¡Ay, Dios mío! Otra vez tenemos bronca con el Presidencial. Un buen puñado de familias se echó a protestar este lunes frente a Casa Presidencial, pidiendo a gritos que Don Rodri convoque al proyecto de ley 25.240. Parece que la paciencia del pueblo ya está pa’ cuenta, y con razón, brete.
Esta iniciativa, impulsada por el diputado frenteamplista Jonathan Acuña, ya había sido aprobada por unanimidad el 30 de octubre, lo que significa que todos los diputados, ¡de todas las corrientes políticas!, estuvieron de acuerdo en que era necesaria. El propósito es sencillo: permitir que las licencias por cuidado de hijos pequeños y también para atender a familiares en fase terminal sean financiadas con lana del Presupuesto Nacional, más allá del poquito que sale del Fodesaf, que apenas si da pa' unas pocas cosas.
El problema, como siempre pasa en nuestro país, es que ahora el Gobierno tiene el control de la agenda legislativa, y eso quiere decir que necesitan el visto bueno de Casa Presidencial, una especie de ‘permiso’, para que los diputados puedan siquiera tocar el tema y votarlo. Así las cosas, las familias fueron a manifestarse exigiendo que se active el proceso, para darle finalmente el pase al segundo debate y convertirlo en ley de la república. ¡Que paren ya con tanta burocracia!
La verdadera raíz de esta maraña está en que, desde septiembre, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se quedó sin guacales para costear esas mismas licencias. Se secó la fuente de dinero porque alcanzaron el tope del 0.5% que les permite la Ley 7756. Lo que transfiere el Ministerio de Trabajo a la CCSS, resulta insuficiente para cubrir la demanda actual, y eso afecta directamente a muchísimas familias que realmente lo necesitan. Según el presidente Chaves, alrededor de 1.200 personas están sufriendo las consecuencias de esta situación.
El diputado Acuña ha sido claro: esta iniciativa es indispensable porque la Contraloría podría ponerle hielo al asunto, rechazando los recursos si rastrean el origen del financiamiento. Por eso, los diputados ya habían tomado cartas en el asunto, aprobando una partida considerable de ¢2.700 millones pa’ seguir cubriendo esos gastos. Esta lana se incorporó al Presupuesto Nacional a través del tercer presupuesto extraordinario, que se aprobó el mes pasado. Pero ahí es donde entra el berrinche presidencial, que parece que no quiere ceder terreno.
Don Rodri lanzó un video en el que afirma que el proyecto de ley no es necesario, argumentando que con la aprobación de esos ¢2.700 millones, basta con el aval de la Junta Directiva de la Caja. Luego, esa junta tendría que mandarle el papeleo a la Contraloría General de la República (CGR), quienes decidirán si autorizan o no el uso de estos fondos extraordinarios. Chaves prometió que todo estaría listo este jueves, durante una sesión de la Junta Directiva, asegurando que tiene el respaldo total para sacar adelante esta gestión. “En lugar de estarli manipulando y haciendo que doña Marta apruebe esto, ojalá al día siguiente o dos o tres días, eso es todo lo que se ocupa y tienen toda mi solidaridad y el apoyo, tienen mi palabra”, dijo el mandatario, tratando de sonar convincente.
Pero ojo, porque el diputado Acuña no se anda con rodeos y señala que aún existe el riesgo de que la Contraloría rechace el presupuesto, incluso con el aval de la Caja. Esto se debe a que la legislación actual solo permite usar el 0.5% de Fodesaf para pagar esas licencias. Como los ¢2.700 millones provienen del Presupuesto Nacional, la Contraloría podría alegar que no existe habilitación legal para gastar esa lana por encima de lo establecido en la ley. El propio ministro de Trabajo ya había dicho que para incorporar recursos extra, sería necesaria una reforma a la ley. Acuña insiste en que no busca meterse en problemas con el presidente, sino evitar un posible revés judicial que perjudique a las familias.
Y así estamos, con el gobierno insistiendo en que no es necesario el proyecto de ley, mientras que las familias y algunos diputados piden que se haga caso omiso a la política y se priorice la necesidad urgente de muchas familias costarricenses. Hasta el momento, Chaves califica de ‘mentira’ la necesidad de la reforma, reafirmando su postura. Con el control de la agenda legislativa en manos del Gobierno hasta finales de enero, queda por verse si podrán convencerlos de darle el visto bueno a este proyecto vital. Ahora bien, entre tanta polémica, ¿creen ustedes que el Presidente Chaves está actuando correctamente al obstaculizar la aprobación de esta ley, o debería ceder ante la urgencia de las familias?
Esta iniciativa, impulsada por el diputado frenteamplista Jonathan Acuña, ya había sido aprobada por unanimidad el 30 de octubre, lo que significa que todos los diputados, ¡de todas las corrientes políticas!, estuvieron de acuerdo en que era necesaria. El propósito es sencillo: permitir que las licencias por cuidado de hijos pequeños y también para atender a familiares en fase terminal sean financiadas con lana del Presupuesto Nacional, más allá del poquito que sale del Fodesaf, que apenas si da pa' unas pocas cosas.
El problema, como siempre pasa en nuestro país, es que ahora el Gobierno tiene el control de la agenda legislativa, y eso quiere decir que necesitan el visto bueno de Casa Presidencial, una especie de ‘permiso’, para que los diputados puedan siquiera tocar el tema y votarlo. Así las cosas, las familias fueron a manifestarse exigiendo que se active el proceso, para darle finalmente el pase al segundo debate y convertirlo en ley de la república. ¡Que paren ya con tanta burocracia!
La verdadera raíz de esta maraña está en que, desde septiembre, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se quedó sin guacales para costear esas mismas licencias. Se secó la fuente de dinero porque alcanzaron el tope del 0.5% que les permite la Ley 7756. Lo que transfiere el Ministerio de Trabajo a la CCSS, resulta insuficiente para cubrir la demanda actual, y eso afecta directamente a muchísimas familias que realmente lo necesitan. Según el presidente Chaves, alrededor de 1.200 personas están sufriendo las consecuencias de esta situación.
El diputado Acuña ha sido claro: esta iniciativa es indispensable porque la Contraloría podría ponerle hielo al asunto, rechazando los recursos si rastrean el origen del financiamiento. Por eso, los diputados ya habían tomado cartas en el asunto, aprobando una partida considerable de ¢2.700 millones pa’ seguir cubriendo esos gastos. Esta lana se incorporó al Presupuesto Nacional a través del tercer presupuesto extraordinario, que se aprobó el mes pasado. Pero ahí es donde entra el berrinche presidencial, que parece que no quiere ceder terreno.
Don Rodri lanzó un video en el que afirma que el proyecto de ley no es necesario, argumentando que con la aprobación de esos ¢2.700 millones, basta con el aval de la Junta Directiva de la Caja. Luego, esa junta tendría que mandarle el papeleo a la Contraloría General de la República (CGR), quienes decidirán si autorizan o no el uso de estos fondos extraordinarios. Chaves prometió que todo estaría listo este jueves, durante una sesión de la Junta Directiva, asegurando que tiene el respaldo total para sacar adelante esta gestión. “En lugar de estarli manipulando y haciendo que doña Marta apruebe esto, ojalá al día siguiente o dos o tres días, eso es todo lo que se ocupa y tienen toda mi solidaridad y el apoyo, tienen mi palabra”, dijo el mandatario, tratando de sonar convincente.
Pero ojo, porque el diputado Acuña no se anda con rodeos y señala que aún existe el riesgo de que la Contraloría rechace el presupuesto, incluso con el aval de la Caja. Esto se debe a que la legislación actual solo permite usar el 0.5% de Fodesaf para pagar esas licencias. Como los ¢2.700 millones provienen del Presupuesto Nacional, la Contraloría podría alegar que no existe habilitación legal para gastar esa lana por encima de lo establecido en la ley. El propio ministro de Trabajo ya había dicho que para incorporar recursos extra, sería necesaria una reforma a la ley. Acuña insiste en que no busca meterse en problemas con el presidente, sino evitar un posible revés judicial que perjudique a las familias.
Y así estamos, con el gobierno insistiendo en que no es necesario el proyecto de ley, mientras que las familias y algunos diputados piden que se haga caso omiso a la política y se priorice la necesidad urgente de muchas familias costarricenses. Hasta el momento, Chaves califica de ‘mentira’ la necesidad de la reforma, reafirmando su postura. Con el control de la agenda legislativa en manos del Gobierno hasta finales de enero, queda por verse si podrán convencerlos de darle el visto bueno a este proyecto vital. Ahora bien, entre tanta polémica, ¿creen ustedes que el Presidente Chaves está actuando correctamente al obstaculizar la aprobación de esta ley, o debería ceder ante la urgencia de las familias?
