¡Ay, Dios mío! Resulta que el tema de la seguridad a los expresidentes ha dado un giro inesperado, mis queridos foreros. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) anda revolviendo el gallina, evaluando si quitarle la Fuerza Pública a nuestros exmandatarios. Imagínense la bronca que eso podría causar… ¡una torta!
Todo empezó porque el ministro Mario Zamora, en un movimiento que algunos califican de “desatinado” –y yo estoy tentada a estar de acuerdo–, mandó una consulta a la Procuraduría General de la República preguntando si podía derogar el decreto de 2003 que protege a estos señores. Parece que alguien tuvo la idea de ahorrar unos mangos, aunque a costa de poner en riesgo la seguridad de figuras históricas del país. ¡Qué nivel de ahorro!
Según el decreto, ahora mismo tienen vigilancia constante figuras como Don Óscarlito (Óscar Arias), Calderón, Rodríguez y Pacheco – todos ellos ya curtidos en mil batallas políticas–, además de las exprimieras damas Karen Olsen y Josette Altmann. Piensen en todos esos años de protección... y ahora, ¿de repente se retiran los guardias?
Zamora justificó su consulta argumentando que estaban revisando aspectos de seguridad, y prefiriendo tener a los oficiales de la Fuerza Pública lejos de las residencias de los expresidentes. Un poco ambiguo, ¿verdad? Suena como si estuvieran buscando una salida fácil para evitar responsabilidades en caso de algún incidente futuro. Ya sabemos cómo van las cosas por acá…
Pues bien, la Procuraduría, con toda la calma del mundo, respondió que SÍ, pueden derogar el decreto. Pero agregaron una cláusula que dice que esto no afecta los derechos adquiridos ni las situaciones jurídicas consolidadas. En cristiano, significa que si alguien ya goza de esta protección, es difícil quitársela así nomás. ¡Un respiro para los expresidentes, creo!
La explicación técnica de la Procuraduría es que el Poder Ejecutivo puede modificar o derogar decretos ejecutivos como este, siempre y cuando se adapten a las nuevas circunstancias. Claro, pero ¿son las circunstancias actuales tan diferentes como para justificar cambiar la seguridad de personas que han ocupado el cargo más alto del país? Ahí radica la controversia, chunches.
Ahora, hay que decir que esto ha levantado ampollas en muchos sectores. Algunos políticos critican la medida, alegando que pone en peligro la estabilidad del país y envía un mensaje negativo a la comunidad internacional. Otros, más pragmáticos, consideran que es hora de racionalizar gastos y reevaluar prioridades. Después de todo, el erario público no es infinito, diay.
En fin, hasta donde va la cosa, la seguridad presidencial se mantiene por ahora. Pero la polémica sigue latente. Entonces, mi pregunta para ustedes, compañeros del Foro: ¿creen que es justo y sensato mantener la seguridad a los expresidentes con recursos públicos, o debería haber un cambio radical en esta política? ¡Déjenme sus opiniones, quiero saber qué piensan al respecto!
Todo empezó porque el ministro Mario Zamora, en un movimiento que algunos califican de “desatinado” –y yo estoy tentada a estar de acuerdo–, mandó una consulta a la Procuraduría General de la República preguntando si podía derogar el decreto de 2003 que protege a estos señores. Parece que alguien tuvo la idea de ahorrar unos mangos, aunque a costa de poner en riesgo la seguridad de figuras históricas del país. ¡Qué nivel de ahorro!
Según el decreto, ahora mismo tienen vigilancia constante figuras como Don Óscarlito (Óscar Arias), Calderón, Rodríguez y Pacheco – todos ellos ya curtidos en mil batallas políticas–, además de las exprimieras damas Karen Olsen y Josette Altmann. Piensen en todos esos años de protección... y ahora, ¿de repente se retiran los guardias?
Zamora justificó su consulta argumentando que estaban revisando aspectos de seguridad, y prefiriendo tener a los oficiales de la Fuerza Pública lejos de las residencias de los expresidentes. Un poco ambiguo, ¿verdad? Suena como si estuvieran buscando una salida fácil para evitar responsabilidades en caso de algún incidente futuro. Ya sabemos cómo van las cosas por acá…
Pues bien, la Procuraduría, con toda la calma del mundo, respondió que SÍ, pueden derogar el decreto. Pero agregaron una cláusula que dice que esto no afecta los derechos adquiridos ni las situaciones jurídicas consolidadas. En cristiano, significa que si alguien ya goza de esta protección, es difícil quitársela así nomás. ¡Un respiro para los expresidentes, creo!
La explicación técnica de la Procuraduría es que el Poder Ejecutivo puede modificar o derogar decretos ejecutivos como este, siempre y cuando se adapten a las nuevas circunstancias. Claro, pero ¿son las circunstancias actuales tan diferentes como para justificar cambiar la seguridad de personas que han ocupado el cargo más alto del país? Ahí radica la controversia, chunches.
Ahora, hay que decir que esto ha levantado ampollas en muchos sectores. Algunos políticos critican la medida, alegando que pone en peligro la estabilidad del país y envía un mensaje negativo a la comunidad internacional. Otros, más pragmáticos, consideran que es hora de racionalizar gastos y reevaluar prioridades. Después de todo, el erario público no es infinito, diay.
En fin, hasta donde va la cosa, la seguridad presidencial se mantiene por ahora. Pero la polémica sigue latente. Entonces, mi pregunta para ustedes, compañeros del Foro: ¿creen que es justo y sensato mantener la seguridad a los expresidentes con recursos públicos, o debería haber un cambio radical en esta política? ¡Déjenme sus opiniones, quiero saber qué piensan al respecto!
