¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez. Entre quema de llantas, balaceras y el drama constante, parece que Costa Rica se ha convertido en el patio trasero de alguien. Pero lo que poca gente sabe es que toda esta “fiesta” está dejando una factura monumental, y no precisamente para el Estado, sino para la Cruz Roja. ¿Se imaginan eso, mae?
La cifra es escalofriante: ¢570 millones. Sí, medio billón de colones desviados solo para cubrir los costos operativos de atender a las víctimas de la violencia. Y ojo, esto no incluye los gastos médicos ni los medicamentos. Es solamente el transporte, el equipo, el tiempo del personal… una torta.
Según datos oficiales, estamos hablando de más de 5,000 atenciones relacionadas directamente con heridas de bala y puñaladas este año. Un número que te hace pensar si realmente estamos viviendo en el país que conocimos. Uno se queda frío pensando en todos esos chunches que han perdido la vida y en los que viven con cicatrices físicas y emocionales... ¡Qué pesar!
José Barahona, el subgerente administrativo de la Cruz Roja, nos explica que atender a estos pacientes no es como socorrer a alguien que se resbaló en la calle o tuvo un ataque de ansiedad. No, señores, esto es otro rollo. Hablamos de protocolos de trauma, equipos especializados, escenas peligrosísimas y tiempos de atención prolongados. Una verdadera brete para los paramédicos.
Y ahí radica el problema. La Cruz Roja, siendo una organización humanitaria que depende en gran medida de las donaciones y unos pocos colones del gobierno, se ve obligada a desviar recursos cruciales para mantener su operación básica. Imaginen, la renovación de las ambulancias para accidentes de tránsito, los equipos de rescate para desastres naturales, los programas de salud comunitaria… todo se ve afectado por esta sangría económica.
Es evidente que la ola de violencia narca no solo está acabando con vidas inocentes, sino que también está mermando la capacidad de respuesta de la principal institución de ayuda de nuestro país. ¡Qué pena nacional! Estamos permitiendo que el crimen organizado socave hasta las bases de nuestra seguridad y bienestar social. La cosa está fea, muy fea.
Algunos dirán que el gobierno debería hacer algo, que hay que aumentar los presupuestos para la seguridad pública, que hay que combatir el narcotráfico con mano dura. Otros, que la solución pasa por atacar las causas profundas de la violencia, como la pobreza y la desigualdad. Lo cierto es que mientras tanto, la Cruz Roja sigue haciendo el esfuerzo heroico de atender a los afectados, pero con un presupuesto cada vez más ajustado.
¿Será que llegaremos al punto en que la Cruz Roja tenga que empezar a cobrar por sus servicios? ¿O peor aún, tendrá que dejar de atender a algunos pacientes por falta de recursos? Esta situación nos obliga a preguntarnos, colegas: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para permitir que la violencia siga destruyendo nuestras vidas y agotando nuestros recursos? ¿Qué medidas urgentes creen que debemos tomar para revertir esta tendencia y proteger a la Cruz Roja, que tanto necesita nuestro apoyo?
La cifra es escalofriante: ¢570 millones. Sí, medio billón de colones desviados solo para cubrir los costos operativos de atender a las víctimas de la violencia. Y ojo, esto no incluye los gastos médicos ni los medicamentos. Es solamente el transporte, el equipo, el tiempo del personal… una torta.
Según datos oficiales, estamos hablando de más de 5,000 atenciones relacionadas directamente con heridas de bala y puñaladas este año. Un número que te hace pensar si realmente estamos viviendo en el país que conocimos. Uno se queda frío pensando en todos esos chunches que han perdido la vida y en los que viven con cicatrices físicas y emocionales... ¡Qué pesar!
José Barahona, el subgerente administrativo de la Cruz Roja, nos explica que atender a estos pacientes no es como socorrer a alguien que se resbaló en la calle o tuvo un ataque de ansiedad. No, señores, esto es otro rollo. Hablamos de protocolos de trauma, equipos especializados, escenas peligrosísimas y tiempos de atención prolongados. Una verdadera brete para los paramédicos.
Y ahí radica el problema. La Cruz Roja, siendo una organización humanitaria que depende en gran medida de las donaciones y unos pocos colones del gobierno, se ve obligada a desviar recursos cruciales para mantener su operación básica. Imaginen, la renovación de las ambulancias para accidentes de tránsito, los equipos de rescate para desastres naturales, los programas de salud comunitaria… todo se ve afectado por esta sangría económica.
Es evidente que la ola de violencia narca no solo está acabando con vidas inocentes, sino que también está mermando la capacidad de respuesta de la principal institución de ayuda de nuestro país. ¡Qué pena nacional! Estamos permitiendo que el crimen organizado socave hasta las bases de nuestra seguridad y bienestar social. La cosa está fea, muy fea.
Algunos dirán que el gobierno debería hacer algo, que hay que aumentar los presupuestos para la seguridad pública, que hay que combatir el narcotráfico con mano dura. Otros, que la solución pasa por atacar las causas profundas de la violencia, como la pobreza y la desigualdad. Lo cierto es que mientras tanto, la Cruz Roja sigue haciendo el esfuerzo heroico de atender a los afectados, pero con un presupuesto cada vez más ajustado.
¿Será que llegaremos al punto en que la Cruz Roja tenga que empezar a cobrar por sus servicios? ¿O peor aún, tendrá que dejar de atender a algunos pacientes por falta de recursos? Esta situación nos obliga a preguntarnos, colegas: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para permitir que la violencia siga destruyendo nuestras vidas y agotando nuestros recursos? ¿Qué medidas urgentes creen que debemos tomar para revertir esta tendencia y proteger a la Cruz Roja, que tanto necesita nuestro apoyo?
