¡Ay, Dios mío! La cosa está más caliente que gallina pochada en este país. Resultados de una reciente encuesta de Enfoques sacudieron el avispero, señalando a los diputados como los principales responsables de la creciente inseguridad que nos está royendo la tranquilidad. ¡Qué despiche!
Desde hace meses, el Presidente Rodrigo Chaves ha estado echándole la bronca a la Asamblea Legislativa, acusándolos de frenar las leyes de “mano dura” que él dice que son necesarias para combatir el crimen. Según el mandatario, la lentitud legislativa y las decisiones laxas del Poder Judicial están permitiendo que los criminales anden sueltos, generando un ambiente de miedo generalizado. Pero ahora, parece que el pueblo también piensa así.
La encuesta, realizada cara a cara a 800 personas en todo el territorio nacional –con un margen de error de 3.4%, para que nadie diga que estamos haciendo cosas a ciegas– reveló que el 15% de los encuestados considera que los legisladores son los culpables número uno de esta situación. Le siguen el Gobierno (14%) y el Poder Judicial (11%), sumando un contundente 40% de responsabilidad para los tres poderes de la República. ¡Un buen chayote para todos!
Para ponerle contexto a la cosa, hay que recordar que Costa Rica ha experimentado un aumento alarmante en los índices de homicidios en los últimos dos años. En 2023 y 2024, superamos los 900 casos de asesinato, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y ajustes de cuentas entre bandas rivales. Esto nos pone en niveles que parecían impensables hace unos pocos años. ¡Se nos cayó el mundo encima!
La guerra de las bandas ha dejado cicatrices profundas en la sociedad costarricense. Ya no es raro escuchar noticias de sicarios, balaceras y extorsiones, incluso en zonas residenciales tranquilas. Las familias viven con temor, los negocios sufren pérdidas y el turismo, pilar fundamental de nuestra economía, se ve amenazado. La vibra ya no es la misma, ¿verdad?
Expertos en seguridad señalan que la debilidad institucional, la corrupción endémica y la falta de voluntad política son factores clave que contribuyen a esta crisis. Además, la permisividad del sistema judicial frente a delitos graves y la ineficacia de las fuerzas policiales han creado un caldo de cultivo ideal para que el crimen organizado prospere. ¡Una combinación explosiva!
Ahora bien, más allá de señalar responsabilidades, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes, para revertir esta situación? Se necesita una reforma integral del sistema de justicia, fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen y promover una cultura de legalidad y respeto por la vida. También es fundamental abordar las causas sociales y económicas que alimentan la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Esta vara está complicada, pero no imposible.
En fin, parece que tenemos un problema gordo entre manos. ¿Ustedes creen que los diputados realmente asumen la responsabilidad que les atribuye la ciudadanía, o seguirán buscando excusas y echándose la bola? ¿Y qué medidas concretas deberían implementar para mejorar la seguridad del país y recuperar la tranquilidad perdida? ¡Dígame, mael, qué piensa usted de esto!
Desde hace meses, el Presidente Rodrigo Chaves ha estado echándole la bronca a la Asamblea Legislativa, acusándolos de frenar las leyes de “mano dura” que él dice que son necesarias para combatir el crimen. Según el mandatario, la lentitud legislativa y las decisiones laxas del Poder Judicial están permitiendo que los criminales anden sueltos, generando un ambiente de miedo generalizado. Pero ahora, parece que el pueblo también piensa así.
La encuesta, realizada cara a cara a 800 personas en todo el territorio nacional –con un margen de error de 3.4%, para que nadie diga que estamos haciendo cosas a ciegas– reveló que el 15% de los encuestados considera que los legisladores son los culpables número uno de esta situación. Le siguen el Gobierno (14%) y el Poder Judicial (11%), sumando un contundente 40% de responsabilidad para los tres poderes de la República. ¡Un buen chayote para todos!
Para ponerle contexto a la cosa, hay que recordar que Costa Rica ha experimentado un aumento alarmante en los índices de homicidios en los últimos dos años. En 2023 y 2024, superamos los 900 casos de asesinato, muchos de ellos vinculados al narcotráfico y ajustes de cuentas entre bandas rivales. Esto nos pone en niveles que parecían impensables hace unos pocos años. ¡Se nos cayó el mundo encima!
La guerra de las bandas ha dejado cicatrices profundas en la sociedad costarricense. Ya no es raro escuchar noticias de sicarios, balaceras y extorsiones, incluso en zonas residenciales tranquilas. Las familias viven con temor, los negocios sufren pérdidas y el turismo, pilar fundamental de nuestra economía, se ve amenazado. La vibra ya no es la misma, ¿verdad?
Expertos en seguridad señalan que la debilidad institucional, la corrupción endémica y la falta de voluntad política son factores clave que contribuyen a esta crisis. Además, la permisividad del sistema judicial frente a delitos graves y la ineficacia de las fuerzas policiales han creado un caldo de cultivo ideal para que el crimen organizado prospere. ¡Una combinación explosiva!
Ahora bien, más allá de señalar responsabilidades, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes, para revertir esta situación? Se necesita una reforma integral del sistema de justicia, fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen y promover una cultura de legalidad y respeto por la vida. También es fundamental abordar las causas sociales y económicas que alimentan la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Esta vara está complicada, pero no imposible.
En fin, parece que tenemos un problema gordo entre manos. ¿Ustedes creen que los diputados realmente asumen la responsabilidad que les atribuye la ciudadanía, o seguirán buscando excusas y echándose la bola? ¿Y qué medidas concretas deberían implementar para mejorar la seguridad del país y recuperar la tranquilidad perdida? ¡Dígame, mael, qué piensa usted de esto!
