¡Qué despiche se armó, maes! Cuando uno cree que ya lo ha visto todo en la política tica, sale una nueva bronca que nos deja con el ojo cuadrado. Esta vez, el pleito es de pesos pesados: el Sindicato del Poder Judicial (Sitrajud) acaba de meterle un recurso de amparo nada más y nada menos que al Ministro de Hacienda, Rudolf Lücke. ¿La razón? Una jugada que tiene al OIJ y a la Fiscalía pegando el grito al cielo. Resulta que Hacienda decidió, por sus santos ovarios, congelar ¢6.346 millones que la Asamblea Legislativa ya había aprobado para crear plazas nuevas en el OIJ. Así como lo leen, una plata que ya tenía nombre y apellido y que ahora está en un limbo legal que pone en riesgo la seguridad de todos.
Para entender bien la vara, hay que irse a los números. La Asamblea Legislativa, en el presupuesto de este año, le dio luz verde a ¢9.346 millones para reforzar al OIJ y al Ministerio Público. De esa plata, Hacienda soltó a regañadientes un primer tracto de ¢3.000 millones, con lo que se pudieron contratar 64 personas. Pero el resto, esos más de ¢6.300 millones que iban a financiar otras 191 plazas, simplemente se quedaron en el aire. El plan de fortalecer la investigación judicial para pegarle al crimen organizado, diay, básicamente se fue al traste. Sitrajud argumenta que esto es un atropello a la separación de poderes, porque el Ejecutivo no puede simplemente cambiarle el destino a una plata que los diputados ya aprobaron. Es como si su mamá le da plata para el bus y usted decide comprarse un helado... pero a nivel de miles de millones.
Lo que de verdad calienta el ambiente es la justificación de Hacienda y el bombazo que tiró Randall Zúñiga, el director del OIJ. El Ministerio se escuda en la famosa regla fiscal y en que hay que reducir la deuda. Un argumento que suena muy responsable, hasta que uno escucha a Zúñiga. El mae, con toda la razón del mundo, señaló lo que para muchos es una hipocresía monumental: una semana después de decirle al OIJ que no había plata, el gobierno saca pecho anunciando 220 plazas nuevas para la Fuerza Pública, ¡usando la misma fuente de financiamiento! ¡Qué sal para el OIJ! Es decir, para unos sí hay campo dentro de la regla fiscal, pero para los que investigan los crímenes complejos, no. Zúñiga lo dijo clarito: la seguridad no es un tema para dividir, es un brete de equipo, y estas acciones demuestran todo lo contrario.
Este enredo no es solo una pelea de oficinas en Zapote. Esto nos afecta a todos directamente. Mientras los ministerios se tiran la bola, el crimen organizado no pide permiso ni se detiene a ver si hay presupuesto. La falta de personal en el OIJ y la Fiscalía significa menos capacidad para investigar, para desarticular bandas, para llevar a los bichos malos ante la justicia. Afecta la imagen del país, espanta al turismo y, lo más importante, nos hace sentir más inseguros en nuestras propias casas. Es increíble que en medio de la crisis de seguridad que vivimos, la discusión sea sobre si se liberan o no unos fondos que ya estaban legalmente asignados para combatirla.
Ahora toda la presión recae sobre los magistrados de la Sala Constitucional. Ellos tienen la última palabra y deberán decidir si obligan a Hacienda a soltar la plata o si le dan la razón al gobierno en su política de austeridad. La decisión que tomen va a marcar un precedente importantísimo sobre la autonomía de los poderes de la República y, sobre todo, sobre las prioridades que tenemos como país. Diay, maes, aquí la pregunta del millón es: ¿Qué pesa más? ¿El cumplimiento estricto de una regla fiscal o darle al OIJ las herramientas que necesita desesperadamente para que no nos coma el hampa? Los leo.
Para entender bien la vara, hay que irse a los números. La Asamblea Legislativa, en el presupuesto de este año, le dio luz verde a ¢9.346 millones para reforzar al OIJ y al Ministerio Público. De esa plata, Hacienda soltó a regañadientes un primer tracto de ¢3.000 millones, con lo que se pudieron contratar 64 personas. Pero el resto, esos más de ¢6.300 millones que iban a financiar otras 191 plazas, simplemente se quedaron en el aire. El plan de fortalecer la investigación judicial para pegarle al crimen organizado, diay, básicamente se fue al traste. Sitrajud argumenta que esto es un atropello a la separación de poderes, porque el Ejecutivo no puede simplemente cambiarle el destino a una plata que los diputados ya aprobaron. Es como si su mamá le da plata para el bus y usted decide comprarse un helado... pero a nivel de miles de millones.
Lo que de verdad calienta el ambiente es la justificación de Hacienda y el bombazo que tiró Randall Zúñiga, el director del OIJ. El Ministerio se escuda en la famosa regla fiscal y en que hay que reducir la deuda. Un argumento que suena muy responsable, hasta que uno escucha a Zúñiga. El mae, con toda la razón del mundo, señaló lo que para muchos es una hipocresía monumental: una semana después de decirle al OIJ que no había plata, el gobierno saca pecho anunciando 220 plazas nuevas para la Fuerza Pública, ¡usando la misma fuente de financiamiento! ¡Qué sal para el OIJ! Es decir, para unos sí hay campo dentro de la regla fiscal, pero para los que investigan los crímenes complejos, no. Zúñiga lo dijo clarito: la seguridad no es un tema para dividir, es un brete de equipo, y estas acciones demuestran todo lo contrario.
Este enredo no es solo una pelea de oficinas en Zapote. Esto nos afecta a todos directamente. Mientras los ministerios se tiran la bola, el crimen organizado no pide permiso ni se detiene a ver si hay presupuesto. La falta de personal en el OIJ y la Fiscalía significa menos capacidad para investigar, para desarticular bandas, para llevar a los bichos malos ante la justicia. Afecta la imagen del país, espanta al turismo y, lo más importante, nos hace sentir más inseguros en nuestras propias casas. Es increíble que en medio de la crisis de seguridad que vivimos, la discusión sea sobre si se liberan o no unos fondos que ya estaban legalmente asignados para combatirla.
Ahora toda la presión recae sobre los magistrados de la Sala Constitucional. Ellos tienen la última palabra y deberán decidir si obligan a Hacienda a soltar la plata o si le dan la razón al gobierno en su política de austeridad. La decisión que tomen va a marcar un precedente importantísimo sobre la autonomía de los poderes de la República y, sobre todo, sobre las prioridades que tenemos como país. Diay, maes, aquí la pregunta del millón es: ¿Qué pesa más? ¿El cumplimiento estricto de una regla fiscal o darle al OIJ las herramientas que necesita desesperadamente para que no nos coma el hampa? Los leo.
