¡Aguántense!, porque esto sí que es un cambio de olla. Después de meses de papeleo y discusiones, la adopción desde el embarazo ya es ley en Costa Rica. Sí, así como lo escuchan, las mamás que no quieren asumir la paternidad ahora pueden iniciar el proceso de adopción mientras todavía están cargando con el churrito. Esto ha levantado más polvo que baile de polka en feria, generando un debate encendido entre defensores de los derechos de las mujeres y aquellos que consideran que se está jugando con la vida de los niños.
Según el nuevo reglamento, publicado en La Gaceta, cualquier mujer embarazada que decida no continuar con la crianza de su bebé puede contactar a los servicios de salud públicos o privados, o directamente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El Estado, aparentemente, va a brindarles toda la asesoría – psicológica, legal y social – necesaria para tomar una decisión informada, una verdadera muestra de cómo queremos cuidar de nuestras madres, aunque la situación sea bien complicada. Pero ojo, que esto no es un pase libre, ni mucho menos. Hay reglas claras, definidas y muy específicas que deben seguirse al pie de la letra.
Ahora, vamos a la jugada técnica. El procedimiento establece que los profesionales de la salud tienen la obligación de informar a la futura mamá sobre sus derechos y las implicaciones legales del proceso. Deben orientarla, derivarla al PANI y poner el asunto en conocimiento de la institución. Todo esto, claro, respetando la confidencialidad y asegurándole apoyo durante todo el recorrido. Lo que realmente me da intriga es qué tan rápido van a procesar estos casos y si el sistema de salud tendrá la capacidad de atender a todas las mujeres que puedan buscar esta opción, porque vaya que parece que va a haber demanda, diay.
Uno de los puntos más polémicos es el consentimiento de adopción, que debe ser otorgado por escrito y firmado dentro de los 40 días posteriores al parto. Parece un plazo razonable, pero algunos expertos cuestionan si una madre, recién salida del quirófano y bajo el influjo de hormonas, estará en plena capacidad mental para tomar una decisión tan trascendental. ¡Imagínate la presión!, y eso sin entrar en temas de si hay influencia familiar o de pareja. Ese brete, se lo llevan ellos, y espero que nadie abuse de esa vulnerabilidad.
Y hablando de influencias, si el padre biológico (o el conviviente, o la persona que aportó el material genético) se niega a aceptar la responsabilidad, el PANI tiene un protocolo bastante interesante. Se realizará una prueba de ADN en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si la prueba confirma la paternidad “prácticamente probada”, el padre deberá hacerse cargo del niño, siempre y cuando sea considerado apto por las autoridades. Aquí es donde se pone interesante la parte de la evaluación de idoneidad, y ahí, creo yo, radica una de las claves para evitar situaciones conflictivas y proteger el bienestar del menor.
En cuanto a las familias adoptantes, parece que el proceso también se agilizará. El Departamento de Adopciones se pondrá en contacto inmediatamente con las parejas preseleccionadas, les informará sobre el caso específico y les dará un plazo de 48 horas para decidir si aceptan la responsabilidad. ¡Un relajo!, pienso yo, porque eso obliga a tomar una decisión rápida y contundente. Espero que esas familias estén bien preparadas emocionalmente para recibir a un bebé que quizás llegue a sus vidas de forma inesperada.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños han expresado su preocupación por el posible impacto negativo de esta ley en la estabilidad emocional de los menores. Temen que la adopción temprana pueda generar confusión e inseguridad en los bebés, especialmente si se ven separados de su madre poco tiempo después de nacer. Sin embargo, los promotores de la ley argumentan que esta medida permitirá reducir el número de abortos clandestinos y ofrecerle a los niños un entorno familiar estable y amoroso.
En fin, la adopción desde el embarazo ha abierto una caja de Pandora llena de preguntas y dilemas éticos. Es una decisión compleja que afecta a múltiples actores: la madre, el niño, el padre biológico y la familia adoptante. ¿Será este nuevo modelo de adopción un éxito o un fracaso? ¿Estamos protegiendo los derechos de todos los involucrados o abriendo la puerta a nuevas formas de explotación infantil? ¿Ustedes, compatriotas, creen que esta ley es un paso adelante hacia una sociedad más justa y solidaria o una concesión peligrosa que podría poner en riesgo el futuro de nuestros niños?
Según el nuevo reglamento, publicado en La Gaceta, cualquier mujer embarazada que decida no continuar con la crianza de su bebé puede contactar a los servicios de salud públicos o privados, o directamente al Patronato Nacional de la Infancia (PANI). El Estado, aparentemente, va a brindarles toda la asesoría – psicológica, legal y social – necesaria para tomar una decisión informada, una verdadera muestra de cómo queremos cuidar de nuestras madres, aunque la situación sea bien complicada. Pero ojo, que esto no es un pase libre, ni mucho menos. Hay reglas claras, definidas y muy específicas que deben seguirse al pie de la letra.
Ahora, vamos a la jugada técnica. El procedimiento establece que los profesionales de la salud tienen la obligación de informar a la futura mamá sobre sus derechos y las implicaciones legales del proceso. Deben orientarla, derivarla al PANI y poner el asunto en conocimiento de la institución. Todo esto, claro, respetando la confidencialidad y asegurándole apoyo durante todo el recorrido. Lo que realmente me da intriga es qué tan rápido van a procesar estos casos y si el sistema de salud tendrá la capacidad de atender a todas las mujeres que puedan buscar esta opción, porque vaya que parece que va a haber demanda, diay.
Uno de los puntos más polémicos es el consentimiento de adopción, que debe ser otorgado por escrito y firmado dentro de los 40 días posteriores al parto. Parece un plazo razonable, pero algunos expertos cuestionan si una madre, recién salida del quirófano y bajo el influjo de hormonas, estará en plena capacidad mental para tomar una decisión tan trascendental. ¡Imagínate la presión!, y eso sin entrar en temas de si hay influencia familiar o de pareja. Ese brete, se lo llevan ellos, y espero que nadie abuse de esa vulnerabilidad.
Y hablando de influencias, si el padre biológico (o el conviviente, o la persona que aportó el material genético) se niega a aceptar la responsabilidad, el PANI tiene un protocolo bastante interesante. Se realizará una prueba de ADN en un plazo máximo de cinco días hábiles. Si la prueba confirma la paternidad “prácticamente probada”, el padre deberá hacerse cargo del niño, siempre y cuando sea considerado apto por las autoridades. Aquí es donde se pone interesante la parte de la evaluación de idoneidad, y ahí, creo yo, radica una de las claves para evitar situaciones conflictivas y proteger el bienestar del menor.
En cuanto a las familias adoptantes, parece que el proceso también se agilizará. El Departamento de Adopciones se pondrá en contacto inmediatamente con las parejas preseleccionadas, les informará sobre el caso específico y les dará un plazo de 48 horas para decidir si aceptan la responsabilidad. ¡Un relajo!, pienso yo, porque eso obliga a tomar una decisión rápida y contundente. Espero que esas familias estén bien preparadas emocionalmente para recibir a un bebé que quizás llegue a sus vidas de forma inesperada.
Pero no todo es miel sobre hojuelas. Las organizaciones defensoras de los derechos de los niños han expresado su preocupación por el posible impacto negativo de esta ley en la estabilidad emocional de los menores. Temen que la adopción temprana pueda generar confusión e inseguridad en los bebés, especialmente si se ven separados de su madre poco tiempo después de nacer. Sin embargo, los promotores de la ley argumentan que esta medida permitirá reducir el número de abortos clandestinos y ofrecerle a los niños un entorno familiar estable y amoroso.
En fin, la adopción desde el embarazo ha abierto una caja de Pandora llena de preguntas y dilemas éticos. Es una decisión compleja que afecta a múltiples actores: la madre, el niño, el padre biológico y la familia adoptante. ¿Será este nuevo modelo de adopción un éxito o un fracaso? ¿Estamos protegiendo los derechos de todos los involucrados o abriendo la puerta a nuevas formas de explotación infantil? ¿Ustedes, compatriotas, creen que esta ley es un paso adelante hacia una sociedad más justa y solidaria o una concesión peligrosa que podría poner en riesgo el futuro de nuestros niños?
