¡Ay, Dios mío! Parece que el tema de las licencias para cuidar a los nuestros –los abuelitos en fase terminal y los chiquitos gravemente enfermos– se ha convertido en un verdadero circo. Entre el Gobierno, la CCSS, la Contraloría, el Ministerio de Trabajo y la Asamblea, parece que nadie se pone de acuerdo sobre cómo echarle balón a este brete que tiene a miles de familias sufriendo.
Y pa’ colmo, seguimos con 1.200 familias esperando el subsidio que les toca, mientras las instituciones se pelean por quién tiene razón sobre cómo reactivar los pagos que pararon en septiembre. ¿Se imaginan la angustia de tener que elegir entre cuidar a tu familiar y poner comida en la mesa?
La CCSS, con toda la intención del mundo, aprobó un presupuesto extra de ¢2.700 millones para cubrir esas licencias, pero ahí viene la polémica. Resulta que el dinero viene de otro lado, y algunos dicen que no es legal usarlo así. Mónica Taylor, la jefa de la CCSS, dice que es vital para seguir pagando, pero la cosa se complica, ¿no creen?
Pero espera que llegó el Gobierno con su rollo diciendo que no hace falta cambiar ninguna ley para que la Contraloría dé luz verde al presupuesto. Paula Bogantes, la ministra del Micitt, explica que el dinero no sale de Fodesaf, sino del Presupuesto Nacional, y por eso se puede usar sin problemas. Dice que la Contraloría debería ser rápida en aprobarlo, pues “aquí no estamos hablando de marinas ni edificios, estamos hablando de vidas humanas”. ¡Digo, qué más hay que decir!
Y la presidenta de la CCSS, insistiendo en que han cumplido con todo lo que le pidieron al Presidente Chaves y que ya mandaron toda la papelería a la Contraloría. Con el ritmo que llevan, dice, la Contraloría tardará 20 días en dar una respuesta, ¡y esas familias no pueden estar esperando tanto!
Pero la verdad es que la situación es más complicada que un plato de gallina pinta. La Sala Constitucional ya metió presión, ordenando a la CCSS y al Ministerio de Trabajo que cumplan con sus deberes y empiecen a pagar las licencias. ¡Ya van cinco sentencias de amparo! Y todavía hay otros 26 casos en estudio. Parece que el Tribunal está sacándoles las castañas del fuego, porque la cosa se puso muy seria, diay.
Y encima, la Contraloría sigue renegando, diciendo que sí necesitan una reforma de ley para usar esos fondos. Según ellos, solo se puede usar el 0,5% de Fodesaf, y eso ya se gastó. El diputado Jonathan Acuña, hartito de tanto papeleo, ya le envió otra solicitud a la Contraloría para que agilice el proceso. Quiere saber si tienen alguna forma de ayudar a estas familias, y rápido. ¡Este caso está más complicado que un baile de toros!
Ahora, pa' terminar... ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el Gobierno está haciendo lo suficiente para solucionar este lío? ¿Es justo que estas familias tengan que pasar por tanta angustia mientras las autoridades discuten sobre leyes y presupuestos? Vamos, compartan sus ideas en el foro, ¡porque este tema nos afecta a todos!
Y pa’ colmo, seguimos con 1.200 familias esperando el subsidio que les toca, mientras las instituciones se pelean por quién tiene razón sobre cómo reactivar los pagos que pararon en septiembre. ¿Se imaginan la angustia de tener que elegir entre cuidar a tu familiar y poner comida en la mesa?
La CCSS, con toda la intención del mundo, aprobó un presupuesto extra de ¢2.700 millones para cubrir esas licencias, pero ahí viene la polémica. Resulta que el dinero viene de otro lado, y algunos dicen que no es legal usarlo así. Mónica Taylor, la jefa de la CCSS, dice que es vital para seguir pagando, pero la cosa se complica, ¿no creen?
Pero espera que llegó el Gobierno con su rollo diciendo que no hace falta cambiar ninguna ley para que la Contraloría dé luz verde al presupuesto. Paula Bogantes, la ministra del Micitt, explica que el dinero no sale de Fodesaf, sino del Presupuesto Nacional, y por eso se puede usar sin problemas. Dice que la Contraloría debería ser rápida en aprobarlo, pues “aquí no estamos hablando de marinas ni edificios, estamos hablando de vidas humanas”. ¡Digo, qué más hay que decir!
Y la presidenta de la CCSS, insistiendo en que han cumplido con todo lo que le pidieron al Presidente Chaves y que ya mandaron toda la papelería a la Contraloría. Con el ritmo que llevan, dice, la Contraloría tardará 20 días en dar una respuesta, ¡y esas familias no pueden estar esperando tanto!
Pero la verdad es que la situación es más complicada que un plato de gallina pinta. La Sala Constitucional ya metió presión, ordenando a la CCSS y al Ministerio de Trabajo que cumplan con sus deberes y empiecen a pagar las licencias. ¡Ya van cinco sentencias de amparo! Y todavía hay otros 26 casos en estudio. Parece que el Tribunal está sacándoles las castañas del fuego, porque la cosa se puso muy seria, diay.
Y encima, la Contraloría sigue renegando, diciendo que sí necesitan una reforma de ley para usar esos fondos. Según ellos, solo se puede usar el 0,5% de Fodesaf, y eso ya se gastó. El diputado Jonathan Acuña, hartito de tanto papeleo, ya le envió otra solicitud a la Contraloría para que agilice el proceso. Quiere saber si tienen alguna forma de ayudar a estas familias, y rápido. ¡Este caso está más complicado que un baile de toros!
Ahora, pa' terminar... ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el Gobierno está haciendo lo suficiente para solucionar este lío? ¿Es justo que estas familias tengan que pasar por tanta angustia mientras las autoridades discuten sobre leyes y presupuestos? Vamos, compartan sus ideas en el foro, ¡porque este tema nos afecta a todos!
