batalla. El presupuesto total de Presidencia es de más de ¢11.700 millones, pero parece que el ahorro tenía que empezar justo por el lado de la seguridad. Maes, ¿soy solo yo o esto de "optimizar recursos" en seguridad mientras el consumo de drogas se dispara suena a querer apagar un incendio con una pistolita de agua? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es una jugada maestra de ahorro o se están jalando una torta que nos va a costar carísima a todos?
