¡Ay, Dios mío, qué bronca el marchamo! Todos los años, justo cuando uno está pensando en las fiestas, ¡bam!, te llega el golpe al bolsillo. Pero parece que este año la cosa podría ser diferente, pura verdura. El PLP, hartos de que el Gobierno les haga macana con sus propuestas, lanzó una bomba: quieren eliminar el marchamo tal cual lo conocemos y reemplazarlo con una tarifa plana universal. Esto, mis amigos, no es un mero ajuste fiscal; es una jugada maestra para meterle presión al Poder Ejecutivo.
Todo empezó hace unos meses, cuando 46 diputados lograron sumar apoyo para bajar el costo del marchamo, una medida que prometía aliviarle un poco la vida a los conductores. Pero el Gobierno, rápido como un puma, utilizó “cuantas triquiñuelas pudo”, según dicen desde el PLP, para frenar la iniciativa. Ese rechazo, pa’ ustedes, sirvió de combustible para encender la mecha de esta nueva ofensiva. Ahora, el diputado Gilberto Campos llegó con el proyecto de ley 25.292, buscando erradicar el cobro tradicional y sustituirlo por un único pago anual para todos los vehículos, sin importar su precio.
El argumento del PLP es claro: el marchamo es un “impuesto al aguinaldo, un impuesto a la felicidad, un impuesto a las fiestas decembrinas”. Dicen que se han quedado trabajando en la cabeza de los costarricenses este cobro innecesario. Esta propuesta no solo implica un ahorro para los ciudadanos, sino también un desafío directo a la estructura financiera del Estado, a esa famosa “caja única” donde, según denuncian, la plata desaparece entre papeles y trámites. "Estamos sacando definitivamente de la mente de los costarricenses lo que hasta hoy ha significado un impuesto a la felicidad," declaró el diputado Campos con mucha actitud.
Pero, ¿de dónde sale la lana para cubrir el hueco dejado por el marchamo? Ahí es donde entra la parte que algunos consideran más ambiciosa –o incluso peligrosa– del plan. El PLP propone reducir el tamaño del Estado, cerrando instituciones que consideran duplicadas o innecesarias. Menciona, directamente, el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural (CNP). ¡Imagínense, eh! Cerrarle las puertas a estas instituciones, aunque algunas tengan un buen brete, es decisión difícil.
Y no se crean que esta idea salió de la nada. El PLP argumenta que la plata recaudada por la nueva tarifa plana se destinará exclusivamente al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a las municipalidades para mejorar las carreteras. El objetivo es que el dinero no se pierda en la burocracia gubernamental, sino que llegue directamente a las manos de quienes necesitan arreglar los caminos. Quieren acabar con ese dicho de que “nunca hay plata” para mantener nuestras rutas en condiciones decentes. ¡Con razón la gente está harta!
Ahora bien, la gran pregunta que ronda por todas partes es: ¿cómo financiar esto? Campos y compañía tienen su respuesta: recortes presupuestarios. En lugar de aumentar los impuestos, prefieren achicar el gasto público. Aseguran que, si el Estado deja de derrochar en cosas inútiles, no necesitará imponer cargas fiscales tan pesadas a la población. Con el corazón en la mano dicen que la economía se reactivará con más dinero circulando en las manos de la gente. Un churro, señores!
Claro que esta propuesta no está exenta de controversia. Muchos temen que los recortes afecten servicios públicos esenciales y que la reducción del Estado genere caos e incertidumbre. Otros se preguntan si realmente el cierre de instituciones solucionará el problema de fondo, o si simplemente es una cortina de humo para justificar medidas impopulares. Y luego está la preocupación de que la tarifa plana no sea justa para todos los usuarios, especialmente aquellos que poseen vehículos de alto valor. Este asunto da para otro brete, diay.
En definitiva, la propuesta del PLP es audaz y polémica. Podría significar un alivio significativo para los bolsillos de muchos costarricenses, pero también plantea interrogantes sobre el futuro del Estado y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Entonces, diganme, queridos lectores del Foro: ¿Ustedes creen que el PLP está haciendo la tarea de aliviar el bolsillo del tico o estamos frente a una aventura arriesgada que nos puede salir más salada que un chorlito en el Pacífico?
Todo empezó hace unos meses, cuando 46 diputados lograron sumar apoyo para bajar el costo del marchamo, una medida que prometía aliviarle un poco la vida a los conductores. Pero el Gobierno, rápido como un puma, utilizó “cuantas triquiñuelas pudo”, según dicen desde el PLP, para frenar la iniciativa. Ese rechazo, pa’ ustedes, sirvió de combustible para encender la mecha de esta nueva ofensiva. Ahora, el diputado Gilberto Campos llegó con el proyecto de ley 25.292, buscando erradicar el cobro tradicional y sustituirlo por un único pago anual para todos los vehículos, sin importar su precio.
El argumento del PLP es claro: el marchamo es un “impuesto al aguinaldo, un impuesto a la felicidad, un impuesto a las fiestas decembrinas”. Dicen que se han quedado trabajando en la cabeza de los costarricenses este cobro innecesario. Esta propuesta no solo implica un ahorro para los ciudadanos, sino también un desafío directo a la estructura financiera del Estado, a esa famosa “caja única” donde, según denuncian, la plata desaparece entre papeles y trámites. "Estamos sacando definitivamente de la mente de los costarricenses lo que hasta hoy ha significado un impuesto a la felicidad," declaró el diputado Campos con mucha actitud.
Pero, ¿de dónde sale la lana para cubrir el hueco dejado por el marchamo? Ahí es donde entra la parte que algunos consideran más ambiciosa –o incluso peligrosa– del plan. El PLP propone reducir el tamaño del Estado, cerrando instituciones que consideran duplicadas o innecesarias. Menciona, directamente, el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural (CNP). ¡Imagínense, eh! Cerrarle las puertas a estas instituciones, aunque algunas tengan un buen brete, es decisión difícil.
Y no se crean que esta idea salió de la nada. El PLP argumenta que la plata recaudada por la nueva tarifa plana se destinará exclusivamente al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y a las municipalidades para mejorar las carreteras. El objetivo es que el dinero no se pierda en la burocracia gubernamental, sino que llegue directamente a las manos de quienes necesitan arreglar los caminos. Quieren acabar con ese dicho de que “nunca hay plata” para mantener nuestras rutas en condiciones decentes. ¡Con razón la gente está harta!
Ahora bien, la gran pregunta que ronda por todas partes es: ¿cómo financiar esto? Campos y compañía tienen su respuesta: recortes presupuestarios. En lugar de aumentar los impuestos, prefieren achicar el gasto público. Aseguran que, si el Estado deja de derrochar en cosas inútiles, no necesitará imponer cargas fiscales tan pesadas a la población. Con el corazón en la mano dicen que la economía se reactivará con más dinero circulando en las manos de la gente. Un churro, señores!
Claro que esta propuesta no está exenta de controversia. Muchos temen que los recortes afecten servicios públicos esenciales y que la reducción del Estado genere caos e incertidumbre. Otros se preguntan si realmente el cierre de instituciones solucionará el problema de fondo, o si simplemente es una cortina de humo para justificar medidas impopulares. Y luego está la preocupación de que la tarifa plana no sea justa para todos los usuarios, especialmente aquellos que poseen vehículos de alto valor. Este asunto da para otro brete, diay.
En definitiva, la propuesta del PLP es audaz y polémica. Podría significar un alivio significativo para los bolsillos de muchos costarricenses, pero también plantea interrogantes sobre el futuro del Estado y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. Entonces, diganme, queridos lectores del Foro: ¿Ustedes creen que el PLP está haciendo la tarea de aliviar el bolsillo del tico o estamos frente a una aventura arriesgada que nos puede salir más salada que un chorlito en el Pacífico?
