¡Ay, Dios mío! La cosa está que arde en el mundo de la radio en Costa Rica. Resulta que, según la Cámara Nacional de Radio (Canara), ¡medio centenar de emisoras! – sí, leíste bien, casi 50 – quedaron fuera de la subasta de frecuencias que está armando la Sutel por orden del gobierno. Esto, mis panas, no pinta nada bien para la diversidad de voces que tenemos en el país.
Todo comenzó hace unos días, cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) anunció el calendario de la subasta para renovar las licencias de radiodifusión. Según Andrés Quintana, presidente de la comisión de gobierno de Canara, la cifra de emisoras que decidieron no participar podría estar entre 40 y 50. Un golpe duro para las estaciones regionales y nacionales, esas que nos mantienen informados sobre lo que pasa en nuestros cantones y comunidades.
¿Y qué pasó? Bueno, parece que la principal razón detrás de este éxodo es la controversia legal que rodea el propio proceso de subasta. Canara ha insistido desde hace tiempo que el sistema elegido es “ilegal”, basándose en argumentos técnicos y legales que desafían la legitimidad de la Sutel. Dicen que esto crea una incertidumbre enorme, poniendo a las emisoras en una posición muy delicada y obligándolas a tomar decisiones difíciles.
Pero no es solo la ilegalidad lo que está generando este panorama complicado. Para muchas emisoras, especialmente las más pequeñas y rurales, los montos base de la subasta son simplemente inasequibles. Imagínate, una emisora con cobertura nacional en frecuencia FM tiene que desembolsar más de $193 mil dólares solamente para poder seguir transmitiendo. ¡Una torta! Para las que están en 400 kHz, la cifra se duplica, llegando a casi $400 mil. Y ni hablar de las televisoras, donde los precios superan fácilmente el millón de dólares.
Juan Manuel Campos, abogado especializado en telecomunicaciones, advierte que esta situación tendrá consecuencias negativas a largo plazo. No se anda con rodeos: predice una mayor concentración de medios en manos de los grandes grupos, dejando en la cuneta a las emisoras independientes y comunitarias. En otras palabras, menos variedad de información y opiniones disponibles para todos nosotros. Como dicen por ahí, el peje ya está servido.
Instituciones académicas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión también han levantado la voz. La Universidad de Costa Rica y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) han expresado su preocupación por el impacto que esta subasta podría tener en el pluralismo informativo en el país. Es decir, figuras expertas y reconocidas alertan que estamos perdiendo terreno en cuanto a la calidad de la comunicación.
Este asunto nos lleva a pensar en cómo se está transformando el panorama mediático en Costa Rica. Con estas medidas, ¿qué futuro le espera a la radio comunitaria, a las emisoras que dan voz a las zonas más apartadas del país? ¿Estamos viendo el principio del fin de la diversidad informativa que alguna vez caracterizó a nuestro querido Tico?
Con todo este panorama, me pregunto: ¿cree usted que el gobierno debería reconsiderar el modelo de subasta actual o existe una alternativa viable que garantice la supervivencia de todas las emisoras, incluyendo las más pequeñas y vulnerables? Déjeme sus pensamientos en los comentarios, ¡me interesa mucho saber qué opina!
Todo comenzó hace unos días, cuando la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) anunció el calendario de la subasta para renovar las licencias de radiodifusión. Según Andrés Quintana, presidente de la comisión de gobierno de Canara, la cifra de emisoras que decidieron no participar podría estar entre 40 y 50. Un golpe duro para las estaciones regionales y nacionales, esas que nos mantienen informados sobre lo que pasa en nuestros cantones y comunidades.
¿Y qué pasó? Bueno, parece que la principal razón detrás de este éxodo es la controversia legal que rodea el propio proceso de subasta. Canara ha insistido desde hace tiempo que el sistema elegido es “ilegal”, basándose en argumentos técnicos y legales que desafían la legitimidad de la Sutel. Dicen que esto crea una incertidumbre enorme, poniendo a las emisoras en una posición muy delicada y obligándolas a tomar decisiones difíciles.
Pero no es solo la ilegalidad lo que está generando este panorama complicado. Para muchas emisoras, especialmente las más pequeñas y rurales, los montos base de la subasta son simplemente inasequibles. Imagínate, una emisora con cobertura nacional en frecuencia FM tiene que desembolsar más de $193 mil dólares solamente para poder seguir transmitiendo. ¡Una torta! Para las que están en 400 kHz, la cifra se duplica, llegando a casi $400 mil. Y ni hablar de las televisoras, donde los precios superan fácilmente el millón de dólares.
Juan Manuel Campos, abogado especializado en telecomunicaciones, advierte que esta situación tendrá consecuencias negativas a largo plazo. No se anda con rodeos: predice una mayor concentración de medios en manos de los grandes grupos, dejando en la cuneta a las emisoras independientes y comunitarias. En otras palabras, menos variedad de información y opiniones disponibles para todos nosotros. Como dicen por ahí, el peje ya está servido.
Instituciones académicas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión también han levantado la voz. La Universidad de Costa Rica y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) han expresado su preocupación por el impacto que esta subasta podría tener en el pluralismo informativo en el país. Es decir, figuras expertas y reconocidas alertan que estamos perdiendo terreno en cuanto a la calidad de la comunicación.
Este asunto nos lleva a pensar en cómo se está transformando el panorama mediático en Costa Rica. Con estas medidas, ¿qué futuro le espera a la radio comunitaria, a las emisoras que dan voz a las zonas más apartadas del país? ¿Estamos viendo el principio del fin de la diversidad informativa que alguna vez caracterizó a nuestro querido Tico?
Con todo este panorama, me pregunto: ¿cree usted que el gobierno debería reconsiderar el modelo de subasta actual o existe una alternativa viable que garantice la supervivencia de todas las emisoras, incluyendo las más pequeñas y vulnerables? Déjeme sus pensamientos en los comentarios, ¡me interesa mucho saber qué opina!
