¡Ay, Dios mío! Este caso parece sacado de un novela, má! Un arquitecto de La Unión, Cartago, ha levantado la liebre presentando una querella contra su exesposa, quien resulta que es pastora, además de dos de sus hijos y hasta dos notarias. Se le va a andar buscando las cosquillas porque lo acusan de haberle quitado todos sus bienes durante el divorce. ¡Qué sal!
La bronca viene arrastrándose desde el 2003, aunque la denuncia se oficializó el 7 de marzo de 2025 ante el Tribunal Penal de Cartago. Parece que este brete les ha dado para mucho tiempo y los abogados están trabajando a toda máquina. Según el denunciante, formaron una verdadera 'organización criminal' para vaciar sus cuentas y dejarlo en la calle. ¡Qué torta!
La querella detalla que esta familiaza tejió una red de empresas fantasma, sociedades anónimas, pa' meter los bienes a nombre de otros y así esquivar al juez. El arquitecto dice que la exesposa, metiéndose de tranques, no declaró nada de esto durante el juicio de divorce, ¡y ahora quiere llevarse todo! Con la ayuda de las notarias, claro, que parecen cómplices de este maje.
Y ojo, que el asunto no es solo la plata, sino también el corazón roto. El señor cuenta que ella le fue infiel, tanto en carne y hueso como virtualmente, ¡si eso duele! Dice que trató de salvar el matrimonio, pero ya la cosa estaba demasiado podrida. Encontró consuelo en otra relación, pero ahora tiene que lidiar con esta maraña legal.
Imagínense la escena: el arquitecto revisando por casualidad el registro público del Tribunal Supremo de Elecciones y ahí la tiene, el fallo de divorce resuelto hace años, sin que él siquiera supiera. ¡Se quedó boquiabierto! Lo primero que hizo fue consultar a su abogado y desde entonces no ha parado de luchar por lo suyo. Se siente estafado procesalmente y no piensa ceder.
Ahora están peleando por unas propiedades que suman una suma considerable: una casa en Cartago valuada en ¢38 millones, otra en Alajuela por ¢20 millones, un terrenito en Cartago que vale ¢41 millones, ¡y hasta un Land Cruiser Prado de ¢10 millones! Además de otras cositas más, chunches que quedaron pendientes de resolver en este pleito. Los bienes eran fruto de muchos años de trabajo duro, y el arquitecto no está dispuesto a dejarlos ir tan fácil.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha tenido problemas pa' notificar a los acusados, pues parece que andan escondidos. Pero la Fiscalía no se rinde y sigue buscando a estos señores pa’ que respondan por sus actos. La cosa pinta fea pa’ la exesposa y compañía, porque los cargos son graves: estafa procesal, ¡y eso no se toma a broma!
Con todo este drama familiar y económico, me pregunto: ¿Cómo creen ustedes que se debería manejar la división de bienes en un divorce donde hay indicios claros de fraude? ¿Debería el sistema legal costarricense ser más riguroso en la verificación de activos durante estos procesos?
La bronca viene arrastrándose desde el 2003, aunque la denuncia se oficializó el 7 de marzo de 2025 ante el Tribunal Penal de Cartago. Parece que este brete les ha dado para mucho tiempo y los abogados están trabajando a toda máquina. Según el denunciante, formaron una verdadera 'organización criminal' para vaciar sus cuentas y dejarlo en la calle. ¡Qué torta!
La querella detalla que esta familiaza tejió una red de empresas fantasma, sociedades anónimas, pa' meter los bienes a nombre de otros y así esquivar al juez. El arquitecto dice que la exesposa, metiéndose de tranques, no declaró nada de esto durante el juicio de divorce, ¡y ahora quiere llevarse todo! Con la ayuda de las notarias, claro, que parecen cómplices de este maje.
Y ojo, que el asunto no es solo la plata, sino también el corazón roto. El señor cuenta que ella le fue infiel, tanto en carne y hueso como virtualmente, ¡si eso duele! Dice que trató de salvar el matrimonio, pero ya la cosa estaba demasiado podrida. Encontró consuelo en otra relación, pero ahora tiene que lidiar con esta maraña legal.
Imagínense la escena: el arquitecto revisando por casualidad el registro público del Tribunal Supremo de Elecciones y ahí la tiene, el fallo de divorce resuelto hace años, sin que él siquiera supiera. ¡Se quedó boquiabierto! Lo primero que hizo fue consultar a su abogado y desde entonces no ha parado de luchar por lo suyo. Se siente estafado procesalmente y no piensa ceder.
Ahora están peleando por unas propiedades que suman una suma considerable: una casa en Cartago valuada en ¢38 millones, otra en Alajuela por ¢20 millones, un terrenito en Cartago que vale ¢41 millones, ¡y hasta un Land Cruiser Prado de ¢10 millones! Además de otras cositas más, chunches que quedaron pendientes de resolver en este pleito. Los bienes eran fruto de muchos años de trabajo duro, y el arquitecto no está dispuesto a dejarlos ir tan fácil.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha tenido problemas pa' notificar a los acusados, pues parece que andan escondidos. Pero la Fiscalía no se rinde y sigue buscando a estos señores pa’ que respondan por sus actos. La cosa pinta fea pa’ la exesposa y compañía, porque los cargos son graves: estafa procesal, ¡y eso no se toma a broma!
Con todo este drama familiar y económico, me pregunto: ¿Cómo creen ustedes que se debería manejar la división de bienes en un divorce donde hay indicios claros de fraude? ¿Debería el sistema legal costarricense ser más riguroso en la verificación de activos durante estos procesos?
