Maes, a veces uno lee noticias que simplemente le confirman que en este país la paciencia es un deporte extremo. Hoy le tocó el turno al Ministerio de Educación Pública (MEP), que se acaba de llevar un coscorrón, y con toda la razón del mundo, de parte de la Sala IV. La vara es con el CTP Carlos Manuel Vicente Castro, allá en Golfito. Resulta que los güilas llevan más de tres años esperando que les terminen el bendito colegio, y la cosa está tan pegada que un vecino tuvo que meter un recurso de amparo para que alguien hiciera algo. ¡Qué despiche, en serio!
Vamos a desgranar el maíz para que vean la magnitud de la torta. La primera etapa de construcción de este cole terminó por allá de mediados del 2020. Uno pensaría que lo que seguía era, diay, la segunda etapa, ¿verdad? Pues no. Ahí fue donde la carreta se pegó. Según la noticia, desde el 2021 estaba la plata lista para arrancar con lo que faltaba, pero en la Dirección de Infraestructura Educativa (la famosa DIE) empezó el baile. Que si había "inconsistencias", que si el funcionario a cargo ya no es el mismo, que si el nuevo tiene que "empezar de cero a verificar la información". ¡Imagínense el portillo que abrieron para que no pasara absolutamente nada durante más de tres años!
Y aquí es donde la situación pasa de ser frustrante a ser francamente inaceptable. Como bien señala el recurso de amparo, mientras en el MEP juegan a la papa caliente con los expedientes, pasan tres cosas terribles. Primero, los recursos económicos que ya estaban asignados se devalúan; la plata que alcanzaba para diez cosas en 2021, hoy con costo alcanza para cinco. Segundo, los materiales de construcción se ponen por las nubes, haciendo el proyecto cada vez más caro y difícil de ejecutar. Y tercero, lo que ya está construido se empieza a deteriorar. Ese esqueleto de concreto, en vez de llenarse de aulas y vida, se está llenando de moho y maleza. Al final, los verdaderos salados de esta historia son los estudiantes y los profes, que tienen que seguir esperando en condiciones que, de fijo, no son las ideales.
Por dicha, la Sala IV le puso un alto al asunto. Los magistrados, salvo un voto ahí medio técnico de la magistrada Garro Vargas, declararon con lugar el amparo y le dieron al MEP un ultimátum: tienen 18 meses para terminar las obras y garantizar que el colegio sea un lugar seguro y digno para la comunidad estudiantil. Es el colmo, de verdad, que tenga que intervenir el tribunal constitucional para obligar a un ministerio a hacer su brete. Esto no debería ser noticia, debería ser la norma. La educación no es un favor, es un derecho, y tener una infraestructura decente es la base de todo.
Ahora el MEP tiene el reloj en contra. 18 meses pueden sonar como mucho tiempo, pero conociendo el ritmo de la burocracia tica, más les vale que se pongan las pilas desde ya. Este caso del CTP de Golfito no es solo una anécdota, es un síntoma de un problema mucho más grande en la gestión de la obra pública en Costa Rica. Nos deja una sensación agridulce: qué bueno que la Sala IV actuó, pero qué triste que tuviéramos que llegar a este punto. Esto es un llamado de atención para que las instituciones dejen de verse el ombligo y se pongan a trabajar por la gente. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros "CTP de Golfito" habrá por ahí, esperando que un ciudadano valiente se canse y ponga un recurso?
En fin, maes, quería compartirles esta vara porque calienta, pero también nos tiene que poner a pensar. Aparte de jalarse el pelo, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para que estas historias de terror burocrático dejen de repetirse? ¿Creen que los 18 meses son un plazo realista o nos vemos en el 2027 hablando exactamente de lo mismo?
Vamos a desgranar el maíz para que vean la magnitud de la torta. La primera etapa de construcción de este cole terminó por allá de mediados del 2020. Uno pensaría que lo que seguía era, diay, la segunda etapa, ¿verdad? Pues no. Ahí fue donde la carreta se pegó. Según la noticia, desde el 2021 estaba la plata lista para arrancar con lo que faltaba, pero en la Dirección de Infraestructura Educativa (la famosa DIE) empezó el baile. Que si había "inconsistencias", que si el funcionario a cargo ya no es el mismo, que si el nuevo tiene que "empezar de cero a verificar la información". ¡Imagínense el portillo que abrieron para que no pasara absolutamente nada durante más de tres años!
Y aquí es donde la situación pasa de ser frustrante a ser francamente inaceptable. Como bien señala el recurso de amparo, mientras en el MEP juegan a la papa caliente con los expedientes, pasan tres cosas terribles. Primero, los recursos económicos que ya estaban asignados se devalúan; la plata que alcanzaba para diez cosas en 2021, hoy con costo alcanza para cinco. Segundo, los materiales de construcción se ponen por las nubes, haciendo el proyecto cada vez más caro y difícil de ejecutar. Y tercero, lo que ya está construido se empieza a deteriorar. Ese esqueleto de concreto, en vez de llenarse de aulas y vida, se está llenando de moho y maleza. Al final, los verdaderos salados de esta historia son los estudiantes y los profes, que tienen que seguir esperando en condiciones que, de fijo, no son las ideales.
Por dicha, la Sala IV le puso un alto al asunto. Los magistrados, salvo un voto ahí medio técnico de la magistrada Garro Vargas, declararon con lugar el amparo y le dieron al MEP un ultimátum: tienen 18 meses para terminar las obras y garantizar que el colegio sea un lugar seguro y digno para la comunidad estudiantil. Es el colmo, de verdad, que tenga que intervenir el tribunal constitucional para obligar a un ministerio a hacer su brete. Esto no debería ser noticia, debería ser la norma. La educación no es un favor, es un derecho, y tener una infraestructura decente es la base de todo.
Ahora el MEP tiene el reloj en contra. 18 meses pueden sonar como mucho tiempo, pero conociendo el ritmo de la burocracia tica, más les vale que se pongan las pilas desde ya. Este caso del CTP de Golfito no es solo una anécdota, es un síntoma de un problema mucho más grande en la gestión de la obra pública en Costa Rica. Nos deja una sensación agridulce: qué bueno que la Sala IV actuó, pero qué triste que tuviéramos que llegar a este punto. Esto es un llamado de atención para que las instituciones dejen de verse el ombligo y se pongan a trabajar por la gente. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros "CTP de Golfito" habrá por ahí, esperando que un ciudadano valiente se canse y ponga un recurso?
En fin, maes, quería compartirles esta vara porque calienta, pero también nos tiene que poner a pensar. Aparte de jalarse el pelo, ¿qué creen ustedes que se puede hacer para que estas historias de terror burocrático dejen de repetirse? ¿Creen que los 18 meses son un plazo realista o nos vemos en el 2027 hablando exactamente de lo mismo?
