¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con los políticos buscando cómo cambiar las reglas del juego a su antojo. Resulta que Juan Carlos Hidalgo, el candidato del PUSC, anda echándole ganas para reformar la Contraloría General de la República si llega a la Presidencia en 2026. Dicen que tiene un plan bastante ambicioso, pero también hay quien dice que huele a gallina hervida… Vamos a ver qué onda.
La jugada, según el plan de Gobierno, va encaminada a darle un vuelco a las funciones de la CGR. Quieren equilibrar esos controles previos y posteriores que a veces, más que ayudar, estorban. Parece que algunos funcionarios se han vuelto unos tremendos trabas, embrollando los proyectos y haciéndolos más caros de lo necesario. Según Hidalgo, esto le pega duro a la capacidad de los gobiernos para hacer obra pública, y eso, mis queridos, nos afecta a todos los quiteños.
Hidalgo, con toda la intención de sonar conciliador, dice que van a sentarse a dialogar con la Asamblea Legislativa, con la propia Contraloría y hasta con el sector privado. Quiere que todo quede claro y que la reconfiguración de la CGR no termine destruyendo la institucionalidad ni pisoteando la separación de poderes. Pero, eh, ahí hay que estar ojo avizor porque estos diálogos suelen terminar siendo pura cortina de humo, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué proponen exactamente? Pues parece que quieren echarle marcha atrás al control previo externo. Presentarán un proyecto de ley para limitar esas facultades “cuasijudiciales” de la Contraloría, sobre todo en lo que respecta a sanciones a los funcionarios. Además, quieren crear una especie de “certificados de confianza” para las unidades ejecutoras que tengan buen historial, así pueden agilizar las cosas con controles más sencillos. ¡Menos papeleo y más chamba!, eso dicen ellos.
Y para solucionar las apelaciones, Hidalgo propone un órgano independiente y digitalizado dentro del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas). ¡Así, modernito! También prometen fortalecer los controles posteriores usando tecnología forense e inteligencia artificial. Suena chiva, pero habrá que ver si realmente funciona o es otro truco publicitario. Además, quieren poner un tablero público con indicadores de tiempos de respuesta, cumplimiento de hallazgos... la onda es ser transparentes, pero sabemos cómo suele acabar todo eso.
Pero la verdadera cereza del pastel es la creación de una “mesa tripartita” con la Asamblea, la Contraloría y el Poder Ejecutivo, ¡con participación del sector privado!. Ahí sí que empieza a oler a chancho. ¿No será que están abriendo la puerta a intereses particulares? Porque cuando el sector privado se mete en estas cosas, ya saben cómo terminan… Un brete, vaya. Hay que estar pendientes a quiénes andan detrás de escena moviendo los hilos.
Hidalgo, en entrevista con El Observador, soltó que busca dar una transición gradual al régimen de control actual, argumentando que muchos municipios están hartos de la Contraloría, acusándola de convertirse en copreadministradores de lo público. Reconoció que hay muchas quejas por retrasos en contrataciones públicas y altos costos para la gente. Dice que esta discusión ya se había tocado hace 17 años, pero nunca llegó a ningún lado. Esperemos que esta vez sí haya éxito y no se queden solamente en promesas vacías.
Con todo este panorama, la pregunta que me hago es: ¿Realmente estas propuestas de Hidalgo buscan mejorar la eficiencia del Estado o simplemente son una estrategia política para favorecer a ciertos grupos de interés? ¿Creen que es posible reformar la Contraloría sin debilitar su independencia y capacidad de fiscalización? ¡Déjenme sus opiniones abajo en el foro!
La jugada, según el plan de Gobierno, va encaminada a darle un vuelco a las funciones de la CGR. Quieren equilibrar esos controles previos y posteriores que a veces, más que ayudar, estorban. Parece que algunos funcionarios se han vuelto unos tremendos trabas, embrollando los proyectos y haciéndolos más caros de lo necesario. Según Hidalgo, esto le pega duro a la capacidad de los gobiernos para hacer obra pública, y eso, mis queridos, nos afecta a todos los quiteños.
Hidalgo, con toda la intención de sonar conciliador, dice que van a sentarse a dialogar con la Asamblea Legislativa, con la propia Contraloría y hasta con el sector privado. Quiere que todo quede claro y que la reconfiguración de la CGR no termine destruyendo la institucionalidad ni pisoteando la separación de poderes. Pero, eh, ahí hay que estar ojo avizor porque estos diálogos suelen terminar siendo pura cortina de humo, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué proponen exactamente? Pues parece que quieren echarle marcha atrás al control previo externo. Presentarán un proyecto de ley para limitar esas facultades “cuasijudiciales” de la Contraloría, sobre todo en lo que respecta a sanciones a los funcionarios. Además, quieren crear una especie de “certificados de confianza” para las unidades ejecutoras que tengan buen historial, así pueden agilizar las cosas con controles más sencillos. ¡Menos papeleo y más chamba!, eso dicen ellos.
Y para solucionar las apelaciones, Hidalgo propone un órgano independiente y digitalizado dentro del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas). ¡Así, modernito! También prometen fortalecer los controles posteriores usando tecnología forense e inteligencia artificial. Suena chiva, pero habrá que ver si realmente funciona o es otro truco publicitario. Además, quieren poner un tablero público con indicadores de tiempos de respuesta, cumplimiento de hallazgos... la onda es ser transparentes, pero sabemos cómo suele acabar todo eso.
Pero la verdadera cereza del pastel es la creación de una “mesa tripartita” con la Asamblea, la Contraloría y el Poder Ejecutivo, ¡con participación del sector privado!. Ahí sí que empieza a oler a chancho. ¿No será que están abriendo la puerta a intereses particulares? Porque cuando el sector privado se mete en estas cosas, ya saben cómo terminan… Un brete, vaya. Hay que estar pendientes a quiénes andan detrás de escena moviendo los hilos.
Hidalgo, en entrevista con El Observador, soltó que busca dar una transición gradual al régimen de control actual, argumentando que muchos municipios están hartos de la Contraloría, acusándola de convertirse en copreadministradores de lo público. Reconoció que hay muchas quejas por retrasos en contrataciones públicas y altos costos para la gente. Dice que esta discusión ya se había tocado hace 17 años, pero nunca llegó a ningún lado. Esperemos que esta vez sí haya éxito y no se queden solamente en promesas vacías.
Con todo este panorama, la pregunta que me hago es: ¿Realmente estas propuestas de Hidalgo buscan mejorar la eficiencia del Estado o simplemente son una estrategia política para favorecer a ciertos grupos de interés? ¿Creen que es posible reformar la Contraloría sin debilitar su independencia y capacidad de fiscalización? ¡Déjenme sus opiniones abajo en el foro!
