¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con movidas que dan qué pensar. Resulta que la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción mandó a ponerle lupa a varios lugares, incluyendo el Banco de Costa Rica (BCR), buscando pruebas del supuesto sobreprecio de unos $92 millones en inversiones que manejó BCR-SAFI. Esto ya se puso picante, mándale.
Y ni hablar, también llegaron hasta la casa del exdiputado Humberto Vargas, del PUSC, a quien ahora tienen en la mira como posible responsable de esta vaina. Parece que se le achaca haber vendido propiedades a dos fondos inmobiliarios a precios, según dicen, infladísimos. ¡Qué torta!
Según la Fiscalía, andan buscando documentos físicos y digitales por todas partes –Costa Rica y afuera–, así como información de proyectos conectados con empresas ligadas al exdiputado. Se habla de delitos como sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública. Imagínate la bronca, ¡esto va más allá de un simple resbalón!
Lo curioso de todo esto es que, según el comunicado del BCR, ellos mismos denunciaron la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en agosto del año pasado. Al parecer, una auditoría interna descubrió cosillas raras y decidieron avisarle a la Fiscalía. ¡Quién lo diría! El banco, metiéndose en sus propios problemas. Parece que la Junta Directiva de BCR SAFI no quería quedarse con las manos vacías y tuvieron que hacer limpio.
El BCR asegura que todo está bajo control y que las operaciones normales del banco no se han visto afectadas. Dicen que los lugares donde estuvieron los oficiales no atienden al público, así que no hubo altercados con los clientes. Eso sí, aseguran que han cooperado con la investigación desde el principio, entregándole toda la información que les pidieron. Ya saben, tratando de lavarse las manos.
Pero vamos, vamos… hay que recordar que este escándalo involucra a varias personas clave dentro del BCR-SAFI: directivos, miembros del comité de inversión, gente de adquisiciones... ¡Un montón de peces gordos! En total, se investigan nueve proyectos comprados por esos fondos de inversión. Esto huele raro, chunches, muy raro. Y eso de que no afecta al público… ay, pues a ver cómo explican eso después.
Este caso ha levantado ríos de tinta y miles de preguntas. Desde la oposición ya piden cabeza, exigiendo una investigación transparente y sanciones ejemplares para los responsables. Por otro lado, algunos analistas señalan que es importante esperar a que avance la investigación antes de emitir juicios precipitados. Como dice mi abu, “apúrate despacio”. Pero claro, la ciudadanía está harta de corrupción y quiere respuestas YA, diay.
En fin, el caso BCR-SAFI sigue abierto y promete dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Ahora me pregunto, ¿cree usted que las instituciones financieras en Costa Rica tienen mecanismos suficientes para prevenir y detectar este tipo de prácticas corruptas, o necesitamos reformas urgentes para proteger los recursos públicos?
Y ni hablar, también llegaron hasta la casa del exdiputado Humberto Vargas, del PUSC, a quien ahora tienen en la mira como posible responsable de esta vaina. Parece que se le achaca haber vendido propiedades a dos fondos inmobiliarios a precios, según dicen, infladísimos. ¡Qué torta!
Según la Fiscalía, andan buscando documentos físicos y digitales por todas partes –Costa Rica y afuera–, así como información de proyectos conectados con empresas ligadas al exdiputado. Se habla de delitos como sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública. Imagínate la bronca, ¡esto va más allá de un simple resbalón!
Lo curioso de todo esto es que, según el comunicado del BCR, ellos mismos denunciaron la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en agosto del año pasado. Al parecer, una auditoría interna descubrió cosillas raras y decidieron avisarle a la Fiscalía. ¡Quién lo diría! El banco, metiéndose en sus propios problemas. Parece que la Junta Directiva de BCR SAFI no quería quedarse con las manos vacías y tuvieron que hacer limpio.
El BCR asegura que todo está bajo control y que las operaciones normales del banco no se han visto afectadas. Dicen que los lugares donde estuvieron los oficiales no atienden al público, así que no hubo altercados con los clientes. Eso sí, aseguran que han cooperado con la investigación desde el principio, entregándole toda la información que les pidieron. Ya saben, tratando de lavarse las manos.
Pero vamos, vamos… hay que recordar que este escándalo involucra a varias personas clave dentro del BCR-SAFI: directivos, miembros del comité de inversión, gente de adquisiciones... ¡Un montón de peces gordos! En total, se investigan nueve proyectos comprados por esos fondos de inversión. Esto huele raro, chunches, muy raro. Y eso de que no afecta al público… ay, pues a ver cómo explican eso después.
Este caso ha levantado ríos de tinta y miles de preguntas. Desde la oposición ya piden cabeza, exigiendo una investigación transparente y sanciones ejemplares para los responsables. Por otro lado, algunos analistas señalan que es importante esperar a que avance la investigación antes de emitir juicios precipitados. Como dice mi abu, “apúrate despacio”. Pero claro, la ciudadanía está harta de corrupción y quiere respuestas YA, diay.
En fin, el caso BCR-SAFI sigue abierto y promete dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Ahora me pregunto, ¿cree usted que las instituciones financieras en Costa Rica tienen mecanismos suficientes para prevenir y detectar este tipo de prácticas corruptas, o necesitamos reformas urgentes para proteger los recursos públicos?
