¡Ay, Dios mío! La cosa está que arde, mi gente. Resulta que el director del OIJ, Randall Zúñiga, le pegó un buen concienzudo a los diputados en la Comisión de Economía. Vino con toda la bronca porque, según él, le están secando hasta el último chícharo al Organismo de Investigación Judicial, y eso, mis queridos, le está echando leña al fuego del crimen organizado. ¡Qué despiche!
Zúñiga soltó la bomba explicando que cada vez que le recorten un colón al OIJ o a la Fiscalía, básicamente le están poniendo alfombra roja a los maleantes. Dijo que esto es como darle un abrazo gratis a los cárteles, a los jíbaros y a todos esos tipos que andan haciendo macanas en el país. La verdad, la cosa suena fea, ¿verdad?
Y ni hablar de los números. Según el director, necesitan desesperadamente reforzar plantillas en la Sala Constitucional, en los juzgados penales, y hasta en la administración interna. Quiere decir que hay casos que se están tragando en el limbo, procesos judiciales que se estiran tanto como el chicle, y funcionarios sobrecargadísimos que ya no dan abasto. ¡Un brete pa’ ellos!
Lo que más sacó chispa fue cuando Zúñiga puso contra la pared al ministro Rudolf Lücke. Le preguntó cómo es posible que sí puedan destinar varitas mágicas para crear 220 nuevos puestos en el Ministerio de Seguridad, pero no pueden encontrar ni un cafécito para llenar las vacantes en el OIJ y el Ministerio Público. Ahí se vio la diferencia entre invertir en prevenir el delito y estar apagando incendios con una manguera hecha tijeras.
La diputada Paulina Ramírez, de Liberación Nacional, también se sumó al debate, diciendo que quedó clarísimo que estamos en aguas profundas. “No hay recursos suficientes para enfrentar el crimen organizado, la violencia doméstica y el narcotráfico. Esto no es un problema de un partido político, esto es un problema nacional,” sentenció, y con razón. Porque si seguimos así, vamos a acabar como en esas novelas turcas donde la injusticia es la norma.
Algunos analistas políticos opinan que este tema refleja una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales de las instituciones encargadas de proteger a la población. Parece que en Hacienda tienen la cabeza en otro planeta y no entienden que la seguridad ciudadana no es un lujo, es una necesidad básica. Además, dicen que es una clara muestra de prioridades equivocadas, donde lo político parece pesar más que lo práctico.
Pero no todo está perdido, todavía hay esperanza. Muchos ciudadanos están exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Se están organizando protestas pacíficas, se están creando peticiones online, y la gente está demostrando que no va a quedarse callada mientras el crimen organizado nos roba la tranquilidad. Al final, este es nuestro país y tenemos derecho a vivir seguros, sin miedo a salir a la calle.
Entonces, mi gente, aquí les dejo la gran pregunta: ¿Debería el Gobierno reconsiderar la asignación presupuestaria para el OIJ y la Fiscalía, incluso si eso implica recortar fondos en otras áreas? ¿Es prioritario fortalecer la investigación criminal o se deberían enfocar los esfuerzos en otros aspectos de la seguridad pública? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema tan candente!
Zúñiga soltó la bomba explicando que cada vez que le recorten un colón al OIJ o a la Fiscalía, básicamente le están poniendo alfombra roja a los maleantes. Dijo que esto es como darle un abrazo gratis a los cárteles, a los jíbaros y a todos esos tipos que andan haciendo macanas en el país. La verdad, la cosa suena fea, ¿verdad?
Y ni hablar de los números. Según el director, necesitan desesperadamente reforzar plantillas en la Sala Constitucional, en los juzgados penales, y hasta en la administración interna. Quiere decir que hay casos que se están tragando en el limbo, procesos judiciales que se estiran tanto como el chicle, y funcionarios sobrecargadísimos que ya no dan abasto. ¡Un brete pa’ ellos!
Lo que más sacó chispa fue cuando Zúñiga puso contra la pared al ministro Rudolf Lücke. Le preguntó cómo es posible que sí puedan destinar varitas mágicas para crear 220 nuevos puestos en el Ministerio de Seguridad, pero no pueden encontrar ni un cafécito para llenar las vacantes en el OIJ y el Ministerio Público. Ahí se vio la diferencia entre invertir en prevenir el delito y estar apagando incendios con una manguera hecha tijeras.
La diputada Paulina Ramírez, de Liberación Nacional, también se sumó al debate, diciendo que quedó clarísimo que estamos en aguas profundas. “No hay recursos suficientes para enfrentar el crimen organizado, la violencia doméstica y el narcotráfico. Esto no es un problema de un partido político, esto es un problema nacional,” sentenció, y con razón. Porque si seguimos así, vamos a acabar como en esas novelas turcas donde la injusticia es la norma.
Algunos analistas políticos opinan que este tema refleja una desconexión preocupante entre el gobierno y las necesidades reales de las instituciones encargadas de proteger a la población. Parece que en Hacienda tienen la cabeza en otro planeta y no entienden que la seguridad ciudadana no es un lujo, es una necesidad básica. Además, dicen que es una clara muestra de prioridades equivocadas, donde lo político parece pesar más que lo práctico.
Pero no todo está perdido, todavía hay esperanza. Muchos ciudadanos están exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Se están organizando protestas pacíficas, se están creando peticiones online, y la gente está demostrando que no va a quedarse callada mientras el crimen organizado nos roba la tranquilidad. Al final, este es nuestro país y tenemos derecho a vivir seguros, sin miedo a salir a la calle.
Entonces, mi gente, aquí les dejo la gran pregunta: ¿Debería el Gobierno reconsiderar la asignación presupuestaria para el OIJ y la Fiscalía, incluso si eso implica recortar fondos en otras áreas? ¿Es prioritario fortalecer la investigación criminal o se deberían enfocar los esfuerzos en otros aspectos de la seguridad pública? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema tan candente!
