La mayoría de los alcaldes del Caribe, la iglesia católica y las navieras están a favor de que los puertos de Limón y Moín pasen a manos de empresas privadas, que paguen un canon para financiar obras sociales en la provincia.
Una asamblea que tendría votación secreta
También avalan que los trabajadores de Japdeva convoquen a una asamblea, voten y decidan si entregan los muelles a cambio de una millonaria indemnización.
La propuesta de que una empresa administre y modernice las viejas instalaciones y construya un nuevo puerto para contenedores ya cuenta con el aval de las alcaldías de Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo.
El único que tiene críticas es el alcalde del cantón central de Limón, Eduardo Barboza Orias.
El funcionario dijo que “no puede estar a favor de una iniciativa que pueda perjudicar la paz social” del cantón.
“Yo estoy a favor de la concesión, siempre que sea de obra nueva y que a Japdeva se le concedan herramientas para competir libremente”, agregó.
Sin embargo, Barboza aseguró que respeta el proceso y que no quiere ser un “obstáculo para que el presidente Arias cumpla con sus promesas de Gobierno”.
El proceso de concesión que impulsa la administración Arias pretende que una firma privada administre los viejos muelles y construya un nuevo puerto para atender contenedores en Moín.
A cambio, el Gobierno le ofrece a los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) un paquete de indemnizaciones de $137 millones.
Sin embargo, la cúpula sindical de Japdeva rechaza la propuesta.
Una contraparte de trabajadores presentará este martes 21 de julio una carta con más de 700 firmas, para pedirle al sindicato una asamblea en la que se discuta la concesión y voten si apoyan o no el pago de la indemnización.
Respaldo. Helmut Dörsam, presidente de la Cámara de Armadores y Agentes de Vapores, se manifestó complacido de que un grupo de trabajadores de Japdeva proponga una consulta sobre la concesión.
“Es totalmente válido, legal y procedente que se realice la asamblea y que ellos decidan, porque hoy es una pequeña cúpula la que quiere decidir el destino de los 1.300 trabajadores de Japdeva”. agregó.
Enrique Alfaro, alcalde de Pococí, aseguró que respalda la concesión y que se vote entre los trabajadores de Japdeva, porque la concesión traería más dinero para obras viales o deportivas en el cantón.
Rugeli Morales, alcalde en Talamanca, también respalda el proceso y considera que si servirá para canalizar más recursos para la zona, “será bien recibido”.
Eso sí, sostuvo la necesidad de que Japdeva, “una empresa limonense, no desaparezca y siga como rector de puertos del Caribe”.
Por su parte, Édgar Cambronero, alcalde del cantón de Siquirres, cree que la concesión es una prioridad del Gobierno y que la modernización es necesaria para que el país ofrezca un servicio de calidad.
Pese a su respaldo, Cambronero duda de que el canon de desarrollo social que se le cobraría a un concesionario se reparta equitativamente en todos los cantones de Limón.
El contrato de concesión exige que el concesionario pague un canon del 15% de sus ingresos brutos para invertir en obras de infraestructura en la provincia.
La recepción de ofertas para la construcción del muelle nuevo está prevista para finales de agosto o principios de setiembre.
En esa recepción de ofertas no se incluyen los viejos puertos de Moín y Limón, porque el Gobierno no puede concesionarlos si el sindicato de trabajadores no acepta antes la indemnización
