¡Pura vida, compas! Aquí les va la nota que está dando qué hablar por to’los lados. Resulta que la Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia ha abierto una investigación preliminar contra la jueza María José Solano Acuña, de Hatillo, precisamente por dejarle ir caminando a un sujeto que andaba metido en un buen brete con unos kilos de cocaína. Este señor, además, ¡logró chambear! Y eso parece que no le gustó mucho a la Fiscalía.
La jugada empezó en marzo pasado, cuando este personaje extranjero, junto con otros compinches – Maxwell Jean Carlos Ruiz Palacios y Johnny Rolando Herrera Valverde, por decirles a alguien – estaban buscando hacer negocios turbios: comprar, guardar, llevar y vender cocaína aquí en Costa Rica, todo bien organizado, dicen. Un plan macabro pa’ hacer plata fácil, imagínense.
Luego, en marzo también, capturaron a estos señores mientras trasladaban paquetes llenos de la blanca dentro de un Toyota Rush con una ‘galleta’, esos compartimentos secretos que usan los pesos pesados pa’ esconder la mercancía. Se estima que movieron varios miles de dólares en billetes verdes a cambio de la droga, todo orquestado con un policía encubierto de la Policía de Control de Drogas. Una operación bien planeada, ¿eh?
Pero llegó la sorpresa: la jueza, después de escuchar a los abogados del extranjero argumentando que había conseguido empleo, decidió cambiarle la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, sin ponerle tobillera electrónica. ¡Imagínense el relajo! Esto levantó ampollas en la Fiscalía, que inmediatamente apeló, alegando que el tipo era peligroso y podía fugarse o seguir haciendo fechorías.
Ante nuestra insistencia, buscando saber qué pensaba la jueza de todo este asunto, la oficina de prensa de la Corte nos mandó un mensaje cortito y evasivo: “Nos indica la jueza que conforme al numeral 295 del Código Procesal Penal y la Ley Marco de Acceso a la Información, el proceso penal es privado a terceros”. ¡Dígame usted! Como si nadie tuviera derecho a preguntar cómo se toman estas decisiones que afectan la seguridad pública, diay.
Y ojo, porque la investigación de este caso contó con la ayuda de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Eso demuestra que esto no es broma y que hay intereses muy fuertes detrás de todo este negocio sucio. Parece que la cosa anduvo así durante meses, y ahora la jueza está en la mira de sus propios colegas, enfrentando esta investigación preliminar por haber tomado esa decisión tan polémica. ¡Qué torta!
Ahora, la Fiscalia buscará determinar si hubo alguna irregularidad en la decisión de la juez, o si simplemente estaba aplicando la ley como la entendió ella. Lo cierto es que este caso ha reavivado el debate sobre la indulgencia que a veces muestran los jueces con los delitos relacionados con el narcotráfico, generando incertidumbre entre la población sobre cómo se combatiendo el crimen organizado en nuestro país. ¿Será posible que el sistema judicial esté dejando pasar gente peligrosa por viejas artimañas?
Bueno, compas, la cosa está que arde. Esta jueza ahora tiene la lupa encima, y la ciudadanía exige respuestas. ¿Ustedes creen que la jueza cometió un error al dejarle ir a este tipo o se actuó correctamente dentro del marco legal? ¿Deberían endurecer las medidas cautelares para los sospechosos de narcotráfico, aunque tengan trabajo?
La jugada empezó en marzo pasado, cuando este personaje extranjero, junto con otros compinches – Maxwell Jean Carlos Ruiz Palacios y Johnny Rolando Herrera Valverde, por decirles a alguien – estaban buscando hacer negocios turbios: comprar, guardar, llevar y vender cocaína aquí en Costa Rica, todo bien organizado, dicen. Un plan macabro pa’ hacer plata fácil, imagínense.
Luego, en marzo también, capturaron a estos señores mientras trasladaban paquetes llenos de la blanca dentro de un Toyota Rush con una ‘galleta’, esos compartimentos secretos que usan los pesos pesados pa’ esconder la mercancía. Se estima que movieron varios miles de dólares en billetes verdes a cambio de la droga, todo orquestado con un policía encubierto de la Policía de Control de Drogas. Una operación bien planeada, ¿eh?
Pero llegó la sorpresa: la jueza, después de escuchar a los abogados del extranjero argumentando que había conseguido empleo, decidió cambiarle la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario, sin ponerle tobillera electrónica. ¡Imagínense el relajo! Esto levantó ampollas en la Fiscalía, que inmediatamente apeló, alegando que el tipo era peligroso y podía fugarse o seguir haciendo fechorías.
Ante nuestra insistencia, buscando saber qué pensaba la jueza de todo este asunto, la oficina de prensa de la Corte nos mandó un mensaje cortito y evasivo: “Nos indica la jueza que conforme al numeral 295 del Código Procesal Penal y la Ley Marco de Acceso a la Información, el proceso penal es privado a terceros”. ¡Dígame usted! Como si nadie tuviera derecho a preguntar cómo se toman estas decisiones que afectan la seguridad pública, diay.
Y ojo, porque la investigación de este caso contó con la ayuda de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Eso demuestra que esto no es broma y que hay intereses muy fuertes detrás de todo este negocio sucio. Parece que la cosa anduvo así durante meses, y ahora la jueza está en la mira de sus propios colegas, enfrentando esta investigación preliminar por haber tomado esa decisión tan polémica. ¡Qué torta!
Ahora, la Fiscalia buscará determinar si hubo alguna irregularidad en la decisión de la juez, o si simplemente estaba aplicando la ley como la entendió ella. Lo cierto es que este caso ha reavivado el debate sobre la indulgencia que a veces muestran los jueces con los delitos relacionados con el narcotráfico, generando incertidumbre entre la población sobre cómo se combatiendo el crimen organizado en nuestro país. ¿Será posible que el sistema judicial esté dejando pasar gente peligrosa por viejas artimañas?
Bueno, compas, la cosa está que arde. Esta jueza ahora tiene la lupa encima, y la ciudadanía exige respuestas. ¿Ustedes creen que la jueza cometió un error al dejarle ir a este tipo o se actuó correctamente dentro del marco legal? ¿Deberían endurecer las medidas cautelares para los sospechosos de narcotráfico, aunque tengan trabajo?
