¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con movida en el INS. Resulta que Doña Gabriela Chacón, la jefa del seguro, va a tener que pasar 20 días sin ir a trabajar y, encima, sin agarrarle el juguito. La Contraloría le puso el dedo encima por unas contrataciones que hizo cuando todavía era asesora de la Presidencia, ¡imagínate!
La verdad, esto ha levantado polvo en todos lados. El Gobierno de Don Rodri dice que lamenta la decisión, que no la ven tan justa, pero que van a obedecer lo que mandó la Contraloría. Claro, porque en estos asuntos hay que jugar con cuidado, ¿verdad? Uno no quiere meterse en problemas más gordos.
Según cuentan los rumores, y pa’ qué les voy a mentir, muchos en el INS estaban esperando esto. Dicen que había gente inconforme con cómo estaba manejando las cosas Doña Gabriela, y esta sanción les cayó como anillo al dedo. Pero, vamos a analizarlo bien, la señora tiene trayectoria, no anda buscando fajarse con nadie.
Pero, ¡aguántense! Que la cosa no termina ahí. Parece que Doña Gabriela no piensa rendirse fácil. Ya anunció que va a defender sus acciones en los tribunales contencioso administrativos. Dice que todo lo que hizo fue legal y que va a demostrarlo. Eso sí que es tener agallas, ¿eh?
Y ojo que no es solamente Doña Gabriela la que está metida en esto. Junto con ella, también recibieron sanciones otros cuatro funcionarios del INS: Carlos Gamboa, Carmen González, Gabriel Pérez y Katherine Phillips. Todos ellos involucrados en esas mismas contrataciones que armaron tanto revuelo. ¡Qué brete!, parece que hubo más gente cometiendo macanas.
¿Y de qué se trata exactamente el problema? Pues resulta que Doña Gabriela, cuando era asesora, impulsó la contratación de dos empresas para que dieran servicios de asesoría y consultoría en temas laborales. Una de ellas, DPI Legal, recibió 26.5 millones de colones, mientras que la otra, José Paulino Hernández, se llevó 16 millones. Estas contrataciones fueron hechas directamente, sin licitación pública, y eso fue lo que encendió las alarmas en la Contraloría.
Ahora, la pregunta que nos queda es: ¿Será que Doña Gabriela realmente cometió alguna irregularidad grave, o simplemente fue víctima de una cacería de brujas política? Algunos dicen que la Contraloría está tratando de mandar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, mientras que otros creen que la sanción es exagerada y desproporcionada. Lo cierto es que este caso sigue dando de qué hablar y seguramente veremos muchas vueltas aún.
Con todo esto, me pregunto: ¿Realmente crees que las sanciones administrativas son efectivas para combatir la corrupción en Costa Rica, o necesitamos medidas más drásticas? Cuéntame qué piensas tú, ¡me interesa tu opinión!
La verdad, esto ha levantado polvo en todos lados. El Gobierno de Don Rodri dice que lamenta la decisión, que no la ven tan justa, pero que van a obedecer lo que mandó la Contraloría. Claro, porque en estos asuntos hay que jugar con cuidado, ¿verdad? Uno no quiere meterse en problemas más gordos.
Según cuentan los rumores, y pa’ qué les voy a mentir, muchos en el INS estaban esperando esto. Dicen que había gente inconforme con cómo estaba manejando las cosas Doña Gabriela, y esta sanción les cayó como anillo al dedo. Pero, vamos a analizarlo bien, la señora tiene trayectoria, no anda buscando fajarse con nadie.
Pero, ¡aguántense! Que la cosa no termina ahí. Parece que Doña Gabriela no piensa rendirse fácil. Ya anunció que va a defender sus acciones en los tribunales contencioso administrativos. Dice que todo lo que hizo fue legal y que va a demostrarlo. Eso sí que es tener agallas, ¿eh?
Y ojo que no es solamente Doña Gabriela la que está metida en esto. Junto con ella, también recibieron sanciones otros cuatro funcionarios del INS: Carlos Gamboa, Carmen González, Gabriel Pérez y Katherine Phillips. Todos ellos involucrados en esas mismas contrataciones que armaron tanto revuelo. ¡Qué brete!, parece que hubo más gente cometiendo macanas.
¿Y de qué se trata exactamente el problema? Pues resulta que Doña Gabriela, cuando era asesora, impulsó la contratación de dos empresas para que dieran servicios de asesoría y consultoría en temas laborales. Una de ellas, DPI Legal, recibió 26.5 millones de colones, mientras que la otra, José Paulino Hernández, se llevó 16 millones. Estas contrataciones fueron hechas directamente, sin licitación pública, y eso fue lo que encendió las alarmas en la Contraloría.
Ahora, la pregunta que nos queda es: ¿Será que Doña Gabriela realmente cometió alguna irregularidad grave, o simplemente fue víctima de una cacería de brujas política? Algunos dicen que la Contraloría está tratando de mandar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, mientras que otros creen que la sanción es exagerada y desproporcionada. Lo cierto es que este caso sigue dando de qué hablar y seguramente veremos muchas vueltas aún.
Con todo esto, me pregunto: ¿Realmente crees que las sanciones administrativas son efectivas para combatir la corrupción en Costa Rica, o necesitamos medidas más drásticas? Cuéntame qué piensas tú, ¡me interesa tu opinión!
