¡Ay, Dios mío! Esto se pone feísimo, amigos del Foro. La Policía Penitenciaria sigue sacando hasta las ranas del barro y metiendo allanaos en este maje de corrupción que ha agarrado las cárceles. Ya van 64 funcionarios policiales y administrativos los que tienen que ponerle cara a la Fiscalía por cosas turbias, y eso sin contar los proveedores que andaban haciendo tratos raros.
Todo comenzó con unas revisiones rutinarias en La Reforma, donde encontraron a una funcionaria, doña Escobar Mora, portando unos cargadores USB sospechosos. Uno tenía permiso, sí, pero el otro... ¡diay!, ahí saltaron todas las alarmas. Luego salió a relucir que un oficial, Buzano Zúñiga, también andaba escondido un disco duro con USB en el bolsillo, intentando pasarla como si nada. Este brete se puso más grande de lo que nadie esperaba.
Pero eso no es todo, pues en la UAI Pabru Presberi, en Pérez Zeledón, decomisaron más chunches prohibidos. Bermúdez, el de supervisión, tenía un manito libre, un cargador y hasta una llave maya USB guardada. ¡Imagínate qué cositas estaban planeando hacer esos señores! Y para rematar, Rubí Jiménez, encargada del transporte, estaba llevando un teléfono celular a escondidas. ¡Qué sal!
Ahora resulta que los proveedores tampoco eran tan inocentes. García y Zúñiga, capturados con celulares cada uno, no se molestaron en pedir permisos para entrar con sus aparatos. ¡Una irresponsabilidad tremenda! La Fiscalía, claro, no tardó en ordenar el decomiso de todos esos dispositivos, que ahora están dando vueltas buscando pistas de quién está detrás de todo esto. Parece que hay una maraña de contactos y complicidades bien tejida dentro del sistema.
Este escándalo nos hace cuestionarnos cómo diablos llegaron estos individuos a puestos de confianza. ¿Cómo pudieron burlar los controles y permitir el ingreso de tantos objetos prohibidos a las cárceles? No es ninguna sorpresa, la verdad. Siempre hemos sabido que el sistema penitenciario necesitaba una limpieza profunda, pero parece que la cosa se fue al traste antes de que pudiéramos empezar a ver cambios reales. Ahora, toca pagar las consecuencias.
Las autoridades aseguran que estas acciones forman parte de un compromiso institucional con la legalidad y la transparencia, y que no tolerarán ningún tipo de corrupción. Pero, sinceramente, con tanta evidencia de irregularidades, cuesta creerles. Habrá que estar ojo avizor para ver si realmente toman medidas contundentes para evitar que esto vuelva a suceder. Porque, a ver, ¿de qué sirve prometer cero tolerancia si luego seguimos viendo las mismas caras metidas en broncas?
Y hablando de broncas, me pregunto si esto va a llegar hasta las altas esferas del Ministerio de Justicia. ¿Habrá jefes involucrados en este maje? ¿Alguien sabía de lo que estaba pasando y decidió hacer la vista gorda? No creo que sean solo unos cuantos funcionarios de bajo rango los que estén detrás de todo esto. Hay mucho dinero de por medio y, como sabemos, el poder corrompe, mi pana.
Definitivamente, este caso es un golpe muy duro para la imagen del sistema penitenciario y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. ¿Será posible recuperar esa confianza perdida? ¿Creen ustedes que el gobierno tomará medidas efectivas para erradicar la corrupción en las cárceles o simplemente serán promesas vacías? Dejen sus opiniones en el foro, ¡quiero saber qué piensan al respecto!
Todo comenzó con unas revisiones rutinarias en La Reforma, donde encontraron a una funcionaria, doña Escobar Mora, portando unos cargadores USB sospechosos. Uno tenía permiso, sí, pero el otro... ¡diay!, ahí saltaron todas las alarmas. Luego salió a relucir que un oficial, Buzano Zúñiga, también andaba escondido un disco duro con USB en el bolsillo, intentando pasarla como si nada. Este brete se puso más grande de lo que nadie esperaba.
Pero eso no es todo, pues en la UAI Pabru Presberi, en Pérez Zeledón, decomisaron más chunches prohibidos. Bermúdez, el de supervisión, tenía un manito libre, un cargador y hasta una llave maya USB guardada. ¡Imagínate qué cositas estaban planeando hacer esos señores! Y para rematar, Rubí Jiménez, encargada del transporte, estaba llevando un teléfono celular a escondidas. ¡Qué sal!
Ahora resulta que los proveedores tampoco eran tan inocentes. García y Zúñiga, capturados con celulares cada uno, no se molestaron en pedir permisos para entrar con sus aparatos. ¡Una irresponsabilidad tremenda! La Fiscalía, claro, no tardó en ordenar el decomiso de todos esos dispositivos, que ahora están dando vueltas buscando pistas de quién está detrás de todo esto. Parece que hay una maraña de contactos y complicidades bien tejida dentro del sistema.
Este escándalo nos hace cuestionarnos cómo diablos llegaron estos individuos a puestos de confianza. ¿Cómo pudieron burlar los controles y permitir el ingreso de tantos objetos prohibidos a las cárceles? No es ninguna sorpresa, la verdad. Siempre hemos sabido que el sistema penitenciario necesitaba una limpieza profunda, pero parece que la cosa se fue al traste antes de que pudiéramos empezar a ver cambios reales. Ahora, toca pagar las consecuencias.
Las autoridades aseguran que estas acciones forman parte de un compromiso institucional con la legalidad y la transparencia, y que no tolerarán ningún tipo de corrupción. Pero, sinceramente, con tanta evidencia de irregularidades, cuesta creerles. Habrá que estar ojo avizor para ver si realmente toman medidas contundentes para evitar que esto vuelva a suceder. Porque, a ver, ¿de qué sirve prometer cero tolerancia si luego seguimos viendo las mismas caras metidas en broncas?
Y hablando de broncas, me pregunto si esto va a llegar hasta las altas esferas del Ministerio de Justicia. ¿Habrá jefes involucrados en este maje? ¿Alguien sabía de lo que estaba pasando y decidió hacer la vista gorda? No creo que sean solo unos cuantos funcionarios de bajo rango los que estén detrás de todo esto. Hay mucho dinero de por medio y, como sabemos, el poder corrompe, mi pana.
Definitivamente, este caso es un golpe muy duro para la imagen del sistema penitenciario y para la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. ¿Será posible recuperar esa confianza perdida? ¿Creen ustedes que el gobierno tomará medidas efectivas para erradicar la corrupción en las cárceles o simplemente serán promesas vacías? Dejen sus opiniones en el foro, ¡quiero saber qué piensan al respecto!
