¡Duro, duro! El ambiente está que arde en Naranjo. Resulta que el Gobierno, junto con el AyA, decidieron meterle mano al tema del agua para el proyecto habitacional La Esperanza, dejando a la Municipalidad local más que molesta. Parece que esto del agua se le está complicando a varios, y ahora tenemos un agarrón que promete echar humo.
La jugada del AyA, respaldada por la Fuerza Pública – aunque aseguran que no fueron 50 efectivos como algunos empezaron a gritar por redes sociales– fue conectar la tubería directamente este sábado. La Municipalidad, claro, no se quedó calladita y denunció a viva voz una invasión a su autonomía. Dicen que la Fuerza Pública hasta dañó la calle para poder hacer la conexión, ¡qué bronca!
Todo esto viene arrastrando varias semanas de tensión, con el presidente Chaves soltando advertencias casi todas las semanas en sus conferencias de prensa. Desde el principio él estaba empujando porque se hiciera la conexión, amenazando incluso con quitarles la administración del acueducto si no cumplían. Parece que el asunto tiene raíces más profundas que solo el proyecto habitacional, muchos dicen que es una venganza personal del presidente contra el alcalde Randall Vega.
El alcalde Vega, por su parte, alega que el presidente lo está persiguiendo desde que lo sacaron del puesto de viceministro de Seguridad Pública, acusándolo de amañar una licitación. Aunque luego lo absolvieron, parece que la espina clavada sigue ahí. Ahora dice que la intervención del AyA es una muestra más de autoritarismo y abuso de poder por parte del Gobierno Central, ¡tremendo lío!
Según el AyA, no hay problema, tienen suficiente agua para todos. Aseguran que incluso revisaron toda la documentación presentada por la municipalidad y que los estudios técnicos confirman que hay capacidad para abastecer al nuevo proyecto sin afectar a los más de 12 mil habitantes del centro de Naranjo. Lourdes Sáurez, la presidenta ejecutiva del AyA, fue clara: “No podemos permitir que el agua se utilice como un cheque de cambio”.
Pero la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) salió en defensa de la Municipalidad, diciendo que este caso está todavía en manos del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Constitucional. Juan Diego Gómez, el presidente de la UNGL, expresó su preocupación por lo que consideran un ataque directo a la autonomía municipal, alertando sobre un clima de confrontación innecesario. Según ellos, el gobierno central no debería estar tomando decisiones unilaterales mientras los temas están en los tribunales.
Mientras tanto, la gente de La Esperanza, que esperaban ansiosamente tener agua potable en sus hogares, mira todo esto con incertidumbre. Después de tanto esfuerzo y promesas, siguen sin saber cuándo podrán finalmente disfrutar de este servicio básico. Y encima, ahora tienen que lidiar con un conflicto político que parece no tener fin. Más allá de la política, la realidad es que necesitan agua para vivir y criar a sus familias, ¡diay!
Ahora bien, ¿cree usted que el gobierno debió intervenir de la forma en que lo hizo, o debería haber esperado a que los tribunales resolvieran el caso? ¿Y cuál cree que será el impacto de esta controversia en la relación entre el gobierno central y las municipalidades en Costa Rica?
La jugada del AyA, respaldada por la Fuerza Pública – aunque aseguran que no fueron 50 efectivos como algunos empezaron a gritar por redes sociales– fue conectar la tubería directamente este sábado. La Municipalidad, claro, no se quedó calladita y denunció a viva voz una invasión a su autonomía. Dicen que la Fuerza Pública hasta dañó la calle para poder hacer la conexión, ¡qué bronca!
Todo esto viene arrastrando varias semanas de tensión, con el presidente Chaves soltando advertencias casi todas las semanas en sus conferencias de prensa. Desde el principio él estaba empujando porque se hiciera la conexión, amenazando incluso con quitarles la administración del acueducto si no cumplían. Parece que el asunto tiene raíces más profundas que solo el proyecto habitacional, muchos dicen que es una venganza personal del presidente contra el alcalde Randall Vega.
El alcalde Vega, por su parte, alega que el presidente lo está persiguiendo desde que lo sacaron del puesto de viceministro de Seguridad Pública, acusándolo de amañar una licitación. Aunque luego lo absolvieron, parece que la espina clavada sigue ahí. Ahora dice que la intervención del AyA es una muestra más de autoritarismo y abuso de poder por parte del Gobierno Central, ¡tremendo lío!
Según el AyA, no hay problema, tienen suficiente agua para todos. Aseguran que incluso revisaron toda la documentación presentada por la municipalidad y que los estudios técnicos confirman que hay capacidad para abastecer al nuevo proyecto sin afectar a los más de 12 mil habitantes del centro de Naranjo. Lourdes Sáurez, la presidenta ejecutiva del AyA, fue clara: “No podemos permitir que el agua se utilice como un cheque de cambio”.
Pero la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) salió en defensa de la Municipalidad, diciendo que este caso está todavía en manos del Tribunal Contencioso Administrativo y de la Sala Constitucional. Juan Diego Gómez, el presidente de la UNGL, expresó su preocupación por lo que consideran un ataque directo a la autonomía municipal, alertando sobre un clima de confrontación innecesario. Según ellos, el gobierno central no debería estar tomando decisiones unilaterales mientras los temas están en los tribunales.
Mientras tanto, la gente de La Esperanza, que esperaban ansiosamente tener agua potable en sus hogares, mira todo esto con incertidumbre. Después de tanto esfuerzo y promesas, siguen sin saber cuándo podrán finalmente disfrutar de este servicio básico. Y encima, ahora tienen que lidiar con un conflicto político que parece no tener fin. Más allá de la política, la realidad es que necesitan agua para vivir y criar a sus familias, ¡diay!
Ahora bien, ¿cree usted que el gobierno debió intervenir de la forma en que lo hizo, o debería haber esperado a que los tribunales resolvieran el caso? ¿Y cuál cree que será el impacto de esta controversia en la relación entre el gobierno central y las municipalidades en Costa Rica?
