¡Ay, Dios mío! Esto se puso feísimo para el Banco de Costa Rica (BCR). Resulta que intentaron detener, a última hora, el traspaso de unos $70 millones a un fondo inmobiliario envuelto en un lío que viene de 2020, pero el Tribunal Contencioso Administrativo les dijo ‘¡no pueden, muchachos!’ Parece que no les quedó otra opción que aceptar la jugada.
Todo este circo comenzó porque BCR SAFI – la filial del banco dedicada a inversiones – compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), allá en Puntarenas, por esa cifra redonda hace cuatro años. Al principio, todo bien, pero luego salió a luz que la verdadera cotización de ese parque industrial era bastante menor, alrededor de $34.7 millones. Ahí empezaron los malos rollos y las investigaciones para ver si hubo algún amaño para favorecer al vendedor, que al parecer estaría conectado con un ex diputado socialcristiano llamado Humberto Vargas. ¡Un brete!
Tanto Sugeval (la Superintendencia General de Valores) como el Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) han levantado la ceja, argumentando que ya se causó daño a los inversionistas por esta compra cuestionada. Así que mandaron a mover esos $70 millones para proteger el fondo y resarcir a la gente que invirtió su plata. Vamos, recuperar lo que se pudo para que los socios no se queden con las manos vacías. ¡Esto es pa’ sacarle canas verdes!
Al parecer, el BCR primero intentó evadir este pago presentando una apelación al Conassif, pero también se comieron el polvo. El Consejo les dio la razón a Sugeval, cerrando así la puerta a cualquier recurso administrativo. Era como querer llevar agua con jarro; simplemente, no había salida.
Entonces, desesperado, el BCR decidió ir a la justicia ordinaria, buscando revocar la decisión. Pero ahí también recibieron una bofetada mediática. El Tribunal Contencioso Administrativo ratificó la orden de Sugeval, dejando claro que la cosa está clara y que tienen que cumplir con lo que les dijeron. Qué papelón, ¡pura chincha!
Rodrigo Carazo, quien representa al grupo de inversionistas afectados, no tardó en expresar su satisfacción con esta resolución. “Me siento muy contento con esta tajante decisión,” comentó. Agregó, con justa razón, que “cada día que pasa desmerece el valor de lo depositado por los ahorrantes y a la postre le va a costar más al Banco”. Y vaya que tiene razón, porque los costos legales y de imagen se acumulan a diario. ¡Este caso es una vara alta de cómo no se deben manejar los dineros de los costarricenses!
Carazo también lanzó una indirecta directa a aquellos funcionarios que, según él, “patean la bola para adelante” esperando que el problema se solucione solo. Quiso decir que algunos todavía creen que van a seguir cobrando sus dietas y quincenas mientras los inversionistas sufren las consecuencias de estas malas decisiones. ¡Verdadera carga!
Nos comunicamos con el BCR para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Mientras tanto, la incertidumbre sigue rondando, y los inversionistas esperan que el banco cumpla con la orden de Sugeval lo antes posible. ¿Creen ustedes que el BCR debería ofrecer una disculpa pública por este percance, o simplemente esperar a que todo quede atrás?
Todo este circo comenzó porque BCR SAFI – la filial del banco dedicada a inversiones – compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), allá en Puntarenas, por esa cifra redonda hace cuatro años. Al principio, todo bien, pero luego salió a luz que la verdadera cotización de ese parque industrial era bastante menor, alrededor de $34.7 millones. Ahí empezaron los malos rollos y las investigaciones para ver si hubo algún amaño para favorecer al vendedor, que al parecer estaría conectado con un ex diputado socialcristiano llamado Humberto Vargas. ¡Un brete!
Tanto Sugeval (la Superintendencia General de Valores) como el Conassif (Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero) han levantado la ceja, argumentando que ya se causó daño a los inversionistas por esta compra cuestionada. Así que mandaron a mover esos $70 millones para proteger el fondo y resarcir a la gente que invirtió su plata. Vamos, recuperar lo que se pudo para que los socios no se queden con las manos vacías. ¡Esto es pa’ sacarle canas verdes!
Al parecer, el BCR primero intentó evadir este pago presentando una apelación al Conassif, pero también se comieron el polvo. El Consejo les dio la razón a Sugeval, cerrando así la puerta a cualquier recurso administrativo. Era como querer llevar agua con jarro; simplemente, no había salida.
Entonces, desesperado, el BCR decidió ir a la justicia ordinaria, buscando revocar la decisión. Pero ahí también recibieron una bofetada mediática. El Tribunal Contencioso Administrativo ratificó la orden de Sugeval, dejando claro que la cosa está clara y que tienen que cumplir con lo que les dijeron. Qué papelón, ¡pura chincha!
Rodrigo Carazo, quien representa al grupo de inversionistas afectados, no tardó en expresar su satisfacción con esta resolución. “Me siento muy contento con esta tajante decisión,” comentó. Agregó, con justa razón, que “cada día que pasa desmerece el valor de lo depositado por los ahorrantes y a la postre le va a costar más al Banco”. Y vaya que tiene razón, porque los costos legales y de imagen se acumulan a diario. ¡Este caso es una vara alta de cómo no se deben manejar los dineros de los costarricenses!
Carazo también lanzó una indirecta directa a aquellos funcionarios que, según él, “patean la bola para adelante” esperando que el problema se solucione solo. Quiso decir que algunos todavía creen que van a seguir cobrando sus dietas y quincenas mientras los inversionistas sufren las consecuencias de estas malas decisiones. ¡Verdadera carga!
Nos comunicamos con el BCR para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento, no hemos recibido respuesta. Mientras tanto, la incertidumbre sigue rondando, y los inversionistas esperan que el banco cumpla con la orden de Sugeval lo antes posible. ¿Creen ustedes que el BCR debería ofrecer una disculpa pública por este percance, o simplemente esperar a que todo quede atrás?
