¡Ay, Dios mío, qué vara! Resulta que la Comisión de Asuntos Hacendarios cerró este jueves la discusión del presupuesto para el 2026, y vaya si hubo movida. Entre mociones y cambios, parece que se armó un brete considerable, con figuras políticas dando para todos lados.
Al final, presentáronse 96 mociones, y de ahí, le dieron luz verde a 48. Lo raro de todo esto es que muchísimas de estas mociones aprobadas –casi la mitad, dicen– sacan billetes de los intereses de la deuda pública para meterlos en otras cosas. Principalmente, a seguridad y educación. ¡Un toque!
Y aquí es donde empieza el chinchorreo, mae. Pilar Cisneros, diputada muy conocida por su firmeza, lanzó unas cuantas indirectas, calificando de irresponsables a quienes andan moviendo la guagua así. Ella dice que tomarle plata a los intereses es como jugar con fuego. Por otro lado, Paulina Ramírez, la verdiblanca, argumenta que sí se hizo el estudio pertinente y que el dinero que se está moviendo es, supuestamente, una sobreestimación que hizo el Ministerio de Hacienda. ¡Uf, qué lío!
Según los números de El Observador, cerca de 27 enmiendas aprobadas sacaron unos ¢51 mil millones de los intereses de la deuda. ¡Un dineral, pura vida! Y todavía faltan revisar otras 24 mociones, así que podríamos estar viendo cifras aún más altas. Parece que hasta el jueves tienen que definirlo todo para pasárselo al Plenario.
Vamos por partes, porque esto es bastante pa entender. Por ejemplo, el miércoles ya le habían dado un empujoncito de ¢8.600 millones al Ministerio Público y al OIJ. Ese dinero se repartió entre 53 plazas para la Fiscalía de Género (¢2.633 millones), 46 puestos en la Fiscalía General (¢1.816 millones), 178 plazas para el OIJ (¢3.538 millones), y hasta para la Policía Judicial (¢700 millones, entre equipo de transporte y arreglos a los edificios). ¡Imagínate, hasta a la poli le metieron mano!
Pero eso no es todo, chunches. También aprobaron ¢1.500 millones para la Cruz Roja y otros ¢2.000 millones para las asociaciones de desarrollo comunitario. Se ve que quieren cubrir todos los frentes. Ahora bien, el tema educativo tampoco se quedó atrás. Le dieron dos bocadillos de ¢2.962 millones cada uno, uno para mejorar los comedores escolares y otro para facilitar el transporte estudiantil. ¡Así los pajaritos comen bien!
Y ni hablar del programa Avancemos, que recibió un buen juguito de ¢6.600 millones, y la Red de Cuido, que se llevó ¢7.860 millones. Además, le echaron mano al TEC, dándole ¢4.900 millones para construir una nueva sede en Pérez Zeledón (¢2.000 millones) y otra en la zona sur de Puntarenas (¢1.500 millones). Los ¢1.400 millones restantes van para trabajos de infraestructura generales. ¡Parece que la educación sí que tiene prioridades!
Y para rematar, le inyectaron ¢10.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el Régimen no Contributivo. Con todo esto, el presupuesto total para 2026 asciende a unos ¢12,7 billones de colones. ¡Una cifra redonda, maese! Total, todo esto nos deja pensando: ¿Es realmente justificable sacar dinero de los intereses de la deuda para financiar estos proyectos, o estamos simplemente parcheando problemas sin atacar las causas reales? ¿Deberíamos buscar alternativas para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de nuestro país?
Al final, presentáronse 96 mociones, y de ahí, le dieron luz verde a 48. Lo raro de todo esto es que muchísimas de estas mociones aprobadas –casi la mitad, dicen– sacan billetes de los intereses de la deuda pública para meterlos en otras cosas. Principalmente, a seguridad y educación. ¡Un toque!
Y aquí es donde empieza el chinchorreo, mae. Pilar Cisneros, diputada muy conocida por su firmeza, lanzó unas cuantas indirectas, calificando de irresponsables a quienes andan moviendo la guagua así. Ella dice que tomarle plata a los intereses es como jugar con fuego. Por otro lado, Paulina Ramírez, la verdiblanca, argumenta que sí se hizo el estudio pertinente y que el dinero que se está moviendo es, supuestamente, una sobreestimación que hizo el Ministerio de Hacienda. ¡Uf, qué lío!
Según los números de El Observador, cerca de 27 enmiendas aprobadas sacaron unos ¢51 mil millones de los intereses de la deuda. ¡Un dineral, pura vida! Y todavía faltan revisar otras 24 mociones, así que podríamos estar viendo cifras aún más altas. Parece que hasta el jueves tienen que definirlo todo para pasárselo al Plenario.
Vamos por partes, porque esto es bastante pa entender. Por ejemplo, el miércoles ya le habían dado un empujoncito de ¢8.600 millones al Ministerio Público y al OIJ. Ese dinero se repartió entre 53 plazas para la Fiscalía de Género (¢2.633 millones), 46 puestos en la Fiscalía General (¢1.816 millones), 178 plazas para el OIJ (¢3.538 millones), y hasta para la Policía Judicial (¢700 millones, entre equipo de transporte y arreglos a los edificios). ¡Imagínate, hasta a la poli le metieron mano!
Pero eso no es todo, chunches. También aprobaron ¢1.500 millones para la Cruz Roja y otros ¢2.000 millones para las asociaciones de desarrollo comunitario. Se ve que quieren cubrir todos los frentes. Ahora bien, el tema educativo tampoco se quedó atrás. Le dieron dos bocadillos de ¢2.962 millones cada uno, uno para mejorar los comedores escolares y otro para facilitar el transporte estudiantil. ¡Así los pajaritos comen bien!
Y ni hablar del programa Avancemos, que recibió un buen juguito de ¢6.600 millones, y la Red de Cuido, que se llevó ¢7.860 millones. Además, le echaron mano al TEC, dándole ¢4.900 millones para construir una nueva sede en Pérez Zeledón (¢2.000 millones) y otra en la zona sur de Puntarenas (¢1.500 millones). Los ¢1.400 millones restantes van para trabajos de infraestructura generales. ¡Parece que la educación sí que tiene prioridades!
Y para rematar, le inyectaron ¢10.000 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el Régimen no Contributivo. Con todo esto, el presupuesto total para 2026 asciende a unos ¢12,7 billones de colones. ¡Una cifra redonda, maese! Total, todo esto nos deja pensando: ¿Es realmente justificable sacar dinero de los intereses de la deuda para financiar estos proyectos, o estamos simplemente parcheando problemas sin atacar las causas reales? ¿Deberíamos buscar alternativas para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo de nuestro país?
