Bueno, pues ahí va la jugada. Después de un trajín que ni cuento con mociones, mocioncitos y bla, bla, bla, los diputados decidieron echarle freno al tema de las jornadas excepcionales de 12 horas. Resulta que aprobaron unas consultas obligatorias –sí, como si no tuviéramos cosas más urgentes que resolver en este país– que prácticamente paralizan el expediente por un par de semanas. ¡Qué despiche!
Todo empezó con el proyecto de jornadas 4-3, una idea que prometía chambear cuatro días y descansar tres. Pero la realidad es que se ha convertido en un laberinto de mociones, donde la diputada de Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, parece tener el control remoto. Hasta ahora, de las 2.564 mociones presentadas, apenas han aprobado cinco, y todas cortesía del PLN. ¡Un power tremendo!
Ahora mismo, el expediente 24.290 está en pausa indefinida. Se supone que vuelve a discutirse el lunes 17 de noviembre, pero ya saben cómo andan las cosas por acá. Podría haber otra sorpresa, otro giro inesperado… Uno nunca sabe qué puede pasar en la Asamblea Legislativa. ¡Es un brete constante!
Estas consultas, dicen, son para “escuchar” al Inamu, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud y a las organizaciones de personas con discapacidad. Suena lindo en papel, pero muchos sospechan que es solo una forma de ganar tiempo y evitar tomar decisiones difíciles. Al fin y al cabo, las elecciones están cerca y nadie quiere meter la pata en un tema tan sensible como el laboral.
Pero vamos por partes. Primero, se aprobó la moción que permitía que las empresas decidan por votación si sus empleados aceptan las jornadas de 12 horas. Eso causó revuelo porque parecía que se estaba dejando todo en manos de los patrones. Luego, sacaron las labores agropecuarias y de construcción de la ecuación, alegando que esos sectores tienen necesidades especiales. ¡Bien ahí! Menos presión para el campesino y el obrero de la construcción.
Y luego vinieron las mociones de la diputada Ruiz, que fueron las que realmente complicaron la cosa. Una propone un plan piloto para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, inspirado en países del ‘primer mundo’. Suena ambicioso, pero ojalá funcione. La otra busca garantizar que las personas refugiadas, con problemas de salud mental o con discapacidades tengan derecho a ajustar sus horarios y recibir un salario acorde a las horas trabajadas. Eso sí que es justo, diay.
Además, para poder acceder a estas jornadas de 12 horas, ahora se requiere un estudio técnico integral que evalúe el impacto psicosocial, de género, de salud mental y la conciliación entre el trabajo y la vida personal. En teoría, se involucrarían el Ministerio de Trabajo, el Inamu y el Ministerio de Salud en la elaboración de estos estudios. ¡Uno esperaría que esto evite algunos desastres laborales! Que no nos vengan con perrengues a cuenta de querer producir más rápido.
En resumen, el tema de las jornadas excepcionales sigue siendo una vara caliente. Demasiadas vueltas, demasiados intereses, demasiadas promesas incumplidas. ¿Será que algún día lograremos encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de los trabajadores? Si yo tuviera la respuesta, me iba a comprar una isla privada. Compas, díganme ustedes: ¿cren que todo este lío terminará beneficiando realmente a los trabajadores costarricenses o solo es humo para quedar bien en las encuestas?
Todo empezó con el proyecto de jornadas 4-3, una idea que prometía chambear cuatro días y descansar tres. Pero la realidad es que se ha convertido en un laberinto de mociones, donde la diputada de Liberación Nacional, Montserrat Ruiz, parece tener el control remoto. Hasta ahora, de las 2.564 mociones presentadas, apenas han aprobado cinco, y todas cortesía del PLN. ¡Un power tremendo!
Ahora mismo, el expediente 24.290 está en pausa indefinida. Se supone que vuelve a discutirse el lunes 17 de noviembre, pero ya saben cómo andan las cosas por acá. Podría haber otra sorpresa, otro giro inesperado… Uno nunca sabe qué puede pasar en la Asamblea Legislativa. ¡Es un brete constante!
Estas consultas, dicen, son para “escuchar” al Inamu, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud y a las organizaciones de personas con discapacidad. Suena lindo en papel, pero muchos sospechan que es solo una forma de ganar tiempo y evitar tomar decisiones difíciles. Al fin y al cabo, las elecciones están cerca y nadie quiere meter la pata en un tema tan sensible como el laboral.
Pero vamos por partes. Primero, se aprobó la moción que permitía que las empresas decidan por votación si sus empleados aceptan las jornadas de 12 horas. Eso causó revuelo porque parecía que se estaba dejando todo en manos de los patrones. Luego, sacaron las labores agropecuarias y de construcción de la ecuación, alegando que esos sectores tienen necesidades especiales. ¡Bien ahí! Menos presión para el campesino y el obrero de la construcción.
Y luego vinieron las mociones de la diputada Ruiz, que fueron las que realmente complicaron la cosa. Una propone un plan piloto para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, inspirado en países del ‘primer mundo’. Suena ambicioso, pero ojalá funcione. La otra busca garantizar que las personas refugiadas, con problemas de salud mental o con discapacidades tengan derecho a ajustar sus horarios y recibir un salario acorde a las horas trabajadas. Eso sí que es justo, diay.
Además, para poder acceder a estas jornadas de 12 horas, ahora se requiere un estudio técnico integral que evalúe el impacto psicosocial, de género, de salud mental y la conciliación entre el trabajo y la vida personal. En teoría, se involucrarían el Ministerio de Trabajo, el Inamu y el Ministerio de Salud en la elaboración de estos estudios. ¡Uno esperaría que esto evite algunos desastres laborales! Que no nos vengan con perrengues a cuenta de querer producir más rápido.
En resumen, el tema de las jornadas excepcionales sigue siendo una vara caliente. Demasiadas vueltas, demasiados intereses, demasiadas promesas incumplidas. ¿Será que algún día lograremos encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar de los trabajadores? Si yo tuviera la respuesta, me iba a comprar una isla privada. Compas, díganme ustedes: ¿cren que todo este lío terminará beneficiando realmente a los trabajadores costarricenses o solo es humo para quedar bien en las encuestas?
