¡Aguafiestas! Parecía que íbamos a tener un apagón mediático en Costa Rica, pero parece que el gobierno le dio marcha atrás a la idea de dejar morir las radios y teles. Con un nuevo decreto, extendieron la vigencia de las licencias de transmisión, evitando así un buen revuelo y dejando a todos, incluyendo a los políticos, con la boca abierta.
Todo esto viene por el tema del expediente 24.461, que proponía un canon altísimo, vamos, un verdadero “salado”, para las empresas de radio y televisión. Básicamente, querían que pagaran un porcentaje significativo de sus ingresos al Estado por el simple hecho de usar frecuencias. Ya se imaginan el descontento general: los dueños de los medios, los periodistas, y la gente que depende de la información constante.
El Presidente Chaves ya había amenazado con dejar que las estaciones se apagaran si la Asamblea no aprobaba la reforma al impuesto de radiodifusión. Imaginen el escenario: silencio por doquier, la pura vida interrumpida por la falta de ruido blanco… Por suerte, eso no pasó. El decreto ejecutivo, firmado este martes, permite que las emisoras continúen transmitiendo hasta que se definan las nuevas autoridades gubernamentales y legislativas tras las elecciones del 2025.
Desde el MICITT aseguran que esto es para proteger las libertades de expresión y pensamiento, dos cosas que, seamos honestos, andan medio flojitas últimamente. Dicen que han demostrado que no buscan callar a nadie, sino garantizar que la información siga fluyendo. Claro, eso suena muy bonito en comunicado, pero todavía hay que ver cómo se maneja el tema del espectro radioeléctrico a largo plazo. Se supone que Sutel sigue trabajando en el concurso para otorgar nuevas concesiones, aunque con calma, dicen.
Y ojo, que esto no significa que el problema desapareció mágicamente. El Ejecutivo quiere dejar claro que esta es una medida temporal, una especie de parche rápido. No quieren renunciar a la idea de modernizar y democratizar el uso del espectro radioeléctrico, ese “chunche” que pertenece a todos nosotros, pero que algunas personas parecen creer que pueden acaparar.
El expediente 24.461, recordándolo brevemente, propone un 7.73% de los ingresos brutos para las televisoras y un 3.13% para las radios. Esa plata, supuestamente, iría directamente al erario estatal. La controversia está en si es justo cobrarle a los medios por algo que ya tienen, o si es necesario para financiar otras áreas del país. Hay quienes argumentan que es un abuso, otros que es una forma de hacer pagar a los que se benefician del monopolio.
La Ministra Paula Bogantes, quien lidera el MICITT, enfatizó la importancia de mantener informada a la población durante el proceso electoral del 2025. Que podamos estar al tanto de los debates, los candidatos, las propuestas... En fin, que no nos agarre desprevenidos cuando vayamos a elegir al próximo gobernante. Porque, díganlo conmigo, ¡qué carga es votar sin saber qué está pasando!
Entonces, después de todo este rollo, me pregunto: ¿Creen que esta extensión de las concesiones es una solución real al problema, o simplemente estamos aplazando la inevitable crisis? ¿Debería el Estado regular más estrictamente el uso del espectro radioeléctrico, o dejar que el mercado determine quién transmite y quién no? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, a ver qué piensan ustedes sobre este brete!
Todo esto viene por el tema del expediente 24.461, que proponía un canon altísimo, vamos, un verdadero “salado”, para las empresas de radio y televisión. Básicamente, querían que pagaran un porcentaje significativo de sus ingresos al Estado por el simple hecho de usar frecuencias. Ya se imaginan el descontento general: los dueños de los medios, los periodistas, y la gente que depende de la información constante.
El Presidente Chaves ya había amenazado con dejar que las estaciones se apagaran si la Asamblea no aprobaba la reforma al impuesto de radiodifusión. Imaginen el escenario: silencio por doquier, la pura vida interrumpida por la falta de ruido blanco… Por suerte, eso no pasó. El decreto ejecutivo, firmado este martes, permite que las emisoras continúen transmitiendo hasta que se definan las nuevas autoridades gubernamentales y legislativas tras las elecciones del 2025.
Desde el MICITT aseguran que esto es para proteger las libertades de expresión y pensamiento, dos cosas que, seamos honestos, andan medio flojitas últimamente. Dicen que han demostrado que no buscan callar a nadie, sino garantizar que la información siga fluyendo. Claro, eso suena muy bonito en comunicado, pero todavía hay que ver cómo se maneja el tema del espectro radioeléctrico a largo plazo. Se supone que Sutel sigue trabajando en el concurso para otorgar nuevas concesiones, aunque con calma, dicen.
Y ojo, que esto no significa que el problema desapareció mágicamente. El Ejecutivo quiere dejar claro que esta es una medida temporal, una especie de parche rápido. No quieren renunciar a la idea de modernizar y democratizar el uso del espectro radioeléctrico, ese “chunche” que pertenece a todos nosotros, pero que algunas personas parecen creer que pueden acaparar.
El expediente 24.461, recordándolo brevemente, propone un 7.73% de los ingresos brutos para las televisoras y un 3.13% para las radios. Esa plata, supuestamente, iría directamente al erario estatal. La controversia está en si es justo cobrarle a los medios por algo que ya tienen, o si es necesario para financiar otras áreas del país. Hay quienes argumentan que es un abuso, otros que es una forma de hacer pagar a los que se benefician del monopolio.
La Ministra Paula Bogantes, quien lidera el MICITT, enfatizó la importancia de mantener informada a la población durante el proceso electoral del 2025. Que podamos estar al tanto de los debates, los candidatos, las propuestas... En fin, que no nos agarre desprevenidos cuando vayamos a elegir al próximo gobernante. Porque, díganlo conmigo, ¡qué carga es votar sin saber qué está pasando!
Entonces, después de todo este rollo, me pregunto: ¿Creen que esta extensión de las concesiones es una solución real al problema, o simplemente estamos aplazando la inevitable crisis? ¿Debería el Estado regular más estrictamente el uso del espectro radioeléctrico, o dejar que el mercado determine quién transmite y quién no? ¡Déjenme sus opiniones en el foro, a ver qué piensan ustedes sobre este brete!
