¡Ay, la revisión vehicular! Un tema que levanta pasiones en Costa Rica. Desde los viejos tiempos donde un vistazo rápido bastaba para pasar, hasta la llegada de Riteve y su promesa de orden tecnológico, hemos vivido de todo. Ahora, con la puerta cerrada y un nuevo proceso licitatorio en marcha, toca preguntarnos: ¿hacia dónde vamos con la seguridad de nuestros carros?
Imaginen los ochenta, mae. Telefones de disco, cartas esperando semanas… y la revisión técnica, un trámite burocrático lento y casi inútil. Un solo centro en San José atendiendo todo el país, y solo ciertos carros pasando por allí. ¡Qué torta! Eso era la revisión en esos años: un papel firmado más que una garantía de seguridad. Los funcionarios, con la mejor intención del mundo, pero sin herramientas ni formación adecuada, hacían lo que podían.
Luego vino el Ecomarchamo, una iniciativa con buenas intenciones pero un fallo fatal: permitir que los mismos talleres que diagnosticaban la falla fueran quienes la arreglaban. Ahí, algunos se jalaron una torta, vendiendo repuestos innecesarios o dando “stickers” a cambio de unos cuantos billetes discretos. La Comisión Interinstitucional no lograba controlar a tantos talleres privados, y el humo negro seguía saliendo de los escapes. ¡Qué nivel de desorganización!
Entonces apareció Riteve, con la promesa de centralizar todo y modernizar el proceso. La idea era buena: una sola empresa, con estaciones fijas y móviles, tecnología de punta y personal capacitado. Bajo la premisa de economía de escala, se invirtió en una infraestructura impresionante: cinco estaciones fijas en el Gran Área Metropolitana, ocho en zonas rurales y cuatro unidades móviles llegando incluso a lugares remotos como Los Chiles o Talamanca. Por fin, un agricultor en Guatuso podía revisar su camioneta sin tener que irse hasta San José. ¡Qué tuanis!
Pero la historia de Riteve no estuvo exenta de controversias. Las tarifas, congeladas durante años por decreto gubernamental, generaron tensiones financieras y desembocaron en batallas legales que culminaron con una sentencia desfavorable para el Estado. Y luego, el golpe final: la decisión de no prorrogar el contrato, dejando a Riteve fuera del juego. Que salado terminar así, después de tantos años de inversión y esfuerzo.
Ahora, Applus+, la empresa matriz de Riteve, se postula a la nueva licitación, junto con otros competidores. Conoce el terreno como la palma de la mano, tiene la infraestructura lista y el respaldo financiero de un gigante global. Pero, ¿será suficiente para convencer al Consejo de Seguridad Vial de que es la mejor opción? Además, recordaremos las promesas incumplidas y los costos adicionales debido al congelamiento tarifario.
El futuro de la revisión técnica vehicular en Costa Rica está en juego. El gobierno busca un nuevo modelo, más transparente, eficiente y competitivo. Pero la verdad es que no hay garantías. La historia nos enseña que cualquier sistema, por bueno que esté diseñado, puede verse afectado por la politiquería, la corrupción o simplemente, la falta de planificación. Y así, como con Ticonexion, donde después de años tenemos una alternativa local, necesitamos encontrar un punto intermedio en la regulación de las revisiones vehiculares.
Después de tanto vaivén, ¿creen que es hora de buscar un modelo de revisión técnica vehicular más descentralizado, con talleres privados certificados y supervisados por el Estado, o prefieren apostar por un operador único, aunque sea una multinacional? ¿Cuál creen que será el impacto de la sentencia contra el Estado en el próximo proceso licitatorio, y qué medidas debería tomar el gobierno para evitar repetir errores del pasado? ¡Compartan sus opiniones en el foro!
Imaginen los ochenta, mae. Telefones de disco, cartas esperando semanas… y la revisión técnica, un trámite burocrático lento y casi inútil. Un solo centro en San José atendiendo todo el país, y solo ciertos carros pasando por allí. ¡Qué torta! Eso era la revisión en esos años: un papel firmado más que una garantía de seguridad. Los funcionarios, con la mejor intención del mundo, pero sin herramientas ni formación adecuada, hacían lo que podían.
Luego vino el Ecomarchamo, una iniciativa con buenas intenciones pero un fallo fatal: permitir que los mismos talleres que diagnosticaban la falla fueran quienes la arreglaban. Ahí, algunos se jalaron una torta, vendiendo repuestos innecesarios o dando “stickers” a cambio de unos cuantos billetes discretos. La Comisión Interinstitucional no lograba controlar a tantos talleres privados, y el humo negro seguía saliendo de los escapes. ¡Qué nivel de desorganización!
Entonces apareció Riteve, con la promesa de centralizar todo y modernizar el proceso. La idea era buena: una sola empresa, con estaciones fijas y móviles, tecnología de punta y personal capacitado. Bajo la premisa de economía de escala, se invirtió en una infraestructura impresionante: cinco estaciones fijas en el Gran Área Metropolitana, ocho en zonas rurales y cuatro unidades móviles llegando incluso a lugares remotos como Los Chiles o Talamanca. Por fin, un agricultor en Guatuso podía revisar su camioneta sin tener que irse hasta San José. ¡Qué tuanis!
Pero la historia de Riteve no estuvo exenta de controversias. Las tarifas, congeladas durante años por decreto gubernamental, generaron tensiones financieras y desembocaron en batallas legales que culminaron con una sentencia desfavorable para el Estado. Y luego, el golpe final: la decisión de no prorrogar el contrato, dejando a Riteve fuera del juego. Que salado terminar así, después de tantos años de inversión y esfuerzo.
Ahora, Applus+, la empresa matriz de Riteve, se postula a la nueva licitación, junto con otros competidores. Conoce el terreno como la palma de la mano, tiene la infraestructura lista y el respaldo financiero de un gigante global. Pero, ¿será suficiente para convencer al Consejo de Seguridad Vial de que es la mejor opción? Además, recordaremos las promesas incumplidas y los costos adicionales debido al congelamiento tarifario.
El futuro de la revisión técnica vehicular en Costa Rica está en juego. El gobierno busca un nuevo modelo, más transparente, eficiente y competitivo. Pero la verdad es que no hay garantías. La historia nos enseña que cualquier sistema, por bueno que esté diseñado, puede verse afectado por la politiquería, la corrupción o simplemente, la falta de planificación. Y así, como con Ticonexion, donde después de años tenemos una alternativa local, necesitamos encontrar un punto intermedio en la regulación de las revisiones vehiculares.
Después de tanto vaivén, ¿creen que es hora de buscar un modelo de revisión técnica vehicular más descentralizado, con talleres privados certificados y supervisados por el Estado, o prefieren apostar por un operador único, aunque sea una multinacional? ¿Cuál creen que será el impacto de la sentencia contra el Estado en el próximo proceso licitatorio, y qué medidas debería tomar el gobierno para evitar repetir errores del pasado? ¡Compartan sus opiniones en el foro!
