La historia de Ruth López, defensora de derechos humanos salvadoreña, ha resonado con fuerza en Costa Rica, especialmente en nuestro Foro. Desde que la detuvieron el 18 de mayo pasado, la situación se ha vuelto un verdadero chinchorro, llena de interrogantes y denuncias que levantan ampollas. Y no precisamente por algo menor: la acusación de enriquecimiento ilícito a una mujer que ha dedicado su vida a luchar contra la corrupción.
Ruth, conocida por su rol clave en la organización Cristosal y por haber liderado investigaciones delicadas sobre el gobierno de Nayib Bukele, se convirtió en blanco de la Fiscalía General de la República, dirigida por Rodolfo Delgado, un hombre a quien muchos ven como aliado directo del presidente. El giro inesperado del caso – pasando de peculeto a enriquecimiento ilícito– y el secretismo impuesto por la FGR han alimentado sospechas de que detrás de todo hay una motivación política, buscando silenciar una voz crítica que ha incomodado al poder.
La familia de Ruth, encabezada por su esposo, Louis Benavides, un abogado y politólogo radicado en Europa, ha clamaado por un juicio justo y público. Benavides, quien recibió en su nombre el prestigioso Premio Magnitsky en Londres, un galardón que reconoce la valentía de quienes defienden los derechos humanos frente a la injusticia, ha relatado a la BBC Mundo las dificultades para contactar a su esposa y acceder al expediente judicial, situación que calificó como inaceptable y un claro ejemplo del deterioro del Estado de Derecho en El Salvador.
“Han pasado 178 días desde que la detuvieron,” lamentó Benavides en la entrevista. “Después de que la detuvieron el 18 de mayo de este año, Ruth estuvo más de 72 horas incomunicada... Ahora, en la Granja Penitenciaria de Izalco, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con ella. Desde hace meses que a Ruth no se le permiten visitas.” Una situación alarmante que ha generado preocupación a nivel internacional, con organismos de derechos humanos exigiendo transparencia y respeto por el debido proceso.
La controversia no termina ahí. Las acusaciones originales contra Ruth se remontan a su tiempo como asesora de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y luego secretario de comunicaciones de la Presidencia durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. La Fiscalía alega que Ruth participó activamente en los mismos hechos por los cuales Chicas también enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Benavides niega rotundamente las acusaciones, argumentando que se trata de un intento burdo por desacreditar a su esposa y justificar su encarcelamiento.
El panorama se complica aún más si consideramos el clima político actual en El Salvador, marcado por un creciente autoritarismo y restricciones a la libertad de expresión. Bajo el mandato de Bukele, numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado ataques sistemáticos contra periodistas y activistas, obligándolos a exiliarse para proteger sus vidas. Además, la implementación de un régimen de excepción desde marzo de 2022 ha facilitado la detención arbitraria de miles de personas, incluyendo a jóvenes inocentes, generando un ambiente de temor y opresión.
Algunos analistas señalan que el caso de Ruth López podría ser parte de una estrategia más amplia por parte del gobierno de Bukele para silenciar a sus críticos y consolidar su poder. La reciente inclusión de Ruth en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de la BBC habría exacerbado la situación, convirtiéndola en un blanco aún mayor para el accionar gubernamental. Incluso Louis Benavides reconoció, “Creo que sintieron que tenían que hacer algo con ella. Su figura se volvió tan fuerte que ellos sintieron que tenía que ser silenciada.”
Ante esta compleja situación, nos preguntamos: ¿Considerando el historial de Ruth López en la defensa de los derechos humanos y las denuncias sobre irregularidades en el proceso judicial, creen ustedes que existe un riesgo real de que el caso esté siendo influenciado por intereses políticos? ¿Debería la comunidad internacional intensificar sus esfuerzos para exigir un juicio justo y transparente que garantice los derechos fundamentales de Ruth López?
Ruth, conocida por su rol clave en la organización Cristosal y por haber liderado investigaciones delicadas sobre el gobierno de Nayib Bukele, se convirtió en blanco de la Fiscalía General de la República, dirigida por Rodolfo Delgado, un hombre a quien muchos ven como aliado directo del presidente. El giro inesperado del caso – pasando de peculeto a enriquecimiento ilícito– y el secretismo impuesto por la FGR han alimentado sospechas de que detrás de todo hay una motivación política, buscando silenciar una voz crítica que ha incomodado al poder.
La familia de Ruth, encabezada por su esposo, Louis Benavides, un abogado y politólogo radicado en Europa, ha clamaado por un juicio justo y público. Benavides, quien recibió en su nombre el prestigioso Premio Magnitsky en Londres, un galardón que reconoce la valentía de quienes defienden los derechos humanos frente a la injusticia, ha relatado a la BBC Mundo las dificultades para contactar a su esposa y acceder al expediente judicial, situación que calificó como inaceptable y un claro ejemplo del deterioro del Estado de Derecho en El Salvador.
“Han pasado 178 días desde que la detuvieron,” lamentó Benavides en la entrevista. “Después de que la detuvieron el 18 de mayo de este año, Ruth estuvo más de 72 horas incomunicada... Ahora, en la Granja Penitenciaria de Izalco, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con ella. Desde hace meses que a Ruth no se le permiten visitas.” Una situación alarmante que ha generado preocupación a nivel internacional, con organismos de derechos humanos exigiendo transparencia y respeto por el debido proceso.
La controversia no termina ahí. Las acusaciones originales contra Ruth se remontan a su tiempo como asesora de Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y luego secretario de comunicaciones de la Presidencia durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén. La Fiscalía alega que Ruth participó activamente en los mismos hechos por los cuales Chicas también enfrenta cargos de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, Benavides niega rotundamente las acusaciones, argumentando que se trata de un intento burdo por desacreditar a su esposa y justificar su encarcelamiento.
El panorama se complica aún más si consideramos el clima político actual en El Salvador, marcado por un creciente autoritarismo y restricciones a la libertad de expresión. Bajo el mandato de Bukele, numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado ataques sistemáticos contra periodistas y activistas, obligándolos a exiliarse para proteger sus vidas. Además, la implementación de un régimen de excepción desde marzo de 2022 ha facilitado la detención arbitraria de miles de personas, incluyendo a jóvenes inocentes, generando un ambiente de temor y opresión.
Algunos analistas señalan que el caso de Ruth López podría ser parte de una estrategia más amplia por parte del gobierno de Bukele para silenciar a sus críticos y consolidar su poder. La reciente inclusión de Ruth en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de la BBC habría exacerbado la situación, convirtiéndola en un blanco aún mayor para el accionar gubernamental. Incluso Louis Benavides reconoció, “Creo que sintieron que tenían que hacer algo con ella. Su figura se volvió tan fuerte que ellos sintieron que tenía que ser silenciada.”
Ante esta compleja situación, nos preguntamos: ¿Considerando el historial de Ruth López en la defensa de los derechos humanos y las denuncias sobre irregularidades en el proceso judicial, creen ustedes que existe un riesgo real de que el caso esté siendo influenciado por intereses políticos? ¿Debería la comunidad internacional intensificar sus esfuerzos para exigir un juicio justo y transparente que garantice los derechos fundamentales de Ruth López?
