¡Aguante! La bomba explotó ayer por la tarde. Un informe internacional, cortesía de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), nos puso en el mapa… pero no precisamente por las razones correctas. Parece que Costa Rica figura entre los 22 países peores calificados en cuanto a crimen organizado, y pa’ colmo, el reporte implica al mismísimo Presidente Chaves en un supuesto caso de soborno. ¡Tremenda vara!
El estudio, que analizó el panorama global de la delincuencia organizada, no entra en detalles específicos, pero deja caer insinuaciones fuertes sobre el rol del Presidente en un presunto acto de corrupción, vinculándolo indirectamente con figuras políticas locales y, encima, con el tráfico de drogas. ¡Esto se va poniendo chinchorreo! Según el informe, la investigación en curso sobre las acusaciones de soborno, específicamente relacionadas con el caso BCIE-Cariñitos, pone de manifiesto las fisuras en nuestra gobernabilidad. Entre más se investiga, parece que el brete es más profundo.
Recordemos que el caso BCIE-Cariñitos señala a Chaves de haber solicitado favores económicos a Christian Bulgarelli para su amigo Federico Cruz (alias Choreco), a cambio de favorecerle con un contrato millonario para una campaña de imagen de la Presidencia. Ese contrato, vamos, ya era motivo suficiente para levantar cejas, pero ahora con este informe, la cosa huele a trampa, diay. No me extraña que el mundo mire con lupa nuestro pedacito de tierra, porque las cosas andan chungas.
Pero no es solo el Presidente quien sale malparado. El informe también apunta a vínculos sospechosos entre alcaldes, diputados y organizaciones criminales. ¡Imagínate la torta! No se especifican nombres propios, pero sí se alerta sobre la complicidad de ciertos funcionarios públicos con el hampa. Esto, sumado a las críticas constantes sobre el proyecto de ley Jaguar, que intentaría limitar la capacidad de la Contraloría, pinta feo, muy feo. Claramente, hay gente tratando de tapar el sol con la mano.
Y como si fuera poco, el informe destaca la disputa constante entre los tres poderes del Estado – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – cada uno culpándose mutuamente por el aumento de la delincuencia. Una verdadera bronca de niños ricos, mientras la inseguridad nos come vivo. El Presidente, fiel a su estilo, ha criticado duramente al Poder Judicial y al Congreso, pero, honestamente, ¿qué tan efectivas han sido sus propias medidas? ¡Que alguien le explique eso!
A pesar de los esfuerzos declarados para combatir el crimen organizado, el informe señala que Costa Rica aún carece de herramientas cruciales, como una ley de decomiso similar a la de Panamá y Colombia. Esa ley permitiría incautar bienes provenientes de actividades ilegales, golpeando directamente a las finanzas de las bandas criminales. Además, preocupa la escasez de recursos y personal en la Policía Nacional, quienes se ven abrumados por la creciente ola de violencia, especialmente en zonas como Puntarenas. ¡Pobre Fuerza Pública, siempre dando la cara!
Claro que no todo es negro. El informe reconoce algunos avances, como la cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea en materia de seguridad, la implementación de estrategias nacionales, y la presencia de la UNODC para colaborar en la seguridad fronteriza. También destacan nuestros tratados de extradición con varios países de la región. Pero, seamos sinceros, todo eso queda opacado por las acusaciones de corrupción y los vínculos con el crimen organizado. Es como querer arreglar un techo con agujeros mientras la casa se está hundiendo.
En fin, este informe nos pone frente al espejo y nos obliga a reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como país. La corrupción, la impunidad y la polarización política están erosionando nuestras instituciones y debilitando nuestra democracia. ¿Será que estamos condenados a repetir patrones del pasado, o lograremos levantarnos y construir un futuro más justo y seguro para todos los ticos? Dígame usted, ¿cree que este informe es solo un espaldarazo más o representa un punto de inflexión para tomar acciones contundentes contra la corrupción y el crimen?
El estudio, que analizó el panorama global de la delincuencia organizada, no entra en detalles específicos, pero deja caer insinuaciones fuertes sobre el rol del Presidente en un presunto acto de corrupción, vinculándolo indirectamente con figuras políticas locales y, encima, con el tráfico de drogas. ¡Esto se va poniendo chinchorreo! Según el informe, la investigación en curso sobre las acusaciones de soborno, específicamente relacionadas con el caso BCIE-Cariñitos, pone de manifiesto las fisuras en nuestra gobernabilidad. Entre más se investiga, parece que el brete es más profundo.
Recordemos que el caso BCIE-Cariñitos señala a Chaves de haber solicitado favores económicos a Christian Bulgarelli para su amigo Federico Cruz (alias Choreco), a cambio de favorecerle con un contrato millonario para una campaña de imagen de la Presidencia. Ese contrato, vamos, ya era motivo suficiente para levantar cejas, pero ahora con este informe, la cosa huele a trampa, diay. No me extraña que el mundo mire con lupa nuestro pedacito de tierra, porque las cosas andan chungas.
Pero no es solo el Presidente quien sale malparado. El informe también apunta a vínculos sospechosos entre alcaldes, diputados y organizaciones criminales. ¡Imagínate la torta! No se especifican nombres propios, pero sí se alerta sobre la complicidad de ciertos funcionarios públicos con el hampa. Esto, sumado a las críticas constantes sobre el proyecto de ley Jaguar, que intentaría limitar la capacidad de la Contraloría, pinta feo, muy feo. Claramente, hay gente tratando de tapar el sol con la mano.
Y como si fuera poco, el informe destaca la disputa constante entre los tres poderes del Estado – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – cada uno culpándose mutuamente por el aumento de la delincuencia. Una verdadera bronca de niños ricos, mientras la inseguridad nos come vivo. El Presidente, fiel a su estilo, ha criticado duramente al Poder Judicial y al Congreso, pero, honestamente, ¿qué tan efectivas han sido sus propias medidas? ¡Que alguien le explique eso!
A pesar de los esfuerzos declarados para combatir el crimen organizado, el informe señala que Costa Rica aún carece de herramientas cruciales, como una ley de decomiso similar a la de Panamá y Colombia. Esa ley permitiría incautar bienes provenientes de actividades ilegales, golpeando directamente a las finanzas de las bandas criminales. Además, preocupa la escasez de recursos y personal en la Policía Nacional, quienes se ven abrumados por la creciente ola de violencia, especialmente en zonas como Puntarenas. ¡Pobre Fuerza Pública, siempre dando la cara!
Claro que no todo es negro. El informe reconoce algunos avances, como la cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea en materia de seguridad, la implementación de estrategias nacionales, y la presencia de la UNODC para colaborar en la seguridad fronteriza. También destacan nuestros tratados de extradición con varios países de la región. Pero, seamos sinceros, todo eso queda opacado por las acusaciones de corrupción y los vínculos con el crimen organizado. Es como querer arreglar un techo con agujeros mientras la casa se está hundiendo.
En fin, este informe nos pone frente al espejo y nos obliga a reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como país. La corrupción, la impunidad y la polarización política están erosionando nuestras instituciones y debilitando nuestra democracia. ¿Será que estamos condenados a repetir patrones del pasado, o lograremos levantarnos y construir un futuro más justo y seguro para todos los ticos? Dígame usted, ¿cree que este informe es solo un espaldarazo más o representa un punto de inflexión para tomar acciones contundentes contra la corrupción y el crimen?
