Maes, seamos honestos. ¿Cuántas veces al día vemos a un guarda de seguridad? En el banco, en el súper, en el condominio, hasta en la farmacia. Están por todo lado, son parte del paisaje urbano. Pero, ¿cuántas veces nos ponemos a pensar en el nivel de riesgo que manejan esos maes todos los santos días? Diay, parece que en la Asamblea Legislativa por fin se pusieron a pensar en eso, porque se viene un cambio que podría ser un verdadero parteaguas para la gente que se dedica a este brete.
La vara es que se acaba de aprobar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico un proyecto de ley bastante directo: si usted se echa a un oficial de seguridad privada mientras está trabajando, se podría enfrentar a una pena de 20 a 35 años de cárcel. Esto, para que se hagan una idea, es un castigo similar al que ya existe por matar a un policía. La propuesta ahora pasa al Plenario, donde se decide si esta protección se convierte en ley de la República. Y la verdad, ya era hora de que se hablara de esto en serio.
Pónganse en los zapatos (ojalá nunca) de un delincuente que va a asaltar un local. ¿Cuál es el primer obstáculo, el primer blanco? El guarda. Y no solo por ser una figura de autoridad, sino por el chunche que tiene en la cintura: la pistola. Como bien lo puso Karol Piedra, una abogada que sabe del tema, el arma de fuego es un imán para los ataques. El ladrón quiere neutralizar la amenaza y, de paso, llevarse un arma extra. Este escenario convierte al guarda en el personaje más vulnerable de la película, y la cantidad de oficiales que han perdido la vida en los últimos años es para sentarse a llorar. Son gente que, aunque trabaje para una empresa privada, está en la primera línea de fuego protegiéndonos a todos.
Y aquí es donde la propuesta se pone interesante y, para muchos, ¡bastante tuanis! Se trata de un reconocimiento formal a esa labor. Por años, ha existido una especie de limbo legal y social donde se les exige actuar como policías, pero sin el mismo respaldo del Estado. Este proyecto busca cerrar esa brecha, mandando un mensaje clarísimo a la criminalidad: atentar contra la vida de un guarda va a tener consecuencias severas. Es decir, se les está dando el estatus de protectores esenciales de la sociedad, que es lo que son en la práctica.
Obviamente, la gente del gremio está que no se cambia por nadie. César Tapia, el mero mero de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), ve esta vara como un salvavidas en medio del despiche de inseguridad que vive el país. Para ellos, es una herramienta jurídica que no solo busca justicia para las víctimas, sino que también funciona como un elemento disuasorio. La esperanza del sector privado es que los diputados en el Plenario le den luz verde rápido, porque sienten que cada día que pasa sin esta ley, es un día más de desprotección para sus miles de colaboradores. Ahora la bola queda en la cancha de Cuesta de Moras.
La pregunta del millón, foreros: ¿Creen que endurecer las penas es la solución real contra la violencia, o es solo un curita para una herida que necesita cirugía mayor? ¿Qué más se podría hacer para proteger a esta gente que se la juega todos los días en su brete? Los leo.
La vara es que se acaba de aprobar en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico un proyecto de ley bastante directo: si usted se echa a un oficial de seguridad privada mientras está trabajando, se podría enfrentar a una pena de 20 a 35 años de cárcel. Esto, para que se hagan una idea, es un castigo similar al que ya existe por matar a un policía. La propuesta ahora pasa al Plenario, donde se decide si esta protección se convierte en ley de la República. Y la verdad, ya era hora de que se hablara de esto en serio.
Pónganse en los zapatos (ojalá nunca) de un delincuente que va a asaltar un local. ¿Cuál es el primer obstáculo, el primer blanco? El guarda. Y no solo por ser una figura de autoridad, sino por el chunche que tiene en la cintura: la pistola. Como bien lo puso Karol Piedra, una abogada que sabe del tema, el arma de fuego es un imán para los ataques. El ladrón quiere neutralizar la amenaza y, de paso, llevarse un arma extra. Este escenario convierte al guarda en el personaje más vulnerable de la película, y la cantidad de oficiales que han perdido la vida en los últimos años es para sentarse a llorar. Son gente que, aunque trabaje para una empresa privada, está en la primera línea de fuego protegiéndonos a todos.
Y aquí es donde la propuesta se pone interesante y, para muchos, ¡bastante tuanis! Se trata de un reconocimiento formal a esa labor. Por años, ha existido una especie de limbo legal y social donde se les exige actuar como policías, pero sin el mismo respaldo del Estado. Este proyecto busca cerrar esa brecha, mandando un mensaje clarísimo a la criminalidad: atentar contra la vida de un guarda va a tener consecuencias severas. Es decir, se les está dando el estatus de protectores esenciales de la sociedad, que es lo que son en la práctica.
Obviamente, la gente del gremio está que no se cambia por nadie. César Tapia, el mero mero de la Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad (ACES), ve esta vara como un salvavidas en medio del despiche de inseguridad que vive el país. Para ellos, es una herramienta jurídica que no solo busca justicia para las víctimas, sino que también funciona como un elemento disuasorio. La esperanza del sector privado es que los diputados en el Plenario le den luz verde rápido, porque sienten que cada día que pasa sin esta ley, es un día más de desprotección para sus miles de colaboradores. Ahora la bola queda en la cancha de Cuesta de Moras.
La pregunta del millón, foreros: ¿Creen que endurecer las penas es la solución real contra la violencia, o es solo un curita para una herida que necesita cirugía mayor? ¿Qué más se podría hacer para proteger a esta gente que se la juega todos los días en su brete? Los leo.
