¡Ay, Dios mío! Qué historia más triste nos llega desde La Carpio. Resulta que doña Luisa, una abuelita luchadora de nuestro querido barrio, se llevó una tremenda decepción. Después de batallar varios años, la Corte Suprema de Justicia le dijo ‘no’ a su sueño de recibir una pensión por vejez del Régimen No Contributivo de la CCSS. ¡Imagínate la bronca!
La raíz de todo este lío se remonta a 2022, cuando doña Luisa, ya rebasando los sesenta y pico, le pidió a la Caja una manito de apoyo para esos años de jubilación. Pero la CCSS le respondió con un seco “no”, argumentando que ella no estaba en condiciones de pobreza extrema, el requisito principal para acceder a esa ayuda. La señora, claro, no se quedó calladita y decidió ir a pelear el tema por todos lados.
Doña Luisa, con toda la fe del mundo, demandó a la CCSS buscando que le pagaran todas esas mesadas atrasadas y que además le pusieran una pulsera a la institución para evitar que esto le volviera a pasar a nadie más. Su abogado, con mucho empeño, presentó pruebas y argumentos tratando de convencer al Tribunal, pero desafortunadamente, la balanza se inclinó a favor de la Caja.
Uno de los puntos clave de la defensa de la CCSS fue el uso del SINIRUBE, ese sistema que supuestamente tiene la información actualizada sobre quiénes necesitan ayuda. Según ellos, el SINIRUBE dice clarito que doña Luisa no es pobre. El abogado de la señora, obviamente, puso objeciones, diciendo que el SINIRUBE a veces se equivoca, que solo se basa en registros burocráticos y que no va a terreno a ver cómo viven las personas realmente. ¡Qué justo!
Pero la cosa no acabó ahí. La señora siguió insistiendo y llegó hasta la Sala II de la Corte Suprema, esperando que los magistrados voltearan la tortilla. Ahí presentó un peritaje socioeconómico hecho por una trabajadora social del Poder Judicial, que indicaba que aunque doña Luisa tiene una casa propia en La Carpio – y eso no es poco, créeme – tampoco tiene muchas entradas y depende mucho de sus hijos y nietos. Lo que pasa es que vivir en La Carpio no significa necesariamente ser rico, ¿verdad?
Sin embargo, los magistrados decidieron que, aunque la señora tenga algunos apoyos familiares y una casa, eso no es suficiente para considerarla en situación de pobreza extrema. Argumentaron que, al final, lo importante es si la persona tiene cubiertas sus necesidades básicas: comida, techo y vestuario. Y en este caso, parece que doña Luisa, gracias a su familia, sí las tiene. ¡Qué pena!
La decisión de la Sala II deja varias preguntas abiertas. ¿Cómo podemos mejorar el SINIRUBE para que refleje la realidad de las personas que viven en zonas vulnerables? ¿Es justo exigir requisitos tan estrictos para acceder a una pensión no contributiva? ¿Estamos dejando atrás a nuestros adultos mayores que han trabajado duro toda su vida y ahora necesitan una mano amiga? ¿Será que necesitamos cambiar el criterio de ‘pobreza extrema’ o ampliar los criterios para evaluar las situaciones particulares?
Y así llegamos al final de esta historia, con un saborcito amargo en la boca. Doña Luisa tendrá que seguir adelante, buscando otras opciones para salir adelante. Pero lo que queda claro es que la lucha por la justicia social sigue vigente. Ahora, me pregunto… ¿Ustedes creen que la CCSS debería reconsiderar su decisión y ayudar a doña Luisa, o consideran que la ley es clara y no hay margen para excepciones?
La raíz de todo este lío se remonta a 2022, cuando doña Luisa, ya rebasando los sesenta y pico, le pidió a la Caja una manito de apoyo para esos años de jubilación. Pero la CCSS le respondió con un seco “no”, argumentando que ella no estaba en condiciones de pobreza extrema, el requisito principal para acceder a esa ayuda. La señora, claro, no se quedó calladita y decidió ir a pelear el tema por todos lados.
Doña Luisa, con toda la fe del mundo, demandó a la CCSS buscando que le pagaran todas esas mesadas atrasadas y que además le pusieran una pulsera a la institución para evitar que esto le volviera a pasar a nadie más. Su abogado, con mucho empeño, presentó pruebas y argumentos tratando de convencer al Tribunal, pero desafortunadamente, la balanza se inclinó a favor de la Caja.
Uno de los puntos clave de la defensa de la CCSS fue el uso del SINIRUBE, ese sistema que supuestamente tiene la información actualizada sobre quiénes necesitan ayuda. Según ellos, el SINIRUBE dice clarito que doña Luisa no es pobre. El abogado de la señora, obviamente, puso objeciones, diciendo que el SINIRUBE a veces se equivoca, que solo se basa en registros burocráticos y que no va a terreno a ver cómo viven las personas realmente. ¡Qué justo!
Pero la cosa no acabó ahí. La señora siguió insistiendo y llegó hasta la Sala II de la Corte Suprema, esperando que los magistrados voltearan la tortilla. Ahí presentó un peritaje socioeconómico hecho por una trabajadora social del Poder Judicial, que indicaba que aunque doña Luisa tiene una casa propia en La Carpio – y eso no es poco, créeme – tampoco tiene muchas entradas y depende mucho de sus hijos y nietos. Lo que pasa es que vivir en La Carpio no significa necesariamente ser rico, ¿verdad?
Sin embargo, los magistrados decidieron que, aunque la señora tenga algunos apoyos familiares y una casa, eso no es suficiente para considerarla en situación de pobreza extrema. Argumentaron que, al final, lo importante es si la persona tiene cubiertas sus necesidades básicas: comida, techo y vestuario. Y en este caso, parece que doña Luisa, gracias a su familia, sí las tiene. ¡Qué pena!
La decisión de la Sala II deja varias preguntas abiertas. ¿Cómo podemos mejorar el SINIRUBE para que refleje la realidad de las personas que viven en zonas vulnerables? ¿Es justo exigir requisitos tan estrictos para acceder a una pensión no contributiva? ¿Estamos dejando atrás a nuestros adultos mayores que han trabajado duro toda su vida y ahora necesitan una mano amiga? ¿Será que necesitamos cambiar el criterio de ‘pobreza extrema’ o ampliar los criterios para evaluar las situaciones particulares?
Y así llegamos al final de esta historia, con un saborcito amargo en la boca. Doña Luisa tendrá que seguir adelante, buscando otras opciones para salir adelante. Pero lo que queda claro es que la lucha por la justicia social sigue vigente. Ahora, me pregunto… ¿Ustedes creen que la CCSS debería reconsiderar su decisión y ayudar a doña Luisa, o consideran que la ley es clara y no hay margen para excepciones?