El 2009 no ha sido pródigo en buenas noticias para el país. Empezando por la contracción económica y la epidemia de gripe AH1N1, han sido tantas las malas noticias, que se ha escapado de la atención pública una de las peores: el aumento de la tasa de homicidios en el país en el 2008.
Ese indicador –el más básico en materia de seguridad ciudadana– pasó de 8,2 homicidios dolosos por 100.000 habitantes en 2007 a 11,2 un año después, un aumento del 37 por ciento, inédito en nuestra historia. La tasa de homicidios de Costa Rica está hoy prácticamente a la par de la de México, con todo y su guerra no declarada entre el Estado y los carteles de narcotráfico. Más importante aún, este dato marca la primera vez en que Costa Rica supera la barrera de 10 homicidios por 100.000 habitantes, a partir de la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el homicidio se convierte en un problema serio de salud pública.
Los problemas de seguridad ciudadana del país –de los que la tasa de homicidios es solo el síntoma más visible– han entrado en una nueva fase, mucho más crítica. Si añadimos el carácter inercial de la violencia (está demostrado que cuanto más crece, más tiende a crecer) y la creciente evidencia del desbordamiento del conflicto mexicano a Centroamérica, es claro que el país está parado al borde de un abismo. Ninguna tarea nacional es más urgente que detener esta espiral de violencia, que puede poner en riesgo todo lo que como sociedad hemos construido.
Estrategias sostenibles. Urgen, pues, estrategias sostenibles para lidiar con la inseguridad. Para ello el país debe asumir, sin demora, varias tareas. Por ahora, me referiré a las primeras dos:
� Replantear la discusión . Eso implica resistir los estridentes llamados a resolver el problema mediante políticas de “mano dura” y el retorcido populismo represivo, que casi siempre falla en bajar los niveles de criminalidad, pero nunca falla en vulnerar las garantías del Estado de Derecho. La experiencia de Honduras y El Salvador es elocuente. En Honduras, la adopción desde el 2002 de sucesivos planes contra la delincuencia con ribetes represivos no cambió gran cosa: el país mostraba en el 2008 los mismos 56 homicidios por 100.000 habitantes que tenía en el 2002, casi con seguridad la cifra más alta del mundo. El caso de El Salvador es aún peor. Ni el Plan de Mano Dura (2003) ni el de Super Mano Dura (2004), impidieron que el número de homicidios en ese país aumentara casi un 50 por ciento entre 2003 y 2008.
La forma sostenible de ganar la lucha contra la delincuencia consiste en poner en práctica estrategias efectivas de prevención social y profundizar el compromiso del país con políticas orientadas al desarrollo humano, la reducción de la desigualdad y la expansión de las oportunidades de los jóvenes. Los 30 primeros países en la lista del Índice de Desarrollo Humano del PNUD –entre los que no figura ninguno de América Latina– tienen, en promedio, una tasa de homicidio de 1,6 por 100.000 habitantes. Eso no es casual.
Con todo, la prevención social debe ser calibrada con un sentido de urgencia y con el reconocimiento de que el uso robusto de la coerción estatal, dentro de los límites del Estado de Derecho, es ineludible en la lucha contra la delincuencia. Esto es particularmente cierto sobre la criminalidad organizada, que demanda menos prevención social y un uso mayor de los instrumentos de inteligencia y coerción. No importa cuán efectiva sea la prevención social en el largo plazo, es insuficiente para resolver el desafío político que la inseguridad ciudadana plantea para los Gobiernos en el corto plazo. Las mejores experiencias de reducción de los niveles de delincuencia muestran que el reto consiste en combinar “cero tolerancia” a la delincuencia con “cero tolerancia” a la exclusión social.
Pero también es imprescindible moderar el discurso y las expectativas. No hay solución fácil al aumento de la delincuencia y hay que decirlo. Es necesario preparar a la sociedad para un esfuerzo prolongado. Desconfiemos mucho de los demagogos y curanderos que armados con el lenguaje de “mano dura” ofrecen pomadas canarias para resolver nuestros quebrantos en el corto plazo. Eso no funciona así.
Invertir en información . En el corto plazo, la lucha contra la delincuencia requiere muchas cosas, pero ninguna es más importante que la información. La ciudad de Nueva York no vio desplomarse sus niveles de delincuencia solo por la política de “cero tolerancia” del exalcalde Guiliani. Esa fue apenas una parte –y acaso la más controversial– del esfuerzo. Lo fundamental fue Comstat , el sistema informático de estadística introducido por el comisionado de Policía de Guiliani, Bill Bratton. Con él fue posible dar seguimiento, prácticamente en tiempo real, al comportamiento de la delincuencia en toda la ciudad. Ello permitió identificar sitios críticos y tendencias, pero más importante aún definir líneas de base, poner objetivos, definir responsabilidades para cada comisaría y premiar el desempeño exitoso. Todo esto es una quimera en Costa Rica, un país donde el Ministerio de Seguridad no cuenta siquiera con encuestas de victimización periódicas; donde, de acuerdo con un informe elaborado por el Poder Judicial hace algunos años, casi el 40 por ciento de los partes policiales es ininteligible y una parte significativa de los despachos judiciales no tiene la capacidad para establecer en tiempo real si un infractor tiene antecedentes penales o causas judiciales pendientes. Mientras no se invierta mucho en la generación y procesamiento intensivo de datos sobre la criminalidad, seguiremos condenados a que la política de seguridad se haga al son de ocurrencias. Esto es solo el principio. En el próximo artículo, veremos otras cinco líneas de acción prioritarias.
