Ay, Dios mío, la educación pública en Costa Rica sigue dando qué hablar. Resulta que, a pesar de las promesas grandilocuentes, tenemos 101 centros educativos con orden de cierre total por problemas sanitarios. ¡Una torta! ¿Se imaginan tener que recibir clases en esas condiciones? Lo que te comentamos, parece que el problema va más allá de un simple arreglo rápido.
Según datos frescos del Ministerio de Educación Pública (MEP), esta situación ha sido crónica durante todo el 2025. Aunque inicialmente se reportaron 115 escuelas en alerta roja en septiembre, la cifra no ha disminuido significativamente. ¡Apesta a que esto se arrastra por años! Tenemos que entender que hablamos de miles de niños y jóvenes que ven afectada su formación académica por esta falla seria.
Y ojo, porque la cosa no mejora si miramos el panorama general. El MEP reconoce que existen 871 órdenes sanitarias activas en todo el país. Eso sí que es una pana, un brete de trabajo pendiente. Parece que la infraestructura educativa nacional está viviendo sus últimos días, y eso nos preocupa a todos. Los edificios están viejos, deteriorados y muchos carecen de las condiciones mínimas para brindar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.
Lo peor de todo, señores, es que ni siquiera hay planificación a futuro. Según la información que maneja Diario Extra, ¡más de 20 escuelas en categoría roja no tienen proyectos de intervención asociados! Esto significa que cientos de estudiantes seguirán asistiendo a clases en estructuras peligrosas e inadecuadas por un tiempo indefinido. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta irresponsabilidad?
Ahora bien, el MEP intenta justificar esta situación achándole la culpa a la “vejez” de las instituciones educativas. Dicen que el 57,4% de las escuelas y colegios superan los 50 años y que, lamentablemente, no recibieron el mantenimiento adecuado durante décadas. Sí, claro, siempre buscando excusas, diay... Pero ¿quién se hizo responsable de esa falta de inversión a lo largo del tiempo? Esa es la gran pregunta.
En cuanto a las soluciones, la cartera asegura estar trabajando en “medidas inmediatas” como obras paliativas, clausura parcial de áreas de riesgo y reubicaciones temporales. Cosas rápiditas para maquillar la realidad, pero que no resuelven el problema de fondo. Además, han anunciado un aumento significativo del presupuesto destinado a infraestructura educativa para 2026, pasando de ¢20.850 millones a ¢35.550 millones. ¡Un buen aumento, chunche!, pero necesitamos ver resultados tangibles.
El jerarca del MEP, José Leonardo Sánchez, promete que antes de que termine su gestión, las órdenes sanitarias se reducirán hasta en un 75%. Suena ambicioso, mássimo que optimista, pero esperaremos a ver si cumple su palabra. Con la trayectoria que hemos visto, el escepticismo es nuestro mejor amigo. Seamos honestos, la confianza en las promesas políticas ya es poca, y este tema requiere transparencia total.
En fin, la situación es preocupante y exige una solución urgente. Mientras tanto, padres de familia, estudiantes y toda la comunidad educativa seguimos esperando cambios reales. Entonces, les pregunto a ustedes: ¿cree que el MEP logrará cumplir su promesa de reducir drásticamente las órdenes sanitarias antes de que finalice la administración, o será otro castillo en el aire?
Según datos frescos del Ministerio de Educación Pública (MEP), esta situación ha sido crónica durante todo el 2025. Aunque inicialmente se reportaron 115 escuelas en alerta roja en septiembre, la cifra no ha disminuido significativamente. ¡Apesta a que esto se arrastra por años! Tenemos que entender que hablamos de miles de niños y jóvenes que ven afectada su formación académica por esta falla seria.
Y ojo, porque la cosa no mejora si miramos el panorama general. El MEP reconoce que existen 871 órdenes sanitarias activas en todo el país. Eso sí que es una pana, un brete de trabajo pendiente. Parece que la infraestructura educativa nacional está viviendo sus últimos días, y eso nos preocupa a todos. Los edificios están viejos, deteriorados y muchos carecen de las condiciones mínimas para brindar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.
Lo peor de todo, señores, es que ni siquiera hay planificación a futuro. Según la información que maneja Diario Extra, ¡más de 20 escuelas en categoría roja no tienen proyectos de intervención asociados! Esto significa que cientos de estudiantes seguirán asistiendo a clases en estructuras peligrosas e inadecuadas por un tiempo indefinido. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esta irresponsabilidad?
Ahora bien, el MEP intenta justificar esta situación achándole la culpa a la “vejez” de las instituciones educativas. Dicen que el 57,4% de las escuelas y colegios superan los 50 años y que, lamentablemente, no recibieron el mantenimiento adecuado durante décadas. Sí, claro, siempre buscando excusas, diay... Pero ¿quién se hizo responsable de esa falta de inversión a lo largo del tiempo? Esa es la gran pregunta.
En cuanto a las soluciones, la cartera asegura estar trabajando en “medidas inmediatas” como obras paliativas, clausura parcial de áreas de riesgo y reubicaciones temporales. Cosas rápiditas para maquillar la realidad, pero que no resuelven el problema de fondo. Además, han anunciado un aumento significativo del presupuesto destinado a infraestructura educativa para 2026, pasando de ¢20.850 millones a ¢35.550 millones. ¡Un buen aumento, chunche!, pero necesitamos ver resultados tangibles.
El jerarca del MEP, José Leonardo Sánchez, promete que antes de que termine su gestión, las órdenes sanitarias se reducirán hasta en un 75%. Suena ambicioso, mássimo que optimista, pero esperaremos a ver si cumple su palabra. Con la trayectoria que hemos visto, el escepticismo es nuestro mejor amigo. Seamos honestos, la confianza en las promesas políticas ya es poca, y este tema requiere transparencia total.
En fin, la situación es preocupante y exige una solución urgente. Mientras tanto, padres de familia, estudiantes y toda la comunidad educativa seguimos esperando cambios reales. Entonces, les pregunto a ustedes: ¿cree que el MEP logrará cumplir su promesa de reducir drásticamente las órdenes sanitarias antes de que finalice la administración, o será otro castillo en el aire?
