¡Ay, Dios mío! El temblor sacudió la capital esta mañana, pero no por terremoto, sino porque la Fiscalía Anticorrupción llegó con todo a allanar oficinas del Banco de Costa Rica (BCR), la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR-SAFI) y, ¡sorpresa!, la casa del exdiputado Humberto Vargas. Parece que el caso de los sobreprecios en propiedades ha escalado hasta niveles raros, dejando a unos 170 inversionistas con el corazón roto y la cartera vacía.
La movida, que se llevó a cabo simultáneamente en San José centro, Rohrmoser y Santo Domingo de Heredia –donde Vargas disfruta de la vida en el residencial Real Santamaría–, forma parte de una investigación que apunta a malos manejos y pagos inflados en varias propiedades. El Ministerio Público confirmó que están ejecutando 16 allanamientos bajo el expediente 21-000209-1218-PE. ¡Una verdadera maraña!
Según la Fiscalía, buscan pruebas, tanto papel como digitales, que les ayuden a desenredar esta madeja. Hablan de documentos sobre inversiones, contratos, permisos... todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que pasó. ¡Imagínate la pila de papeles que andan buscando! En la mira tienen a funcionarios de la SAFI, desde la Junta Directiva hasta el Comité de Inversión, acusándolos de influenciar indebidamente en la compra de nueve proyectos, ¡nueve! Un brete para la justicia.
Lo curioso es que esta causa ahora engloba tres denuncias previas: una por la compra irregular del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), otra por la misteriosa desaparición de información de computadoras de exmandatarios del BCR como Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, y una más reciente por administración fraudulenta. ¡Parece que hay más peces gordos en esta historia de lo que pensábamos!
Y ni hablar del informe de la Unidad de Investigaciones del BCR, que ya había recomendado abrirle proceso penal al gerente general Douglas Soto Leitón por supuesto incumplimiento de deberes. Al parecer, Soto conocía las irregularidades, incluyendo la destrucción de dos discos duros con info del PEP, pero hizo caso omiso. ¡Qué carga!
Uno de los casos más emblemáticos es el del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), que encargaron la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico por más de 70 millones de dólares. Para cerrar el trato, pidieron prestados 22 millones al BCR, ¡dinero de todos nosotros! Pero el avalúo más reciente, justo este año, ubicaba la propiedad en apenas 28 millones. ¡Menos de la mitad de lo que pagamos hace cuatro años! ¿Dónde quedó el sentido común?
Ahora, los inversionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, claman por justicia. Han visto cómo sus ahorros se esfuman mientras los responsables parecen moverse con impunidad. Esta situación ha generado indignación y frustración en gran parte del país. Es hora de que alguien rinda cuentas y se recupere el dinero que legítimamente pertenece a la gente, pues esto es demasiado despiche.
Con tantos datos en la mesa y tantas preguntas sin respuesta, me pregunto: ¿cree usted que la Fiscalía llegará al fondo de este caso y logrará recuperar los recursos perdidos por los inversionistas, o será otro escándalo que quedará impune? Déjeme saber su opinión en los comentarios.
La movida, que se llevó a cabo simultáneamente en San José centro, Rohrmoser y Santo Domingo de Heredia –donde Vargas disfruta de la vida en el residencial Real Santamaría–, forma parte de una investigación que apunta a malos manejos y pagos inflados en varias propiedades. El Ministerio Público confirmó que están ejecutando 16 allanamientos bajo el expediente 21-000209-1218-PE. ¡Una verdadera maraña!
Según la Fiscalía, buscan pruebas, tanto papel como digitales, que les ayuden a desenredar esta madeja. Hablan de documentos sobre inversiones, contratos, permisos... todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que pasó. ¡Imagínate la pila de papeles que andan buscando! En la mira tienen a funcionarios de la SAFI, desde la Junta Directiva hasta el Comité de Inversión, acusándolos de influenciar indebidamente en la compra de nueve proyectos, ¡nueve! Un brete para la justicia.
Lo curioso es que esta causa ahora engloba tres denuncias previas: una por la compra irregular del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), otra por la misteriosa desaparición de información de computadoras de exmandatarios del BCR como Juan Carlos Bolaños Azofeifa y Álvaro Camacho de la O, y una más reciente por administración fraudulenta. ¡Parece que hay más peces gordos en esta historia de lo que pensábamos!
Y ni hablar del informe de la Unidad de Investigaciones del BCR, que ya había recomendado abrirle proceso penal al gerente general Douglas Soto Leitón por supuesto incumplimiento de deberes. Al parecer, Soto conocía las irregularidades, incluyendo la destrucción de dos discos duros con info del PEP, pero hizo caso omiso. ¡Qué carga!
Uno de los casos más emblemáticos es el del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND), que encargaron la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico por más de 70 millones de dólares. Para cerrar el trato, pidieron prestados 22 millones al BCR, ¡dinero de todos nosotros! Pero el avalúo más reciente, justo este año, ubicaba la propiedad en apenas 28 millones. ¡Menos de la mitad de lo que pagamos hace cuatro años! ¿Dónde quedó el sentido común?
Ahora, los inversionistas, muchos de ellos pequeños ahorradores, claman por justicia. Han visto cómo sus ahorros se esfuman mientras los responsables parecen moverse con impunidad. Esta situación ha generado indignación y frustración en gran parte del país. Es hora de que alguien rinda cuentas y se recupere el dinero que legítimamente pertenece a la gente, pues esto es demasiado despiche.
Con tantos datos en la mesa y tantas preguntas sin respuesta, me pregunto: ¿cree usted que la Fiscalía llegará al fondo de este caso y logrará recuperar los recursos perdidos por los inversionistas, o será otro escándalo que quedará impune? Déjeme saber su opinión en los comentarios.
