¡Ay, Dios mío! Parece que la paciencia de los costarricenses se está agotando más rápido que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Un nuevo estudio de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) sacudió al país esta semana, revelando que las obras viales se están demorando tanto que ya dan risa... si no fuera porque nos están costando una fortuna.
Según el reporte, los proyectos clave de infraestructura vial acumulan atrasos promedio de casi dos años y medio (220%), ¡y eso sin contar los sobrecostos que van por el techo, cerca del 38%! Imagínate, mientras esperamos que arreglen la ruta 27, podríamos graduarnos de un máster en ingeniería civil, diay.
Lo peor de todo es que la CCC señala que la causa principal de estos problemas no es la falta de mano de obra calificada ni materiales, sino una planificación tan floja que da pena ajena. En lugar de tomar los tiempos adecuados – alrededor de seis años y medio – para completar toda la preingeniería de un proyecto, estamos hablando de ¡más de 14 años! Eso sí que es irse al traste.
El estudio desglosa el proceso que debe seguirse antes de poner siquiera una pala en la tierra: estudios de viabilidad ambiental, expropiaciones (a veces más complicadas que encontrar estacionamiento en Escazú), permisos de todos tipos, conseguir el financiamiento y finalmente, llegar al diseño definitivo. Cada una de estas etapas debería ser ágil, pero parece que se han convertido en laberintos burocráticos interminables.
Para ponerle números a este fiasco, la CCC calculó que el simple retraso de 944 días en el proyecto de los intercambios Taras–La Lima le ha costado al país más de 55 millones de dólares en beneficios económicos que nunca pudimos disfrutar. ¡Eso podría haber pagado unas cuantas becas universitarias o incluso ayudado a aliviar la carga tributaria de algunos mae!
Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, no anduvo con rodeos al decir que “el problema no es la falta de capacidad técnica, sino la falta de planificación y de seguimiento efectivo”. Y añadió, con justa razón, que necesitamos convertir la planificación de la infraestructura en una auténtica política de Estado, que trascienda los vaivenes políticos de cada elección. Cada vez que cambia un gobierno, parece que empezamos todo desde cero, y nosotros, los contribuyentes, siempre somos los que acabamos pagando la factura.
Además, el informe también reveló que el avance promedio de las obras con orden de inicio en los últimos cinco años es lamentablemente lento: apenas un 23%. Aunque se amplían los plazos constantemente – unos 280 días extra cada año – el progreso real solo equivale a unos míseros 85 días. ¿Alguien me explica cómo es posible que esto ocurra?
En fin, la situación es preocupante, amigos. Claramente necesitamos un cambio radical en la forma en que gestionamos nuestros proyectos de infraestructura. Pero dime tú, ¿crees que realmente vamos a ver una mejora significativa en los próximos años, o estamos condenados a seguir viendo cómo nuestras carreteras se deterioran y nuestros sueños de un país más conectado se van al traste? ¿Qué soluciones propones para sacar a Costa Rica de este brete?
Según el reporte, los proyectos clave de infraestructura vial acumulan atrasos promedio de casi dos años y medio (220%), ¡y eso sin contar los sobrecostos que van por el techo, cerca del 38%! Imagínate, mientras esperamos que arreglen la ruta 27, podríamos graduarnos de un máster en ingeniería civil, diay.
Lo peor de todo es que la CCC señala que la causa principal de estos problemas no es la falta de mano de obra calificada ni materiales, sino una planificación tan floja que da pena ajena. En lugar de tomar los tiempos adecuados – alrededor de seis años y medio – para completar toda la preingeniería de un proyecto, estamos hablando de ¡más de 14 años! Eso sí que es irse al traste.
El estudio desglosa el proceso que debe seguirse antes de poner siquiera una pala en la tierra: estudios de viabilidad ambiental, expropiaciones (a veces más complicadas que encontrar estacionamiento en Escazú), permisos de todos tipos, conseguir el financiamiento y finalmente, llegar al diseño definitivo. Cada una de estas etapas debería ser ágil, pero parece que se han convertido en laberintos burocráticos interminables.
Para ponerle números a este fiasco, la CCC calculó que el simple retraso de 944 días en el proyecto de los intercambios Taras–La Lima le ha costado al país más de 55 millones de dólares en beneficios económicos que nunca pudimos disfrutar. ¡Eso podría haber pagado unas cuantas becas universitarias o incluso ayudado a aliviar la carga tributaria de algunos mae!
Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC, no anduvo con rodeos al decir que “el problema no es la falta de capacidad técnica, sino la falta de planificación y de seguimiento efectivo”. Y añadió, con justa razón, que necesitamos convertir la planificación de la infraestructura en una auténtica política de Estado, que trascienda los vaivenes políticos de cada elección. Cada vez que cambia un gobierno, parece que empezamos todo desde cero, y nosotros, los contribuyentes, siempre somos los que acabamos pagando la factura.
Además, el informe también reveló que el avance promedio de las obras con orden de inicio en los últimos cinco años es lamentablemente lento: apenas un 23%. Aunque se amplían los plazos constantemente – unos 280 días extra cada año – el progreso real solo equivale a unos míseros 85 días. ¿Alguien me explica cómo es posible que esto ocurra?
En fin, la situación es preocupante, amigos. Claramente necesitamos un cambio radical en la forma en que gestionamos nuestros proyectos de infraestructura. Pero dime tú, ¿crees que realmente vamos a ver una mejora significativa en los próximos años, o estamos condenados a seguir viendo cómo nuestras carreteras se deterioran y nuestros sueños de un país más conectado se van al traste? ¿Qué soluciones propones para sacar a Costa Rica de este brete?
