¡Ay, Dios mío! La cosa está que arde allá en El Salvador. Resulta que el gobierno de Nayib Bukele, con su mano dura contra las pandillas, acaba de extender por trigésima cuarta vez el famoso régimen de excepción. ¡Trigésima cuarta, mándale! Ya ni sabemos cuántas veces lo han alargado, pero sí sabemos que lleva más de 89 mil personas metidas en la cárcel. ¡Una locura!
Para ponerle un poquito de contexto, esta movida empezó a raíz de esos asesinatos terribles de finales de 2022, como cincuenta y pico de personas en un fin de semana. Eso puso a todos en alerta roja y Bukele sacó el decreto de inmediato. La idea era limpiar el país de maleantes y bajar la delincuencia a toda marcha, y según dicen ellos, lo han logrado. Las estadísticas de homicidios han bajado considerablemente, eso nadie lo puede negar.
Pero claro, ahí viene el problema. Con tanta prisa por atrapar pandilleros, parece que se han equivocado bastante. Según organizaciones de derechos humanos, ya van más de seis mil personas detenidas injustamente, gente que terminó siendo liberada, pero que aun así, todavía tienen procesos judiciales abiertos. ¡Imagínate la bronca que se agarraron!
Además, las denuncias de tortura y tratos inhumanos se dispararon. Dicen que hay más de cuatrocientos muertos en celdas, muchos de ellos con señales de violencia. No es precisamente el panorama que uno quisiera ver cuando se habla de seguridad ciudadana. Parece que en la búsqueda de un país seguro, se están pisoteando derechos básicos que nos corresponden a todos.
El decreto ahora extiende por otras treinta días la suspensión de derechos fundamentales, como la defensa legal de los acusados, la inviolabilidad de las comunicaciones y hasta la duración de las detenciones preventivas. Esto significa que los sospechosos pueden estar presos por mucho más tiempo sin poder presentar pruebas ni tener contacto con sus abogados. ¡Qué nivel de restricción! Más aún, argumentan que la amenaza de las pandillas persiste, y necesitan estas herramientas extremas para mantener a raya a los criminales, según dice el decreto que mandaron a la asamblea legislativa.
Ahora bien, los defensores del gobierno sostienen que estas medidas son necesarias para mantener la paz y combatir el crimen organizado. Argumentan que las pandillas siguen comunicándose entre ellas desde dentro de las cárceles, organizando actividades ilícitas. Por otro lado, los críticos afirman que Bukele está usando el miedo a la inseguridad para mantenerse en el poder, consolidando su autoridad a costa de la libertad individual. ¡Un brete el que tienen por allá!
Y ojo, que esto coincide con la reelección de Bukele, a pesar de que la constitución lo prohíbe. Eso demuestra, si es que acaso hacía falta demostrarlo, que el hombre tiene agarrado el control del gallito. Todo esto ha generado mucha controversia internacional y ha puesto a El Salvador en el radar de organizaciones de derechos humanos y gobiernos preocupados por el respeto a las libertades civiles. Algunos países están evaluando si sancionar a funcionarios salvadoreños por las violaciones a los derechos humanos que se están denunciando.
En fin, la situación en El Salvador es compleja y da mucho que pensar. Se logró disminuir la delincuencia, pero a qué precio realmente? ¿Es justificable sacrificar derechos fundamentales en nombre de la seguridad? ¿Estamos dispuestos a aceptar una sociedad donde se suspenden garantías legales para mantener el orden? ¡Dime tú, compañero, qué piensas de todo esto! Comentemos abajo.
Para ponerle un poquito de contexto, esta movida empezó a raíz de esos asesinatos terribles de finales de 2022, como cincuenta y pico de personas en un fin de semana. Eso puso a todos en alerta roja y Bukele sacó el decreto de inmediato. La idea era limpiar el país de maleantes y bajar la delincuencia a toda marcha, y según dicen ellos, lo han logrado. Las estadísticas de homicidios han bajado considerablemente, eso nadie lo puede negar.
Pero claro, ahí viene el problema. Con tanta prisa por atrapar pandilleros, parece que se han equivocado bastante. Según organizaciones de derechos humanos, ya van más de seis mil personas detenidas injustamente, gente que terminó siendo liberada, pero que aun así, todavía tienen procesos judiciales abiertos. ¡Imagínate la bronca que se agarraron!
Además, las denuncias de tortura y tratos inhumanos se dispararon. Dicen que hay más de cuatrocientos muertos en celdas, muchos de ellos con señales de violencia. No es precisamente el panorama que uno quisiera ver cuando se habla de seguridad ciudadana. Parece que en la búsqueda de un país seguro, se están pisoteando derechos básicos que nos corresponden a todos.
El decreto ahora extiende por otras treinta días la suspensión de derechos fundamentales, como la defensa legal de los acusados, la inviolabilidad de las comunicaciones y hasta la duración de las detenciones preventivas. Esto significa que los sospechosos pueden estar presos por mucho más tiempo sin poder presentar pruebas ni tener contacto con sus abogados. ¡Qué nivel de restricción! Más aún, argumentan que la amenaza de las pandillas persiste, y necesitan estas herramientas extremas para mantener a raya a los criminales, según dice el decreto que mandaron a la asamblea legislativa.
Ahora bien, los defensores del gobierno sostienen que estas medidas son necesarias para mantener la paz y combatir el crimen organizado. Argumentan que las pandillas siguen comunicándose entre ellas desde dentro de las cárceles, organizando actividades ilícitas. Por otro lado, los críticos afirman que Bukele está usando el miedo a la inseguridad para mantenerse en el poder, consolidando su autoridad a costa de la libertad individual. ¡Un brete el que tienen por allá!
Y ojo, que esto coincide con la reelección de Bukele, a pesar de que la constitución lo prohíbe. Eso demuestra, si es que acaso hacía falta demostrarlo, que el hombre tiene agarrado el control del gallito. Todo esto ha generado mucha controversia internacional y ha puesto a El Salvador en el radar de organizaciones de derechos humanos y gobiernos preocupados por el respeto a las libertades civiles. Algunos países están evaluando si sancionar a funcionarios salvadoreños por las violaciones a los derechos humanos que se están denunciando.
En fin, la situación en El Salvador es compleja y da mucho que pensar. Se logró disminuir la delincuencia, pero a qué precio realmente? ¿Es justificable sacrificar derechos fundamentales en nombre de la seguridad? ¿Estamos dispuestos a aceptar una sociedad donde se suspenden garantías legales para mantener el orden? ¡Dime tú, compañero, qué piensas de todo esto! Comentemos abajo.