Maes, agarren silla porque la vara está para adentro. ¿Se acuerdan de toda la hablada de “mano dura” y la guerra contra el crimen organizado que nos vienen recetando desde hace meses? Bueno, parece que al Gobierno se le olvidó pagar la munición, porque se acaba de jalar una torta de proporciones épicas. Resulta y acontece que el Ministerio de Hacienda, así, por la libre, decidió meterle un candado a ₡6.000 millones que ya estaban listos y aprobados por la Asamblea Legislativa para contratar más fiscales y agentes del OIJ. O sea, la plata estaba ahí, con nombre y apellido, y simplemente decidieron no darla. ¡Qué despiche!
Para que entiendan la gravedad del asunto, pongámoslo en contexto. El Poder Judicial montó hace poco una vara que se llama la JEDO (Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada), que es básicamente el equipo de élite para los casos más pesados del país. Piense en narcos, sicariato, legitimación de capitales... todo ese chunche. El problema es que la JEDO, con apenas un año de existir, ya está colapsada. El mismo Fiscal General lo dijo: están ahogados en brete, no dan abasto. Y cuando por fin les aprueban la plata para contratar más gente y poder respirar, viene Hacienda y les dice: “Diay, no. Salados”. Es como llamar a los bomberos, que te digan que ya casi llegan y a medio camino les pinchen las llantas a propósito.
Y aquí es donde la cosa se pone casi surreal. Cuando le preguntaron al entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por qué no soltaba la plata, la justificación fue de antología: que sí, que el presupuesto lo decía, pero que eso no significaba que tuviera que girarlo y que mientras no tuviera los Eurobonos, no había harina. ¡Háganme el favor! Es un portillo abierto para que el Ejecutivo ignore lo que mandata el Congreso. De hecho, los únicos ₡3.000 millones que sí soltaron (de un paquete de más de ₡9.000 millones) fue por la presión mediática que se armó cuando asesinaron al subjefe del OIJ en Guápiles. O sea, tuvo que morir un policía de alto rango para que movieran un dedo. Una completa barbaridad.
Pero el golpe no es solo contra los grandes capos. Quizás la parte más dolorosa de este recorte es cómo afecta directamente a las poblaciones más vulnerables, en especial a las mujeres. El Fiscal General fue clarísimo: una buena parte de esas plazas eran para reforzar las fiscalías que ven casos de violencia de género, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Hablamos de un sistema donde, según datos del Estado de la Justicia, apenas un 14% de las denuncias por estos delitos llega a juicio. ¡Catorce de cada cien! Y ahora, el pequeño esfuerzo que se quería hacer para mejorar esa estadística de terror, simplemente se va al traste por una decisión administrativa. Es dejar a miles de víctimas a la deriva.
Al final del día, la pregunta es obligada y bastante incómoda. Estamos en medio de una crisis de seguridad histórica, con cifras de homicidios que asustan y una percepción de impunidad que crece como la espuma. Tenemos a la Fiscalía y al OIJ pidiendo a gritos las herramientas mínimas para hacer su trabajo. Tenemos a los diputados que escucharon y les asignaron los recursos. Y en medio de todo, tenemos al Ministerio de Hacienda poniendo un freno de mano, debilitando la primera línea de defensa de la justicia en el país. Esto va más allá de un simple ahorro o una hablada de austeridad; es una decisión que tiene consecuencias directas en la calle, en nuestras casas y en la vida de la gente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es simple incompetencia, una jugada política para asfixiar al Poder Judicial o de verdad la seguridad del país no es la prioridad que dicen que es? Ahí se las dejo, para que abramos el debate.
Para que entiendan la gravedad del asunto, pongámoslo en contexto. El Poder Judicial montó hace poco una vara que se llama la JEDO (Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada), que es básicamente el equipo de élite para los casos más pesados del país. Piense en narcos, sicariato, legitimación de capitales... todo ese chunche. El problema es que la JEDO, con apenas un año de existir, ya está colapsada. El mismo Fiscal General lo dijo: están ahogados en brete, no dan abasto. Y cuando por fin les aprueban la plata para contratar más gente y poder respirar, viene Hacienda y les dice: “Diay, no. Salados”. Es como llamar a los bomberos, que te digan que ya casi llegan y a medio camino les pinchen las llantas a propósito.
Y aquí es donde la cosa se pone casi surreal. Cuando le preguntaron al entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, por qué no soltaba la plata, la justificación fue de antología: que sí, que el presupuesto lo decía, pero que eso no significaba que tuviera que girarlo y que mientras no tuviera los Eurobonos, no había harina. ¡Háganme el favor! Es un portillo abierto para que el Ejecutivo ignore lo que mandata el Congreso. De hecho, los únicos ₡3.000 millones que sí soltaron (de un paquete de más de ₡9.000 millones) fue por la presión mediática que se armó cuando asesinaron al subjefe del OIJ en Guápiles. O sea, tuvo que morir un policía de alto rango para que movieran un dedo. Una completa barbaridad.
Pero el golpe no es solo contra los grandes capos. Quizás la parte más dolorosa de este recorte es cómo afecta directamente a las poblaciones más vulnerables, en especial a las mujeres. El Fiscal General fue clarísimo: una buena parte de esas plazas eran para reforzar las fiscalías que ven casos de violencia de género, delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Hablamos de un sistema donde, según datos del Estado de la Justicia, apenas un 14% de las denuncias por estos delitos llega a juicio. ¡Catorce de cada cien! Y ahora, el pequeño esfuerzo que se quería hacer para mejorar esa estadística de terror, simplemente se va al traste por una decisión administrativa. Es dejar a miles de víctimas a la deriva.
Al final del día, la pregunta es obligada y bastante incómoda. Estamos en medio de una crisis de seguridad histórica, con cifras de homicidios que asustan y una percepción de impunidad que crece como la espuma. Tenemos a la Fiscalía y al OIJ pidiendo a gritos las herramientas mínimas para hacer su trabajo. Tenemos a los diputados que escucharon y les asignaron los recursos. Y en medio de todo, tenemos al Ministerio de Hacienda poniendo un freno de mano, debilitando la primera línea de defensa de la justicia en el país. Esto va más allá de un simple ahorro o una hablada de austeridad; es una decisión que tiene consecuencias directas en la calle, en nuestras casas y en la vida de la gente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es simple incompetencia, una jugada política para asfixiar al Poder Judicial o de verdad la seguridad del país no es la prioridad que dicen que es? Ahí se las dejo, para que abramos el debate.
