Maes, pónganle atención a esta vara que se cocinó en Cuesta de Moras, porque tiene más tela que cortar que un vestido de quinceañera. Resulta que en un despliegue de unidad que ya quisiéramos ver para otros temas más urgentes, 41 diputados —o sea, casi todos— se pusieron de acuerdo para aprobar una ley que le cambia las reglas del juego a la plata de los partidos políticos. Sí, estamos hablando de la famosa y a veces controversial "deuda política". El asunto es que ahora los partidos no van a recibir un pellizco del 15% por adelantado para sus campañas, sino que les van a soltar de un solo tiro el 50%. La mitad del queque, así, de entrada, antes de que el primer candidato pegue un solo afiche.
Diay, ¿y de dónde salió este chunche? La propuesta original es del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio fue la que se encargó de meterle el hombro para que caminara en la Asamblea. La justificación suena bonita, no se puede negar. La idea es darle un respiro a los partidos, sobre todo a los más pequeños o a los nuevos, para que no tengan que empezar la campaña pidiendo fiado o, peor aún, buscando financistas con intenciones raras que después pasan la factura. Además, y ojo a este detalle, la vara ahora también aplica para las elecciones municipales, donde antes no había adelanto de nada. Se busca, en teoría, nivelar la cancha para que no solo los partidos con más harina puedan hacer bulla.
Pero como todo en la vida, la ley viene con letra menuda. No es que les dan el maletín con la plata y ¡vámonos! El texto establece cómo se debe repartir ese dinero. Un máximo del 80% se puede usar para lo que llaman "financiamientos directos". O sea, el brete del día a día de la campaña: giras, alquiler de locales, pago de planilla, gasolina, el cafecito para los voluntarios, etc. Eso sí, tienen que presentar facturas y justificar cada colón ante el TSE. El otro 20% va para "financiamientos indirectos", que es básicamente la pauta en medios (tele, radio, redes sociales), pero con un giro interesante: es el propio TSE el que la contrata y la distribuye de forma equitativa. Una forma de asegurarse que hasta el partido más humilde tenga su campito en la tele.
Ahora, aquí es donde la puerca tuerce el rabo y el debate se pone bueno. Por un lado, la lógica de la equidad y la transparencia es un golazo. Evitar que la política se financie con plata de dudosa procedencia es algo que todos queremos. Le da una oportunidad a nuevas figuras y propuestas de no morir en la orilla por falta de recursos. Sin embargo, soltar el 50% de la deuda política por adelantado es un voto de confianza gigante, pagado con el pisto de todos nosotros. ¿Qué pasa si un partido nuevo se inscribe, recibe un platal, se jala una torta monumental en la campaña o saca tres gatos en las elecciones? Ese dinero ya se gastó. Los controles tienen que ser de acero para que esta medida no se convierta en un despilfarro.
Al final, esta ley es un arma de doble filo. Puede ser la herramienta que modernice y limpie el financiamiento de las campañas, abriendo la puerta a una democracia más participativa. O podría terminar siendo un portillo para que la plata pública se vaya en campañas fallidas con muy poca supervisión real sobre el impacto de ese gasto. Ya el texto pasó a Casa Presidencial para la firma, así que esto ya es casi un hecho. La pregunta queda en el aire, maes, y es la que de verdad importa: ¿Estamos ante un avance para fortalecer nuestra democracia o es simplemente una forma más sofisticada de repartir la plata pública sin garantías reales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiro por la culata o un movimiento necesario?
Diay, ¿y de dónde salió este chunche? La propuesta original es del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y la diputada Sofía Guillén del Frente Amplio fue la que se encargó de meterle el hombro para que caminara en la Asamblea. La justificación suena bonita, no se puede negar. La idea es darle un respiro a los partidos, sobre todo a los más pequeños o a los nuevos, para que no tengan que empezar la campaña pidiendo fiado o, peor aún, buscando financistas con intenciones raras que después pasan la factura. Además, y ojo a este detalle, la vara ahora también aplica para las elecciones municipales, donde antes no había adelanto de nada. Se busca, en teoría, nivelar la cancha para que no solo los partidos con más harina puedan hacer bulla.
Pero como todo en la vida, la ley viene con letra menuda. No es que les dan el maletín con la plata y ¡vámonos! El texto establece cómo se debe repartir ese dinero. Un máximo del 80% se puede usar para lo que llaman "financiamientos directos". O sea, el brete del día a día de la campaña: giras, alquiler de locales, pago de planilla, gasolina, el cafecito para los voluntarios, etc. Eso sí, tienen que presentar facturas y justificar cada colón ante el TSE. El otro 20% va para "financiamientos indirectos", que es básicamente la pauta en medios (tele, radio, redes sociales), pero con un giro interesante: es el propio TSE el que la contrata y la distribuye de forma equitativa. Una forma de asegurarse que hasta el partido más humilde tenga su campito en la tele.
Ahora, aquí es donde la puerca tuerce el rabo y el debate se pone bueno. Por un lado, la lógica de la equidad y la transparencia es un golazo. Evitar que la política se financie con plata de dudosa procedencia es algo que todos queremos. Le da una oportunidad a nuevas figuras y propuestas de no morir en la orilla por falta de recursos. Sin embargo, soltar el 50% de la deuda política por adelantado es un voto de confianza gigante, pagado con el pisto de todos nosotros. ¿Qué pasa si un partido nuevo se inscribe, recibe un platal, se jala una torta monumental en la campaña o saca tres gatos en las elecciones? Ese dinero ya se gastó. Los controles tienen que ser de acero para que esta medida no se convierta en un despilfarro.
Al final, esta ley es un arma de doble filo. Puede ser la herramienta que modernice y limpie el financiamiento de las campañas, abriendo la puerta a una democracia más participativa. O podría terminar siendo un portillo para que la plata pública se vaya en campañas fallidas con muy poca supervisión real sobre el impacto de ese gasto. Ya el texto pasó a Casa Presidencial para la firma, así que esto ya es casi un hecho. La pregunta queda en el aire, maes, y es la que de verdad importa: ¿Estamos ante un avance para fortalecer nuestra democracia o es simplemente una forma más sofisticada de repartir la plata pública sin garantías reales? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiro por la culata o un movimiento necesario?
