¡Ay, Dios mío, qué vaina! Resulta que la Fiscalía anda reventando con una investigación que parece sacada de novela. Al parecer, hubo gato debajo de la alfombra en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del BCR SAFI. Unos avalúos amañados, dicen, permitieron que se paguen 70 millones de colones por unas bodegas que, según los expertos, no valían ni la mitad. ¡Esto huele a chamaco desde lejos!
Para ponerles el contesto, el ex diputado Humberto Vargas Corrales, y su gente, están metidos en este brete. Se habla de precios inflados, de omisiones estratégicas y de funcionarios que se pasaron de la raya para favorecer a unos cuantos. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ya abrió expediente y no andan jugando: allanamientos, entrevistas y un montón de papeleo para desenmarañar este lío.
Lo que más me preocupa es cómo se pudo llegar a tanto atropello. Según la investigación, dos avalúos externos, hechos por unos arquitectos y un tipo de la SAFI, influyeron directamente en la decisión de comprar el PEP a un precio exagerado. Uno de esos avalúos, fechado justo una semana antes de la compra, valuaba el parque en casi 71 millones de colones. ¡Una barbaridad! Y el otro, poco después, lo ponía en más de 87 millones. Luego, con el tiempo, este año mismo, se tasó en apenas 28 millones... ¡qué diferencia!
¿Y qué pasó con los responsables? Pues ahí viene lo interesante. Parece que estos tipos, entre los que figura un tal Luis Carlos Gutiérrez Chaves, omitieron información clave, como el hecho de que el parque estaba todavía en construcción, con obras pendientes. Eso sí, al final, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) pagó la cifra astronómica, mientras que los inversionistas ahora se rascan la cabeza preguntándose dónde se equivocaron.
No solo eso, sino que también se investiga a Rosnnie Díaz Méndez, apoderada del BCR, porque aparentemente dio el visto bueno a la compra sin levantar sospechas. Dicen que ella sabía que los avalúos eran dudosos, pero hizo la vista gorda. ¡Qué sal! Esto da para pensar si hay complicidad más allá de lo evidente. Y luego apareció la Sugeval, que también está revisando todo este rollo, preguntándole al BCR qué onda con el plan de acción que tenían para atender los señalamientos. ¡Parece que están buscando quién le tiró la piedra!
El caso se complica aún más porque, al parecer, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) fue engañada, informando falsamente que la retención de algunos miles de dólares era una garantía por vicios ocultos, cuando en realidad era para cubrir las obras pendientes. ¡Qué maniobra tan descarada! Todo esto pinta a un intento de encubrir las irregularidades y evitar que la Sugeval tomara cartas en el asunto. Y ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazo una medida cautelar, así que toca convocar nuevamente a los inversionistas a revisión de plan.
Este caso del Parque del Pacífico es un verdadero espanto, un claro ejemplo de cómo la corrupción puede estar enquistada en nuestros sistemas. Además del ex diputado y sus socios, se involucran funcionarios públicos y empresas privadas, todos unidos en una trama para enriquecerse a costa del patrimonio nacional. Imagínate, ¡70 millones perdidos! Eso podría haber servido para construir escuelas, hospitales o mejorar la infraestructura del país. ¡Qué pena ver cómo nos roban a mano armada!
Ahora la pregunta sería, ¿hasta dónde llegará la investigación? ¿Se van a caer cabezas importantes? ¿Lograremos recuperar ese dinero perdido? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro? ¡Déjanos tus comentarios y dime qué piensas tú sobre este asunto!
Para ponerles el contesto, el ex diputado Humberto Vargas Corrales, y su gente, están metidos en este brete. Se habla de precios inflados, de omisiones estratégicas y de funcionarios que se pasaron de la raya para favorecer a unos cuantos. La Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) ya abrió expediente y no andan jugando: allanamientos, entrevistas y un montón de papeleo para desenmarañar este lío.
Lo que más me preocupa es cómo se pudo llegar a tanto atropello. Según la investigación, dos avalúos externos, hechos por unos arquitectos y un tipo de la SAFI, influyeron directamente en la decisión de comprar el PEP a un precio exagerado. Uno de esos avalúos, fechado justo una semana antes de la compra, valuaba el parque en casi 71 millones de colones. ¡Una barbaridad! Y el otro, poco después, lo ponía en más de 87 millones. Luego, con el tiempo, este año mismo, se tasó en apenas 28 millones... ¡qué diferencia!
¿Y qué pasó con los responsables? Pues ahí viene lo interesante. Parece que estos tipos, entre los que figura un tal Luis Carlos Gutiérrez Chaves, omitieron información clave, como el hecho de que el parque estaba todavía en construcción, con obras pendientes. Eso sí, al final, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI) pagó la cifra astronómica, mientras que los inversionistas ahora se rascan la cabeza preguntándose dónde se equivocaron.
No solo eso, sino que también se investiga a Rosnnie Díaz Méndez, apoderada del BCR, porque aparentemente dio el visto bueno a la compra sin levantar sospechas. Dicen que ella sabía que los avalúos eran dudosos, pero hizo la vista gorda. ¡Qué sal! Esto da para pensar si hay complicidad más allá de lo evidente. Y luego apareció la Sugeval, que también está revisando todo este rollo, preguntándole al BCR qué onda con el plan de acción que tenían para atender los señalamientos. ¡Parece que están buscando quién le tiró la piedra!
El caso se complica aún más porque, al parecer, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) fue engañada, informando falsamente que la retención de algunos miles de dólares era una garantía por vicios ocultos, cuando en realidad era para cubrir las obras pendientes. ¡Qué maniobra tan descarada! Todo esto pinta a un intento de encubrir las irregularidades y evitar que la Sugeval tomara cartas en el asunto. Y ahora, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazo una medida cautelar, así que toca convocar nuevamente a los inversionistas a revisión de plan.
Este caso del Parque del Pacífico es un verdadero espanto, un claro ejemplo de cómo la corrupción puede estar enquistada en nuestros sistemas. Además del ex diputado y sus socios, se involucran funcionarios públicos y empresas privadas, todos unidos en una trama para enriquecerse a costa del patrimonio nacional. Imagínate, ¡70 millones perdidos! Eso podría haber servido para construir escuelas, hospitales o mejorar la infraestructura del país. ¡Qué pena ver cómo nos roban a mano armada!
Ahora la pregunta sería, ¿hasta dónde llegará la investigación? ¿Se van a caer cabezas importantes? ¿Lograremos recuperar ese dinero perdido? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro? ¡Déjanos tus comentarios y dime qué piensas tú sobre este asunto!
