¡Ay, Dios mío! Parece que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) tiene un brete bien gordo. La Contraloría General de la República le tiró la bomba, señalándole que hay cosas que andan bastante torcidas en cómo le dan los bonos de vivienda a la gente. Imagínate, después de tanto hablar de facilitar la casa propia, resulta que están metiendo la pata hasta el fondo.
Y no es cuento, pues el informe de la Contraloría es claro: el sistema de priorización de beneficiarios está más perdido que chancho en feriado. Básicamente, dicen que el proceso es manual, hecho a mano, y depende totalmente de una sola persona. ¡Qué torta! Eso abre la puerta a errores, favoritismos, y todo lo que no pinta bien para la transparencia. Uno se queda pensando si realmente llegan primero los que más lo necesitan, o si hay maes con contactos que se llevan la delantera.
Lo peor de todo es el tiempo que tarda el trámite. ¡Más de dos años! 527 días hábiles, para ser exactos. Diay, eso es una eternidad. Mientras tanto, la gente sigue alquilando, luchando por llegar a fin de mes, y soñando con tener su techo propio. Se pone uno triste ver cómo burocratizan algo tan importante como este.
Pero no es solo la tardanza, también preocupa la falta de control sobre qué pasa con esos bonos una vez que se entregan. Según la Contraloría, el Banhvi no tiene ni idea de dónde van a parar esos millones de colones –cerca de ¢21.2 millones por bono, ¡una suma considerable!– ni si se usan para lo que deberían, que es comprar o construir una casa. Esto da pie a sospechas, ¿eh? Porque ahí puede haber chunches turbios en medio.
Además, el informe revela que casi el 20% de los bonos se han colocado fuera de los distritos más pobres del país. ¿Se supone que esto es ayudar a los que más lo necesitan? Claramente, algo anda mal. Aquí parece que hay un desajuste entre lo que se dice y lo que se hace. Podríamos decir que le están dando prioridad a quienes no la requieren tanto, dejando atrás a los que verdaderamente están batallando.
Intentamos contactar al Banhvi para que nos dieran su versión de la historia, pero hasta ahora, silencio total. Ni un respiro. Esto alimenta aún más las dudas y la preocupación de la ciudadanía. Esperemos que pronto se pronuncien y expliquen cómo piensan solucionar esta vara que tienen encima. No pueden seguir ignorando estas críticas, porque la confianza pública está en juego.
En otras noticias de la farándula política, seguimos viendo movidas raras con el Cártel del Caribe Sur, y los escándalos alrededor del ex director de Incopesca no paran. Pero bueno, dejémonos de esas distancias y volvamos a lo nuestro: la vivienda digna es un derecho básico, y no podemos permitir que la burocracia y la corrupción lo obstaculicen. Este caso del Banhvi debería servirnos como una llamada de atención para exigir mayor eficiencia y transparencia en todos los entes públicos.
Ahora, cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? ¿Les sorprende esta denuncia de la Contraloría? ¿Creen que el gobierno tomará medidas drásticas para reformar el sistema de bonos de vivienda, o seguirá siendo otro caso más de promesas incumplidas?
Y no es cuento, pues el informe de la Contraloría es claro: el sistema de priorización de beneficiarios está más perdido que chancho en feriado. Básicamente, dicen que el proceso es manual, hecho a mano, y depende totalmente de una sola persona. ¡Qué torta! Eso abre la puerta a errores, favoritismos, y todo lo que no pinta bien para la transparencia. Uno se queda pensando si realmente llegan primero los que más lo necesitan, o si hay maes con contactos que se llevan la delantera.
Lo peor de todo es el tiempo que tarda el trámite. ¡Más de dos años! 527 días hábiles, para ser exactos. Diay, eso es una eternidad. Mientras tanto, la gente sigue alquilando, luchando por llegar a fin de mes, y soñando con tener su techo propio. Se pone uno triste ver cómo burocratizan algo tan importante como este.
Pero no es solo la tardanza, también preocupa la falta de control sobre qué pasa con esos bonos una vez que se entregan. Según la Contraloría, el Banhvi no tiene ni idea de dónde van a parar esos millones de colones –cerca de ¢21.2 millones por bono, ¡una suma considerable!– ni si se usan para lo que deberían, que es comprar o construir una casa. Esto da pie a sospechas, ¿eh? Porque ahí puede haber chunches turbios en medio.
Además, el informe revela que casi el 20% de los bonos se han colocado fuera de los distritos más pobres del país. ¿Se supone que esto es ayudar a los que más lo necesitan? Claramente, algo anda mal. Aquí parece que hay un desajuste entre lo que se dice y lo que se hace. Podríamos decir que le están dando prioridad a quienes no la requieren tanto, dejando atrás a los que verdaderamente están batallando.
Intentamos contactar al Banhvi para que nos dieran su versión de la historia, pero hasta ahora, silencio total. Ni un respiro. Esto alimenta aún más las dudas y la preocupación de la ciudadanía. Esperemos que pronto se pronuncien y expliquen cómo piensan solucionar esta vara que tienen encima. No pueden seguir ignorando estas críticas, porque la confianza pública está en juego.
En otras noticias de la farándula política, seguimos viendo movidas raras con el Cártel del Caribe Sur, y los escándalos alrededor del ex director de Incopesca no paran. Pero bueno, dejémonos de esas distancias y volvamos a lo nuestro: la vivienda digna es un derecho básico, y no podemos permitir que la burocracia y la corrupción lo obstaculicen. Este caso del Banhvi debería servirnos como una llamada de atención para exigir mayor eficiencia y transparencia en todos los entes públicos.
Ahora, cuéntenme, ¿ustedes qué opinan? ¿Les sorprende esta denuncia de la Contraloría? ¿Creen que el gobierno tomará medidas drásticas para reformar el sistema de bonos de vivienda, o seguirá siendo otro caso más de promesas incumplidas?
