¡Ay, Dios mío! La Fiscalía anda con lupa y todo, porque parece que alguien se mandó una torta monumental con nuestros aguacates. Hablamos de una estafa inmobiliaria que podría dejar al país varado en un pozo de $92 millones, ¡una cifra que hasta duele en el bolsillo!
Todo empezó como un rumorcito en la oficina, esos que circulan como el viento entre los bruñidores de banquitos. Pero resultó que eran más que cotillas; era la punta del iceberg de una investigación penal que ahora tiene a la Fiscalía de Probidad moviéndose como chancletas en asfalto caliente. Este miércoles, hicieron unos allanamientos que sacudieron hasta los cimientos de varias oficinas, buscando pruebas de cómo se compraron propiedades a precios infladísimos.
El ojo del huracán es la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI), que resulta que compró nueve proyectos inmobiliarios en esas condiciones bizcas que nadie entiende. Imaginen pagarle al vecino por un terreno sin saber si tiene escrituras ni permisos… ¡Una barbaridad, mae!
Y hablando de terrenos, el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) es el ejemplo más claro de esta ‘torta’. Originalmente valuado en $70 millones, este lugar parecía ser la gallina de los huevos de oro. Resulta que lo compraron sin planos aprobados, sin permisos construidos y, lo peor de todo, sin capacidad de generar ingresos. ¡Un elefante blanco colosal que nos salió por los ojos!
Ronald Segura, el coordinador de la Fiscalía, no se anduvo con rodeos: “Estamos indagando por qué se aprobaron compras de proyectos aún inconclusos”. Claramente, alguien no estaba leyendo bien las barras o se le olvidó preguntar antes de firmar cheques tan jugosos. Lo que pasa es que ahí meten pureza, pura lana de nuestros bolsillos, y eso no se puede permitir, diay.
Y la cosa se pone más turbia porque, según la investigación, hay gente conectada políticamente involucrada en esta maraña. Aparecen nombres de un exdiputado, Humberto Vargas Corrales, y su hijo, quienes vendían algunos de estos proyectos dudosos. ¡Eso sí que apesta a corrupción!
Pero lo más preocupante es que la Fiscalía cree que hubo destrucción de evidencia digital. Dicen que discos duros claves se fueron al traste, borrando pistas cruciales sobre estas negociaciones. ¡Parece guion de película de espías, pero es nuestra realidad, maes! Sumado a eso, también están investigando a exjerarcas del BCR, algunos de los cuales ya tuvieron problemas en el famoso 'Cementazo'. Esto huele a podrido desde hace tiempo.
Ahora, ¿por qué debería importarte todo esto, chunche? Simple: el dinero que se usó para estas compras viene de nuestros fondos de inversión, que son alimentados con nuestros ahorros y pensiones. Sugeval ya amonestó al BCR y les exigió $42 millones para cubrir el agujero del PEP, demostrando que pagamos de más por una ganga. Así que, dime tú, ¿qué piensas de toda esta vaina? ¿Crees que deberían meterle puro marote a los responsables o deberíamos enfocarnos en recuperar lo perdido?
Todo empezó como un rumorcito en la oficina, esos que circulan como el viento entre los bruñidores de banquitos. Pero resultó que eran más que cotillas; era la punta del iceberg de una investigación penal que ahora tiene a la Fiscalía de Probidad moviéndose como chancletas en asfalto caliente. Este miércoles, hicieron unos allanamientos que sacudieron hasta los cimientos de varias oficinas, buscando pruebas de cómo se compraron propiedades a precios infladísimos.
El ojo del huracán es la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI), que resulta que compró nueve proyectos inmobiliarios en esas condiciones bizcas que nadie entiende. Imaginen pagarle al vecino por un terreno sin saber si tiene escrituras ni permisos… ¡Una barbaridad, mae!
Y hablando de terrenos, el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) es el ejemplo más claro de esta ‘torta’. Originalmente valuado en $70 millones, este lugar parecía ser la gallina de los huevos de oro. Resulta que lo compraron sin planos aprobados, sin permisos construidos y, lo peor de todo, sin capacidad de generar ingresos. ¡Un elefante blanco colosal que nos salió por los ojos!
Ronald Segura, el coordinador de la Fiscalía, no se anduvo con rodeos: “Estamos indagando por qué se aprobaron compras de proyectos aún inconclusos”. Claramente, alguien no estaba leyendo bien las barras o se le olvidó preguntar antes de firmar cheques tan jugosos. Lo que pasa es que ahí meten pureza, pura lana de nuestros bolsillos, y eso no se puede permitir, diay.
Y la cosa se pone más turbia porque, según la investigación, hay gente conectada políticamente involucrada en esta maraña. Aparecen nombres de un exdiputado, Humberto Vargas Corrales, y su hijo, quienes vendían algunos de estos proyectos dudosos. ¡Eso sí que apesta a corrupción!
Pero lo más preocupante es que la Fiscalía cree que hubo destrucción de evidencia digital. Dicen que discos duros claves se fueron al traste, borrando pistas cruciales sobre estas negociaciones. ¡Parece guion de película de espías, pero es nuestra realidad, maes! Sumado a eso, también están investigando a exjerarcas del BCR, algunos de los cuales ya tuvieron problemas en el famoso 'Cementazo'. Esto huele a podrido desde hace tiempo.
Ahora, ¿por qué debería importarte todo esto, chunche? Simple: el dinero que se usó para estas compras viene de nuestros fondos de inversión, que son alimentados con nuestros ahorros y pensiones. Sugeval ya amonestó al BCR y les exigió $42 millones para cubrir el agujero del PEP, demostrando que pagamos de más por una ganga. Así que, dime tú, ¿qué piensas de toda esta vaina? ¿Crees que deberían meterle puro marote a los responsables o deberíamos enfocarnos en recuperar lo perdido?
